martes, 16 de agosto de 2011

Los políticos "tendrán que pagarlas" si pasan la Ley de Seguridad: Sicilia

CNNMEXICO


CIUDAD DE MÉXICO— Los políticos que apoyan la Ley de Seguridad Nacional "tendrán que pagarlas" si la iniciativa es aprobada en el Congreso de la Unión, advirtió el poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, formado por un grupo de ciudadanos y organizaciones que protestan contra la violencia que se vive en México.

Un día después de encabezar una marcha contra el proyecto de ley —elaborado por el gobierno del presidente Felipe Calderón y respaldado por grupos de legisladores—, el escritor señaló en entrevista que espera que el diálogo del movimiento con el Congreso sirva para "que verdaderamente hagamos otra ley", una "cuya raíz no sea la seguridad nacional, sino la seguridad ciudadana y humana".

Aunque el movimiento aún no sabe exactamente qué medidas tomará en protesta en caso de que la propuesta pase, Sicilia estima que habrá consecuencias.


"Hay muchos grupos que están opuestos a eso (la ley), nosotros estamos buscando la salida dialogada, la salida correcta, la salida de la reflexión y del convencimiento. Si (los legisladores) no la aceptan, tendrán que pagarlas en las elecciones, pagarlas en movilizaciones, pagarlas en muchas cosas", dijo.

"No es un asunto nada más del movimiento; es la expresión de una gran parte de la sociedad que no quiere eso", agregó.

Los integrantes del movimiento se oponen a la Ley de Seguridad Nacional porque consideran que, bajo el pretexto de la lucha contra la delincuencia, dará al gobierno facultades para establecer estados de sitio a discreción, sin la autorización del Legislativo, lo que afectará los derechos humanos de los ciudadanos.


A principios de agosto, Sicilia puso en suspenso el diálogo con los legisladores luego de que el proyecto de ley fuera aprobado en lo general por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. El documento ya recibió el visto bueno del Senado.

En la marcha del domingo, el poeta anunció que el miércoles se reanudarán los acercamientos con el Congreso. En la entrevista, se declaró partidario del diálogo, porque "es símbolo de la paz", aclaró que los integrantes del movimiento son "firmes" en sus posiciones.

"El 'no' a esa Ley de Seguridad es irreductible, y vamos a enfrentarnos en ese diálogo (con el Congreso)", dijo.

"No vamos a legitimar la militarización del país, no vamos a abonar a que este país se vuelva un país bajo el signo del miedo, de la policía o de los militares. Tenemos que construir la paz, pero no una paz militarizada", sostuvo.

En diciembre de 2006, después de asumir el poder, Calderón inició una ofensiva frontal contra el crimen organizado, apoyada fundamentalmente en la labor de las Fuerzas Armadas —el Ejército y la Marina—. Políticos de la oposición, académicos, activistas y ciudadanos critican esa medida porque consideran que no ha disminuido la delincuencia, sino incrementado la violencia y causado afectaciones a la ciudadanía.

La aprobación de la Ley de Seguridad, según el escritor, daría pie a que durante la búsqueda de algún sospechoso las autoridades pudieran entrar a la casa de cualquier persona sin una orden judicial, entre otras situaciones.

"Eso no lo vamos a legitimar… no podemos seguir envileciendo a nuestro Ejército y a las Fuerzas Armadas… esto va a abonar al horror", dijo.

Por el contrario, el gobierno afirma que la legislación regulará la actuación de los militares en tareas anticrimen y es indispensable para derrotar a los delincuentes.


A finales de junio, Sicilia se reunió con el presidente Calderón, a quien le exigió prestar más atención a las víctimas de la violencia en el país. Un mes después tuvo un encuentro con legisladores, a los que demandó aprobar leyes para combatir la inseguridad con un enfoque ciudadano y la reforma política.

Sicilia se unió a otros activistas en su crítica a la estrategia de seguridad gubernamental tras el asesinato de su hijo Juan Francisco en marzo pasado, en el central estado de Morelos. Según datos oficiales, desde el inicio del mandato de Calderón hasta enero pasado, más de 34,600 personas habían muerto en acciones derivadas del crimen.


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