EL PUEBLO
La Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso estatal lanzó una alerta por el riesgo de colapso en el que se encuentra el Sistema de Justicia para Adolescentes de Nuevo León, con un sobrecupo de 50%.
El presidente de dicha comisión, César Garza Villarreal, dijo que ante esa problemática urge la corresponsabilidad del gobierno federal para evitar una tragedia como la ocurrida la semana pasada en el penal de Apodaca.
"No debemos esperar un nuevo incidente para actuar, deben haber, rápidamente, medidas, por eso como presidente de la Comisión de Justicia quiero poner una alerta: los centros de internamiento de justicia para adolescentes están viviendo un sobrecupo grave", dijo.
A pesar de la obligación constitucional para que el gobierno federal implemente un Sistema de Justicia para Adolescentes de carácter nacional no lo ha hecho, mientras los estados han tenido que absorber esa responsabilidad sin el apoyo correspondiente, planteó.
Afirmó que "la falta de un sistema de justicia federal para adolescentes ha colapsado el sistema estatal, es necesario que la federación se corresponsabilice en este tema con el estado, además de que el Artículo 18 de la Constitución obliga a la Federación a tener un Sistema de Justicia Federal para Adolescentes que no existe".
En la actualidad, indicó, el Sistema de Justicia para Adolescentes a nivel local sufre un sobrecupo de 50 por ciento, con el agravante de la presencia de jóvenes vinculados con grupos de la delincuencia organizada.
"No esperemos a que haya un rescate armado de jóvenes vinculados a grupos criminales, no esperemos a que ocurra eso para, entonces, repartir culpas o responsabilidades", recalcó.
Llamó a reforzar las medidas de seguridad en torno a los centros de internamiento, a revisar los planes de reinserción social y, de ser posible, adquirir nuevos inmuebles para ingresar y dar seguimiento a los jóvenes infractores en condiciones más controlables.
"La crisis penitenciaria y el colapso del Sistema de Justicia para Adolescentes son dos efectos de una misma causa que es la violencia que ha desatado la lucha entre grupos criminales entre sí y la legítima acción de la Federación, el Estado y algunos municipios de aprehender a quienes están inmersos en esta ola", puntualizó.
El presidente de dicha comisión, César Garza Villarreal, dijo que ante esa problemática urge la corresponsabilidad del gobierno federal para evitar una tragedia como la ocurrida la semana pasada en el penal de Apodaca.
"No debemos esperar un nuevo incidente para actuar, deben haber, rápidamente, medidas, por eso como presidente de la Comisión de Justicia quiero poner una alerta: los centros de internamiento de justicia para adolescentes están viviendo un sobrecupo grave", dijo.
A pesar de la obligación constitucional para que el gobierno federal implemente un Sistema de Justicia para Adolescentes de carácter nacional no lo ha hecho, mientras los estados han tenido que absorber esa responsabilidad sin el apoyo correspondiente, planteó.
Afirmó que "la falta de un sistema de justicia federal para adolescentes ha colapsado el sistema estatal, es necesario que la federación se corresponsabilice en este tema con el estado, además de que el Artículo 18 de la Constitución obliga a la Federación a tener un Sistema de Justicia Federal para Adolescentes que no existe".
En la actualidad, indicó, el Sistema de Justicia para Adolescentes a nivel local sufre un sobrecupo de 50 por ciento, con el agravante de la presencia de jóvenes vinculados con grupos de la delincuencia organizada.
"No esperemos a que haya un rescate armado de jóvenes vinculados a grupos criminales, no esperemos a que ocurra eso para, entonces, repartir culpas o responsabilidades", recalcó.
Llamó a reforzar las medidas de seguridad en torno a los centros de internamiento, a revisar los planes de reinserción social y, de ser posible, adquirir nuevos inmuebles para ingresar y dar seguimiento a los jóvenes infractores en condiciones más controlables.
"La crisis penitenciaria y el colapso del Sistema de Justicia para Adolescentes son dos efectos de una misma causa que es la violencia que ha desatado la lucha entre grupos criminales entre sí y la legítima acción de la Federación, el Estado y algunos municipios de aprehender a quienes están inmersos en esta ola", puntualizó.
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