CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 22, 2009.- El gobierno mexicano negó el traslado de la francesa Florence Cassez a su país, por lo que deberá cumplir en México la condena de 60 años de prisión a la que fue sentenciada por comprobarse su participación con una banda de secuestradores.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa dejó en claro que no existen las condiciones para que la pena impuesta se cumpla de manera íntegra en Francia, y ratificó el compromiso irrenunciable de su gobierno con la legalidad.
En un mensaje a la nación, el titular del Ejecutivo federal dejó en claro que nadie en México, independientemente de su condición social, económica o de su nacionalidad, puede sustraerse a la ley.
"La ley es igual para todos y quien la viola tiene que pagar las consecuencias, independientemente de su credo, preferencia o condición social, económica o nacionalidad".
Recordó que Florence Cassez ejerció su derecho a solicitar auxilio del gobierno de su país, y éste se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o sobre los medios para hacerla cumplir.
"Esto abría la posibilidad de que Florence Cassez no pagara su condena de acuerdo con la sentencia que las autoridades judiciales mexicanas han determinado o que la pagara en un plazo significativamente menor. (y) Para México, esto resulta inaceptable", subrayó.
El gobierno de México tiene el deber irrenunciable de asegurarse de que la sentencia impuesta por un juez sea cumplida en todo momento. El caso de la señora Florence Cassez no puede ser una excepción".
"El gobierno federal está comprometido para que las víctimas de secuestro y sus familiares encuentren justicia", dijo.
El presidente expuso que su gobierno llegó a la determinación de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de Cassez a Francia, de acuerdo con el Convenio de Estrasburgo.
"En consecuencia, Florence Cassez pagará su condena de 60 años de prisión en México por los crímenes cometidos en agravio de diversas personas en nuestro país", insistió.
Recordó que la ciudadana francesa fue detenida, juzgada conforme a derecho y condenada en primera y segunda instancias por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada, así como por la portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Hizo ver que la sentencia dictada por los tribunales mexicanos fue de 70 años de prisión, de los que purgará 60 años por ser el límite máximo de reclusión conforme a la ley, además de la responsabilidad consistente en la reparación del daño correspondiente.
Como ciudadana de otra nacionalidad, expuso, Cassez ejerció también su derecho a solicitar auxilio al gobierno de su país y en marzo pasado se acordó la creación de una Comisión Binacional México-Francia que examinara la posible aplicación del Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas, conocido como de Estrasburgo.
Explicó que para que esa posibilidad ocurriera, se requiere que ambas naciones estén de acuerdo en el traslado y, en consecuencia, expresen cada una su consentimiento, y en este caso el gobierno de Francia consideraba que el Convenio permitiría a Cassez purgar su condena en ese país si México lo consentía.
Sin embargo, el gobierno francés también se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o los medios para hacerla cumplir, lo que resultó inaceptable para México.
El presidente Calderón aclaró que es voluntad del gobierno mexicano dar fiel cumplimiento a las obligaciones internacionales derivadas de tratados, en concordancia con la Constitución y las resoluciones judiciales fundadas en la misma.
Por ello, la delegación mexicana examinó todos los aspectos relativos a la posible aplicación del Convenio de Estrasburgo al caso de Cassez, sin embargo dicho documento "de ninguna manera impone la obligación al Estado requerido de consentir una solicitud de traslado", concluyó.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa dejó en claro que no existen las condiciones para que la pena impuesta se cumpla de manera íntegra en Francia, y ratificó el compromiso irrenunciable de su gobierno con la legalidad.
En un mensaje a la nación, el titular del Ejecutivo federal dejó en claro que nadie en México, independientemente de su condición social, económica o de su nacionalidad, puede sustraerse a la ley.
"La ley es igual para todos y quien la viola tiene que pagar las consecuencias, independientemente de su credo, preferencia o condición social, económica o nacionalidad".
Recordó que Florence Cassez ejerció su derecho a solicitar auxilio del gobierno de su país, y éste se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o sobre los medios para hacerla cumplir.
"Esto abría la posibilidad de que Florence Cassez no pagara su condena de acuerdo con la sentencia que las autoridades judiciales mexicanas han determinado o que la pagara en un plazo significativamente menor. (y) Para México, esto resulta inaceptable", subrayó.
El gobierno de México tiene el deber irrenunciable de asegurarse de que la sentencia impuesta por un juez sea cumplida en todo momento. El caso de la señora Florence Cassez no puede ser una excepción".
"El gobierno federal está comprometido para que las víctimas de secuestro y sus familiares encuentren justicia", dijo.
El presidente expuso que su gobierno llegó a la determinación de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de Cassez a Francia, de acuerdo con el Convenio de Estrasburgo.
"En consecuencia, Florence Cassez pagará su condena de 60 años de prisión en México por los crímenes cometidos en agravio de diversas personas en nuestro país", insistió.
Recordó que la ciudadana francesa fue detenida, juzgada conforme a derecho y condenada en primera y segunda instancias por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada, así como por la portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Hizo ver que la sentencia dictada por los tribunales mexicanos fue de 70 años de prisión, de los que purgará 60 años por ser el límite máximo de reclusión conforme a la ley, además de la responsabilidad consistente en la reparación del daño correspondiente.
Como ciudadana de otra nacionalidad, expuso, Cassez ejerció también su derecho a solicitar auxilio al gobierno de su país y en marzo pasado se acordó la creación de una Comisión Binacional México-Francia que examinara la posible aplicación del Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas, conocido como de Estrasburgo.
Explicó que para que esa posibilidad ocurriera, se requiere que ambas naciones estén de acuerdo en el traslado y, en consecuencia, expresen cada una su consentimiento, y en este caso el gobierno de Francia consideraba que el Convenio permitiría a Cassez purgar su condena en ese país si México lo consentía.
Sin embargo, el gobierno francés también se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o los medios para hacerla cumplir, lo que resultó inaceptable para México.
El presidente Calderón aclaró que es voluntad del gobierno mexicano dar fiel cumplimiento a las obligaciones internacionales derivadas de tratados, en concordancia con la Constitución y las resoluciones judiciales fundadas en la misma.
Por ello, la delegación mexicana examinó todos los aspectos relativos a la posible aplicación del Convenio de Estrasburgo al caso de Cassez, sin embargo dicho documento "de ninguna manera impone la obligación al Estado requerido de consentir una solicitud de traslado", concluyó.
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