EL HERALDO DE CHIHUAHUA
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados propondrá que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 se incluyan recursos por 225 millones de pesos para crear un fondo que se encargue de reparar los daños a las cerca de mil 100 víctimas civiles, que sin estar involucradas en ningún tipo de ilícito, han sufrido las consecuencias de las acciones emprendidas por los tres órdenes de Gobierno en el combate contra la delincuencia organizada.
El diputado federal Heliodoro Díaz Escárraga indicó que se deben subsanar los perjuicios de estas personas que sufren los daños colaterales de esta lucha, y para ello se requeriría de un fondo mínimo de 205 millones 854 mil 976 pesos, cantidad a la que tendría que sumarse el porcentaje de incremento al salario mínimo que llegue a aprobarse para el año próximo, lo que daría un aproximado a los 225 mdp.
Explica la necesidad que desde ahora se tomen las previsiones mínimas para enfrentar el impacto presupuestal que, en 2012, tendrían las acciones más urgentes a desarrollar para enfrentar al crimen organizado.
Puntualizó que en estos momentos, los priístas trabajan en una iniciativa de ley federal o general de atención y protección a víctimas del delito, que contendría entre otras normas las relativas a la definición de las víctimas de la violencia generada en el combate institucional a la delincuencia organizada, la naturaleza de las reparaciones y su base de cálculo, las fuentes de financiamiento, así como en lo que hace a administración de fondos, asistencias y asesorías, mecanismos de ayuda, justificación de interés jurídico, prueba de situación, procedimientos, métodos y órganos de control y transparencia, etcétera.
El priísta subrayó que se analizan las leyes que se encuentran en vigor en diferentes estados del país y el Distrito Federal, y que se han promulgado para dar atención y apoyo a víctimas del delito especialmente vulnerables, como aquellas que padecen de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violación y otros tipos penales.
Expuso que se considera que el universo de víctimas, o sus familiares, debe ser el de aquellas llamadas víctimas por "daño colateral", o sea, de las personas que resultan afectadas involuntariamente por los distintos órdenes de Gobierno, como consecuencia de las medidas que se impulsan para combatir el narcotráfico.
Y dejó en claro que "nos parece extremadamente complejo e injustificado intentar reparar daños sufridos por narcomenudistas, sicarios o jefes de la delincuencia organizada, en sus disputas intestinas por mercados, territorios o controles".
Por ello -prosiguió- no se debe fijar como base para cuantificar el número de víctimas, la de los aproximadamente 44 mil fallecidos durante este sexenio y su promedio de tres personas afectadas directa o indirectamente por cada uno de éstos.
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