EL HERALDO DE CHIHUAHUA
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general número 19 dirigida a las autoridades vinculadas con la administración e impartición de justicia en los tres niveles de gobierno, ante el crecimiento alarmante en todo el país de quejas relacionadas con cateos ilegales que ha recibido del 2006 al 2011, las cuales ascienden a un total de 3 mil 786.
A través de la recomendación publicada ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ombudsman Raúl Plascencia exhortó a la Segob, Sedena, Semar, PGR, gobernadores, Jefe de Gobierno del DF, procuradores de justicia del país, entre otros, a ajustar la actuación en las funciones de investigación y de persecución del delito al marco constitucional y legal con el fin de que se garantice el respeto de los derechos humanos.
Hizo observaciones en el sentido de ver con preocupación que en el desarrollo de las labores de combate a la delincuencia, las Fuerzas Armadas y las distintas corporaciones policiales y de procuración de justicia, federales y estatales, incurren frecuentemente en la realización de cateos ilegales, lo que constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a las garantías individuales.
En amplio escrito, detalló que la CNDH "ha observado con suma preocupación que los cateos ilegales constituyen una práctica común de los elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las fuerzas armadas en auxilio a las labores de seguridad pública".
Además de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el organismo consideró que al ejecutar dichos cateos como los arriba descritos se ejerce violencia física y psicológica/emocional contra sus moradores; se realizan detenciones arbitrarias y, con frecuencia, se ocasiona un menoscabo en el patrimonio del ocupante del domicilio.
Explicó que tal situación relativa a violaciones a derechos humanos cometidas en cateos en donde se han detectado violaciones múltiples a las garantías individuales, motiva a la CNDH a pronunciarse de manera enérgica en contra de esas prácticas intolerables "ya que generan un menoscabo en los derechos de la población en general y debilita el Estado de derecho".
Hizo énfasis al señalar que las recomendaciones generales no requieren de aceptación por parte de las instancias destinadas; sin embargo, se les solicita que, en su caso, las pruebas correspondientes de su cumplimiento se envíen a dicha comisión dentro de un término de 30 días hábiles siguientes a la fecha de emisión.
"Si bien es cierto que la actividad persecutoria del delito resulta una labor fundamental del Estado mexicano, también lo es que las tareas de velar por la seguridad pública y de procuración de justicia que tienen asignadas las autoridades deben realizarse con estricto apego y respeto a los derechos humanos", acotó.
Las quejas presentadas en los últimos años revelan que la ejecución de cateos ilegales se ha convertido en una práctica común en muchos lugares del país, lo que denota la existencia de una conducta sistemática porque se irrumpe en domicilios en búsqueda de objetos ilícitos, se amenaza, lesiona y detiene a los ocupantes, se sustraen objetos de valor y/o dinero, alteran pruebas y, en muchas ocasiones, la autoridad justifica su actuación en una supuesta flagrancia, en una denuncia anónima o por el uso de instrumentos o detectores inoperantes.
Las recomendaciones relacionadas en términos generales coinciden en señalar que las autoridades se introdujeron a domicilios de los quejosos sin contar con orden de cateo, irrumpiendo violentamente en búsqueda de objetos ilícitos, como armas de fuego y narcóticos y en ocasiones culminó en la detención de personas.
Igualmente, reitera que las autoridades ejercieron fuerza contra los agraviados con la finalidad de que confesaran la posesión de objetos delictivos, sustrajeron dinero o diversos objetos de valor y amenazaron a los agraviados si denunciaban lo ocurrido.
En la recomendación resalta el hecho de la existencia de un alarmante desgaste de la noción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, puesto que en aquellos casos en los que elementos policiales o de las fuerzas armadas se introducen en los domicilios, los agraviados o testigos no desean presentar queja ni dar su testimonio.
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