EL HERALDO
Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por los hechos del pasado 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero en contra de autoridades locales y federales por violaciones graves a los derechos de estudiantes de la Escuela Normal Rural del municipio de Ayotzinapa.
El ombudsman Raúl Plascencia Villanueva destacó que en el documento de 125 hojas se mencionó que entre los derechos vulnerados destacaron el de la vida -por la muerte de dos estudiantes y de un trabajador de gasolinera- a la seguridad e integridad personal, legalidad, trato digno, libertad personal, a la verdad e información, entre otros.
A pregunta concreta, respondió que se enviarán copias de la recomendación al Congreso local, al Congreso federal y al Senado de la República para que sea ahí donde determinen si procede juicio político o no en contra de funcionarios y exfuncionarios estatales por causas de acción u omisión tras varios años para resolver demandas justas de escuelas rurales.
Asimismo, destacó que se observaron transgresiones a los derechos a la verdad e información y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso de poder atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal y del Gobierno del estado de Guerrero.
En rueda de prensa resaltó el punto para que se tomen las medidas adecuadas a efecto de garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente, la "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, enviando a esa Comisión las pruebas que demuestren su cumplimiento.
Demandó puntualmente la exigencia para la colaboración de las autoridades involucradas en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del exprocurador general de Justicia y del exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero.
En virtud de la problemática derivada de la falta de coordinación adecuada entre las corporaciones policiales (Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Municipal, entre otros) recomendó se instruya a tomar medidas para homologar las acciones que hagan posible su formación, con similar capacidad táctica y operativa, para que en casos similares se respeten, sobre todo, los derechos humanos de las personas.
Recomendó también a Genaro García Luna, titular de la SSP, y al gobernador Ángel Aguirre ofrecer disculpas en un acto público en el estado de Guerrero ante la presencia de las víctimas y sus familiares, "lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencias a su cargo".
Igualmente, insistió en recomendar a García Luna y Aguirre Rivero dar a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los ocurridos a principios de diciembre pasado en un tramo de la Autopista del Sol, así como informarle sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto.
Además, de implementar las acciones necesarias para indemnizar a las víctimas y a sus familiares por los daños causados y las muertes de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
El ombudsman Raúl Plascencia Villanueva destacó que en el documento de 125 hojas se mencionó que entre los derechos vulnerados destacaron el de la vida -por la muerte de dos estudiantes y de un trabajador de gasolinera- a la seguridad e integridad personal, legalidad, trato digno, libertad personal, a la verdad e información, entre otros.
A pregunta concreta, respondió que se enviarán copias de la recomendación al Congreso local, al Congreso federal y al Senado de la República para que sea ahí donde determinen si procede juicio político o no en contra de funcionarios y exfuncionarios estatales por causas de acción u omisión tras varios años para resolver demandas justas de escuelas rurales.
Asimismo, destacó que se observaron transgresiones a los derechos a la verdad e información y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso de poder atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal y del Gobierno del estado de Guerrero.
En rueda de prensa resaltó el punto para que se tomen las medidas adecuadas a efecto de garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente, la "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, enviando a esa Comisión las pruebas que demuestren su cumplimiento.
Demandó puntualmente la exigencia para la colaboración de las autoridades involucradas en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del exprocurador general de Justicia y del exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero.
En virtud de la problemática derivada de la falta de coordinación adecuada entre las corporaciones policiales (Policía Federal, Policía Ministerial, Policía Municipal, entre otros) recomendó se instruya a tomar medidas para homologar las acciones que hagan posible su formación, con similar capacidad táctica y operativa, para que en casos similares se respeten, sobre todo, los derechos humanos de las personas.
Recomendó también a Genaro García Luna, titular de la SSP, y al gobernador Ángel Aguirre ofrecer disculpas en un acto público en el estado de Guerrero ante la presencia de las víctimas y sus familiares, "lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de las dependencias a su cargo".
Igualmente, insistió en recomendar a García Luna y Aguirre Rivero dar a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los ocurridos a principios de diciembre pasado en un tramo de la Autopista del Sol, así como informarle sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto.
Además, de implementar las acciones necesarias para indemnizar a las víctimas y a sus familiares por los daños causados y las muertes de Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
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