CNNMEXICO
Un migrante hondureño fue sentenciado a 44 años de cárcel por el asesinato de una comerciante en la ciudad de Saltillo, Coahuila, tras un proceso judicial en el que organismos internacionales ha acusado tortura en contra del acusado.
La Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia A.C., informó sobre la sentencia emitida el pasado lunes en contra del ciudadano hondureño Reyes Gustavo Ardón Alfaro, por el homicidio de Perla Judith Quintero.
El crimen ocurrió en septiembre de 2009. La mujer comerciante murió víctima de un ataque con arma blanca del que se acusó al migrante, quien trabajaba como albañil en esa ciudad del norteño estado de Coahuila.
Según la Casa del Migrante, el proceso ha sido "viciado" y "carente de fundamento legal". Además las autoridades hab obtenido la confesión de Gustavo Ardón bajo tortura, de acuerdo con éste y otros organismos internacionales interesados en el caso.
La Federación Internacional para la Abolición contra la Tortura ACAT, la Comisión Internacional Contra la Tortura y Amnistía Internacional Sección Londres dictaminaron la existencia de tortura contra el hondureño.
Además, se enumeran otras "inconsistencias" del proceso judicial, colocando bajo la lupa la actuación del juez Adrián González, quien dictó la sentencia condenatoria sobre este caso que sacudió Saltillo por la extrema violencia con la que ocurrió.
La Casa del Migrante asegura que la sentencia "deja en la impunidad a los verdaderos responsables" de la muerte de Perla Judith Quintero y "fabrica" un culpable para cerrar el caso.
"El procedimiento de careo que reveló inconsistencias y contradicciones no sólo con la única testigo acusadora, sino con las autoridades que lo detienen, ponen en seria tela de juicio a todos y cada uno de los argumentos condenatorios, quienes quedan totalmente excluidos del expediente final que dictamina una sentencia de 44 años", dice el comunicado.
Entre las supuestas anomalías del caso, se establece que el juez emitió el aviso consular "a destiempo" y suplantando el papel del Ministerio Público, privando al acusado de un “debido proceso” y violando el Artículo 36 de la convención de Viena.
El juez —afirma la organización— negó la existencia de tortura sin haber estado presente en las audiencias, con lo cual habría faltado a su obligación constitucional de acudir a éstas y al desahogo de pruebas.
Además, "violó el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la tortura".
Se le señala de hacer caso omiso a las versiones de testigos que coinciden con una segunda declaración emitida por el acusado, y se hace notar el hecho de que el Ministerio Público no pudo comprobar el delito de robo como el móvil del homicidio.
Además de algunas contradicciones en la forma en la que pudo ocurrir el crimen, la sentencia se basa también en la versión de una testigo presencial que "nunca dijo haber visto al Sr. Reyes Gustavo someter y matar a la victima".
Por último se informa que "a pesar de ser citado en seis ocasiones, el médico forense nunca se presentó al juicio y aun así, su dictamen fue tomado como probatorio".
La Casa del Migrante informó que ya interpuso una denuncia en contra de agentes ministeriales de Saltillo por tortura en contra del hondureño y que apelará la sentencia contra Reyes Ardón Alfaro.
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