CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 23, 2009.-La propuesta de pena de muerte es una salida falsa ante la ineficacia del sistema de justicia, señaló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en una misiva enviada a la diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El ombudsman capitalino indicó que una vez que la persona que comete un delito está bajo el resguardo del Estado, no debería poder continuar con conductas delictivas.
Emilio Alvarez Icaza Longoria, presidente de la CDHDF, expuso que "la congruencia y el apego a los principios es una virtud que debe permanecer más allá de una jornada electoral, pero sobre todo es en esos momentos cuando se requiere la coherencia entre las palabras y las acciones".
Apuntó que "la pena de muerte se plantea como una salida ante la ineficacia del sistema de seguridad pública, de administración y procuración de justicia y del sistema penitenciario para lograr la readaptación social".
Sin corregir todo esto, advirtió, "aquella no consigue el objetivo de garantizar seguridad a la ciudadanía".
Agregó que legalizar la pena de muerte no produce efectos disuasorios contra la delincuencia, porque "datos duros de países que aplican la pena de muerte demuestran que resulta contradictorio afirmar que dicha sanción es efectiva para reducir la criminalidad".
Así añadió que no hay una correlación directa entre la aplicación de dicha pena y la disminución del crimen, porque la delincuencia es un problema estructural que guarda relación, entre otros factores, con la efectividad de la procuración de justicia.
Así para la CDHDF la pena de muerte puede ser discriminatoria e ineficaz, ya que en muchos países, en razón de las desigualdades socioeconómicas y de los problemas del sistema de justicia, a menudo se aplica de forma desproporcionada contra personas pobres, desfavorecidas, excluidas y contra ciudadanos y ciudadanas a quienes gobiernos represivos quieren eliminar.
Por ello, subrayó, "la impunidad y corrupción en el sistema de justicia eliminan las garantías para el debido proceso legal".
"Considerando el altísimo índice de impunidad y las graves deficiencias en la procuración y administración de la justicia que existen en nuestro país, al aplicar esta sanción en México se abriría la posibilidad de ejecutar a personas sin la observancia de las garantías del debido proceso legal, potenciando así la corrupción en el aparato de administración de justicia".
La carta se dio en respuesta a la misiva del 11 de junio en la que la diputada manifiesta diversos comentarios con relación a la campaña "Exigimos justicia, no venganza. No a la pena de muerte", impulsada por el referido organismo.
El ombudsman capitalino indicó que una vez que la persona que comete un delito está bajo el resguardo del Estado, no debería poder continuar con conductas delictivas.
Emilio Alvarez Icaza Longoria, presidente de la CDHDF, expuso que "la congruencia y el apego a los principios es una virtud que debe permanecer más allá de una jornada electoral, pero sobre todo es en esos momentos cuando se requiere la coherencia entre las palabras y las acciones".
Apuntó que "la pena de muerte se plantea como una salida ante la ineficacia del sistema de seguridad pública, de administración y procuración de justicia y del sistema penitenciario para lograr la readaptación social".
Sin corregir todo esto, advirtió, "aquella no consigue el objetivo de garantizar seguridad a la ciudadanía".
Agregó que legalizar la pena de muerte no produce efectos disuasorios contra la delincuencia, porque "datos duros de países que aplican la pena de muerte demuestran que resulta contradictorio afirmar que dicha sanción es efectiva para reducir la criminalidad".
Así añadió que no hay una correlación directa entre la aplicación de dicha pena y la disminución del crimen, porque la delincuencia es un problema estructural que guarda relación, entre otros factores, con la efectividad de la procuración de justicia.
Así para la CDHDF la pena de muerte puede ser discriminatoria e ineficaz, ya que en muchos países, en razón de las desigualdades socioeconómicas y de los problemas del sistema de justicia, a menudo se aplica de forma desproporcionada contra personas pobres, desfavorecidas, excluidas y contra ciudadanos y ciudadanas a quienes gobiernos represivos quieren eliminar.
Por ello, subrayó, "la impunidad y corrupción en el sistema de justicia eliminan las garantías para el debido proceso legal".
"Considerando el altísimo índice de impunidad y las graves deficiencias en la procuración y administración de la justicia que existen en nuestro país, al aplicar esta sanción en México se abriría la posibilidad de ejecutar a personas sin la observancia de las garantías del debido proceso legal, potenciando así la corrupción en el aparato de administración de justicia".
La carta se dio en respuesta a la misiva del 11 de junio en la que la diputada manifiesta diversos comentarios con relación a la campaña "Exigimos justicia, no venganza. No a la pena de muerte", impulsada por el referido organismo.
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