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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 22, 2009.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el dictamen de la iniciativa que tipifica como delito la pederastia.
Así, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de edad y lo obligue a ejecutar cualquier acto sexual, se le aplicará una sanción de nueve a 18 años de cárcel, y de 750 a dos mil 50 días de salario.
El documento establece que cuando el delito sea cometido por un servidor público o profesionista en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, además de la pena de prisión se le inhabilitará, destituirá o suspenderá de su empleo o profesión por un término igual a la pena impuesta.
El texto aprobado por la instancia legislativa que preside el diputado César Camacho Quiroz aclara que las personas que cometan este acto ilícito perderán los derechos civiles que tienen con la víctima.
Explicó que se sancionará a la persona que derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, guarda o custodia, o de cualquier índole de relación ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin el consentimiento del menor.
El documento, impulsado por la diputada Claudia Cruz, destaca que el Estado no ha podido otorgar una protección y bienestar a los infantes, "esto en razón de que han aumentado considerablemente los casos de niños y adolescentes que han sufrido abusos de adultos".
Destaca que los casos de abuso a menores de edad se han presentado en lugares donde infantes y adolescentes se encuentran en contacto con personas encargadas de su cuidado o que están en trato frecuente con ellos.
Subraya que hay alta posibilidad de que en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales, organizaciones de trabajo social, albergues, centros de tratamiento diverso, instituciones filantrópicas o cualquier otro espacio de actividades similares, se cometa la pederastia.
El dictamen refiere que es necesario adicionar medidas tendientes a proteger a víctimas, ofendidos y testigos, con el propósito de evitar alguna amenaza, agresión, intimidación o daño alguno.
Así, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de edad y lo obligue a ejecutar cualquier acto sexual, se le aplicará una sanción de nueve a 18 años de cárcel, y de 750 a dos mil 50 días de salario.
El documento establece que cuando el delito sea cometido por un servidor público o profesionista en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, además de la pena de prisión se le inhabilitará, destituirá o suspenderá de su empleo o profesión por un término igual a la pena impuesta.
El texto aprobado por la instancia legislativa que preside el diputado César Camacho Quiroz aclara que las personas que cometan este acto ilícito perderán los derechos civiles que tienen con la víctima.
Explicó que se sancionará a la persona que derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, guarda o custodia, o de cualquier índole de relación ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin el consentimiento del menor.
El documento, impulsado por la diputada Claudia Cruz, destaca que el Estado no ha podido otorgar una protección y bienestar a los infantes, "esto en razón de que han aumentado considerablemente los casos de niños y adolescentes que han sufrido abusos de adultos".
Destaca que los casos de abuso a menores de edad se han presentado en lugares donde infantes y adolescentes se encuentran en contacto con personas encargadas de su cuidado o que están en trato frecuente con ellos.
Subraya que hay alta posibilidad de que en parroquias, seminarios, orfanatos, hospitales, organizaciones de trabajo social, albergues, centros de tratamiento diverso, instituciones filantrópicas o cualquier otro espacio de actividades similares, se cometa la pederastia.
El dictamen refiere que es necesario adicionar medidas tendientes a proteger a víctimas, ofendidos y testigos, con el propósito de evitar alguna amenaza, agresión, intimidación o daño alguno.
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