lunes, 20 de abril de 2009

Prohibir armas de asalto en EU no frenará violencia en México


Notimex
WASHINGTON, Estados Unidos, abr. 19, 2009.- La secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, se mostró este domingo escéptica sobre la posibilidad de que una prohibición para la venta de armas de asalto en Estados Unidos contribuya a reducir la violencia generada por los cárteles de la droga en México.
En una entrevista concedida al programa "State of The Union" de la cadena de televisión estadounidense CNN, Napolitano explicó que duda de la eficacia de una medida de estas características, "en parte porque ya existen grandes arsenales de estas armas en México".
Indicó que reimplantar la prohibición de armas de asalto requiere una "acción del Congreso", que además "sería muy polémica", agregó.
"Tenemos que actuar ahora. No podemos esperar a que haya una acción del Congreso", enfatizó, y añadió que Estados Unidos puede reforzar las leyes existentes para impedir el flujo de armas hacia México.
México abogaba por una prohibición para la venta de rifles de asalto en Estados Unidos, ya que suponen más de la mitad de las 35 mil armas incautadas a los narcotraficantes mexicanos desde la llegada al poder del presidente Felipe Calderón en 2006.
Esta semana, tras la reunión que mantuvo con el presidente de Barack Obama, Calderón, se mostró respetuoso con la decisión de Washington de no reinstalar la prohibición para la venta de armas de asalto, si bien dijo que su país buscará que haya mayor control a la exportación de las mismas a México.
Obama, que en su campaña prometió reinstalar la prohibición para la venta de armas de asalto y semiautomáticas a los ciudadanos de su país, dijo que tal medida "tiene sentido", aunque éste no sea el momento propicio para hacerlo.
El asesor político del presidente, David Axelrod, señaló que las posibilidades de reinstaurar la prohibición "no están enterradas", pero cuestionó si era el momento adecuado ante "todo lo demás que tenemos que hacer" en esta legislatura.
No obstante, aseguró que el Gobierno observará cómo se desarrollan los debates en torno a esta posibilidad en el seno del Congreso y si hay consenso entre los partidos actuará.

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