EL PUEBLO
En 2012 podría quedar tipificado el feminicidio en las legislaciones de los 32 estados de México, un avance sustantivo para reducir la violencia contra la población femenina del país, estimó hoy aquí el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
“Esperamos que (sea) este año. La meta es que en este año podamos tener el feminicidio legislado en todos los estados del país”, afirmó la presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, tras participar en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que comenzó esta semana y concluirá el 9 de marzo.
La funcionaria explicó a Notimex que tales leyes son las que se encargarán de penar los feminicidios, crímenes del orden local, independientemente del avance de la legislación federal en la materia aprobada ya en la Cámara de Diputados y revisada en el Senado.
Actualmente, existen 10 estados en el país que cuentan con leyes que contemplan el homicidio de mujeres por motivos de género, aunque cada entidad ha enfocado sus esfuerzos de manera particular.
García Gaytán destacó el caso de Chihuahua –sede de Ciudad Juárez, donde cundieron los feminicidios en la década de los 90–, en que la legislación local no contempla este delito en sí mismo sino que eleva las penas para los homicidios de mujeres.
La funcionaria reconoció por ello que hace falta avanzar en la “armonización legislativa” para la tipificación del feminicidio como delito, así como en “la homologación de los registros administrativos” de los delitos cometidos en contra de las mujeres.
Hace falta mejorar los criterios para catalogar los crímenes en contra de mujeres, porque los registros no incluyen causas, edades y circunstancias de los crímenes, por lo que es imposible determinar con precisión el número de feminicidios ocurridos en México, dijo.
Comentó que información entregada a una asociación civil por funcionarios del gobierno de Nuevo León, por ejemplo, consideró como feminicidios la muerte de 50 mujeres en el incendio del Casino Royale, un incidente que no puede calificarse como un homicidio por motivos de género.
“Nos queda mucho por trabajar en esta área, pero cada vez que hay un caso de feminicidio de alto perfil aumenta la presión social para que avancemos”, manifestó García Gaytán.
Durante su participación en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, la funcionaria también compartió los avances logrados por México mediante el programa SUMA, que tiene como objetivo aumentar la participación de las mujeres en la política.
El proyecto, cuya capacitación ya ha beneficiado a cuatro mil mujeres en 14 estados de México, es uno de los 10 que patrocina ONU-Mujeres en el mundo, por su relevancia.
La meta es que en un periodo de tres años se duplique el número de alcaldías en México gobernadas por mujeres, así como su inclusión de parlamentos locales, hasta lograr que las legisladoras femeninas estatales representen al menos 30 por ciento de los congresos.
“Esperamos que (sea) este año. La meta es que en este año podamos tener el feminicidio legislado en todos los estados del país”, afirmó la presidenta de Inmujeres, Rocío García Gaytán, tras participar en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que comenzó esta semana y concluirá el 9 de marzo.
La funcionaria explicó a Notimex que tales leyes son las que se encargarán de penar los feminicidios, crímenes del orden local, independientemente del avance de la legislación federal en la materia aprobada ya en la Cámara de Diputados y revisada en el Senado.
Actualmente, existen 10 estados en el país que cuentan con leyes que contemplan el homicidio de mujeres por motivos de género, aunque cada entidad ha enfocado sus esfuerzos de manera particular.
García Gaytán destacó el caso de Chihuahua –sede de Ciudad Juárez, donde cundieron los feminicidios en la década de los 90–, en que la legislación local no contempla este delito en sí mismo sino que eleva las penas para los homicidios de mujeres.
La funcionaria reconoció por ello que hace falta avanzar en la “armonización legislativa” para la tipificación del feminicidio como delito, así como en “la homologación de los registros administrativos” de los delitos cometidos en contra de las mujeres.
Hace falta mejorar los criterios para catalogar los crímenes en contra de mujeres, porque los registros no incluyen causas, edades y circunstancias de los crímenes, por lo que es imposible determinar con precisión el número de feminicidios ocurridos en México, dijo.
Comentó que información entregada a una asociación civil por funcionarios del gobierno de Nuevo León, por ejemplo, consideró como feminicidios la muerte de 50 mujeres en el incendio del Casino Royale, un incidente que no puede calificarse como un homicidio por motivos de género.
“Nos queda mucho por trabajar en esta área, pero cada vez que hay un caso de feminicidio de alto perfil aumenta la presión social para que avancemos”, manifestó García Gaytán.
Durante su participación en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, la funcionaria también compartió los avances logrados por México mediante el programa SUMA, que tiene como objetivo aumentar la participación de las mujeres en la política.
El proyecto, cuya capacitación ya ha beneficiado a cuatro mil mujeres en 14 estados de México, es uno de los 10 que patrocina ONU-Mujeres en el mundo, por su relevancia.
La meta es que en un periodo de tres años se duplique el número de alcaldías en México gobernadas por mujeres, así como su inclusión de parlamentos locales, hasta lograr que las legisladoras femeninas estatales representen al menos 30 por ciento de los congresos.
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