EL PUEBLO
Autoridades en México y Estados Unidos investigan sobornos cometidos por una empresa de mantenimiento de aeronaves con sede en Oklahoma a funcionarios de la Policía Federal y el Estado Mayor Presidencial, revelan documentos judiciales.
La empresa BizJet International Sales and Support Inc., con sede in Tulsa, Oklahoma, aceptó pagar una multa de 11.8 millones de dólares al gobierno estadounidense, tras declararse culpable de sobornar a funcionarios mexicanos, según un acuerdo judicial firmado por la empresa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya copia posee CNNMéxico.
La red de corrupción involucra a un capitán de la Policía Federal, así como a un coronel, un capitán y un empleado del Estado Mayor Presidencial —la institución encargada de garantizar la seguridad del presidente—, además de un funcionario estatal del gobierno de Sinaloa.
Según el documento judicial, los empleados tenían amplia autoridad sobre la entrega de contratos de las dependencias a su cargo, y recibieron sobornos entre 2004 y 2010 a través de una tercera empresa, operada por un empleado de BizJet.
Los sobornos se hacían en llamadas telefónicas y correos electrónicos entre funcionarios y directivos de la empresa a través de “comisiones” o “incentivos”.
Según el documento judicial, en noviembre de 2006 la empresa trianguló un pago de 2,000 dólares a un capitán del Estado Mayor, en octubre de 2007 realizó otro pago de 30,000 dólares a un coronel, y en diciembre de 2008 pagó 50,000 dólares a un empleado de dicha institución.
Los mayores sobornos fueron a funcionarios de la Policía Federal: en abril de 2009 fueron transferidos 176,000 dólares, y en octubre de 2009 se efectuó un pago por 210,000 dólares, ambos por “favores” a cambio de contratos de mantenimiento de aeronaves.
En tanto, la compañía ofreció al director de Servicios Aéreos del gobierno de Sinaloa más de 47,000 dólares: recibió una transferencia de 18,000 dólares en noviembre de 2008, mientras que en octubre de 2009 le fueron hechos dos depósitos, uno por 6,417 dólares, y otro por 22,912 dólares.
Según el acuerdo judicial entre BizJet y el Departamento de Justicia, funcionarios del gobierno de Panamá también recibieron sobornos.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, funcionarios del gobierno de Sonora recibieron de igual forma pagos; sin embargo el acuerdo judicial no establece qué cantidades fueron transferidas, y cuáles eran los cargos de los involucrados.
Tras aceptar pagar la multa, el Departamento de Justicia aprobó detener la presentación de cargos contra la empresa por tres años, tiempo durante el cual sus operaciones serán monitoreadas, para verificar que cumplan con la ley, según el comunicado oficial.
En México, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó mediante un comunicado de prensa que existe una investigación en curso contra funcionarios mexicanos, cuyos nombres no fueron revelados.
La oficina de prensa de la PGR no confirmó a CNNMéxico el involucramiento de funcionarios del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, ya que, aseguró, la investigación aún se encuentra en curso.
Según la PGR, los servidores públicos que recibieron sobornos autorizaron contratos por más de 20 millones de dólares y 50 millones de pesos a favor de la empresa.
Los funcionarios mexicanos son acusados de cohecho y enriquecimiento ilícito.
La Secretaría de la Función Pública también realiza una investigación en materia administrativa contra los involucrados, agregó la dependencia.
La empresa BizJet International Sales and Support Inc., con sede in Tulsa, Oklahoma, aceptó pagar una multa de 11.8 millones de dólares al gobierno estadounidense, tras declararse culpable de sobornar a funcionarios mexicanos, según un acuerdo judicial firmado por la empresa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuya copia posee CNNMéxico.
La red de corrupción involucra a un capitán de la Policía Federal, así como a un coronel, un capitán y un empleado del Estado Mayor Presidencial —la institución encargada de garantizar la seguridad del presidente—, además de un funcionario estatal del gobierno de Sinaloa.
Según el documento judicial, los empleados tenían amplia autoridad sobre la entrega de contratos de las dependencias a su cargo, y recibieron sobornos entre 2004 y 2010 a través de una tercera empresa, operada por un empleado de BizJet.
Los sobornos se hacían en llamadas telefónicas y correos electrónicos entre funcionarios y directivos de la empresa a través de “comisiones” o “incentivos”.
Según el documento judicial, en noviembre de 2006 la empresa trianguló un pago de 2,000 dólares a un capitán del Estado Mayor, en octubre de 2007 realizó otro pago de 30,000 dólares a un coronel, y en diciembre de 2008 pagó 50,000 dólares a un empleado de dicha institución.
Los mayores sobornos fueron a funcionarios de la Policía Federal: en abril de 2009 fueron transferidos 176,000 dólares, y en octubre de 2009 se efectuó un pago por 210,000 dólares, ambos por “favores” a cambio de contratos de mantenimiento de aeronaves.
En tanto, la compañía ofreció al director de Servicios Aéreos del gobierno de Sinaloa más de 47,000 dólares: recibió una transferencia de 18,000 dólares en noviembre de 2008, mientras que en octubre de 2009 le fueron hechos dos depósitos, uno por 6,417 dólares, y otro por 22,912 dólares.
Según el acuerdo judicial entre BizJet y el Departamento de Justicia, funcionarios del gobierno de Panamá también recibieron sobornos.
Según un comunicado del Departamento de Justicia, funcionarios del gobierno de Sonora recibieron de igual forma pagos; sin embargo el acuerdo judicial no establece qué cantidades fueron transferidas, y cuáles eran los cargos de los involucrados.
Tras aceptar pagar la multa, el Departamento de Justicia aprobó detener la presentación de cargos contra la empresa por tres años, tiempo durante el cual sus operaciones serán monitoreadas, para verificar que cumplan con la ley, según el comunicado oficial.
En México, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó mediante un comunicado de prensa que existe una investigación en curso contra funcionarios mexicanos, cuyos nombres no fueron revelados.
La oficina de prensa de la PGR no confirmó a CNNMéxico el involucramiento de funcionarios del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal, ya que, aseguró, la investigación aún se encuentra en curso.
Según la PGR, los servidores públicos que recibieron sobornos autorizaron contratos por más de 20 millones de dólares y 50 millones de pesos a favor de la empresa.
Los funcionarios mexicanos son acusados de cohecho y enriquecimiento ilícito.
La Secretaría de la Función Pública también realiza una investigación en materia administrativa contra los involucrados, agregó la dependencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario