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CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 30, 2009.- La Cámara de Diputados aprobó sin discusión y por el denominado "fast track" la minuta turnada por el Senado, donde se realizan modificaciones al dictamen que crea la Ley de Extinción de Dominio, para "golpear" las finanzas de delincuentes.
Los cambios permitirán al Estado apropiarse de bienes y recursos económicos que sean producto de un delito o que se utilicen por el crimen organizado para cometer un acto ilícito.
Durante la última sesión ordinaria del actual periodo, que será clausurado este día, se aprobó por 318 a favor, dos abstenciones y 12 en contra, el dictamen que fue turnado al presidente Felipe Calderón para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual pretende atacar al "brazo financiero" de la delincuencia.
El dictamen establece que se busca que la delincuencia organizada y el narcotráfico pierda, en beneficio del Estado, los derechos sobre bienes y dinero sin que reciban contraprestación alguna.
La extinción de dominio se aplicará a los bienes que sean "instrumento, objeto o producto del delito", o que hayan sido utilizados para ocultar o mezclar bienes producto de actos ilícitos".
También se aplicará esa figura jurídica a aquellos bienes que sean empleados por una tercera persona para delinquir, si se acredita que su dueño auxilió en la comisión del delito u ocultó al indiciado.
Además se crea la figura de jueces especializados, quienes ordenarán la extinción de dominio de los bienes propiedad de la delincuencia organizada.
Se establece la obligación del Ministerio Público acreditar "de manera fehaciente" que los propietarios de los bienes sabían que serían utilizados por delincuentes para no afectar a terceros inocentes.
Los cambios permitirán al Estado apropiarse de bienes y recursos económicos que sean producto de un delito o que se utilicen por el crimen organizado para cometer un acto ilícito.
Durante la última sesión ordinaria del actual periodo, que será clausurado este día, se aprobó por 318 a favor, dos abstenciones y 12 en contra, el dictamen que fue turnado al presidente Felipe Calderón para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual pretende atacar al "brazo financiero" de la delincuencia.
El dictamen establece que se busca que la delincuencia organizada y el narcotráfico pierda, en beneficio del Estado, los derechos sobre bienes y dinero sin que reciban contraprestación alguna.
La extinción de dominio se aplicará a los bienes que sean "instrumento, objeto o producto del delito", o que hayan sido utilizados para ocultar o mezclar bienes producto de actos ilícitos".
También se aplicará esa figura jurídica a aquellos bienes que sean empleados por una tercera persona para delinquir, si se acredita que su dueño auxilió en la comisión del delito u ocultó al indiciado.
Además se crea la figura de jueces especializados, quienes ordenarán la extinción de dominio de los bienes propiedad de la delincuencia organizada.
Se establece la obligación del Ministerio Público acreditar "de manera fehaciente" que los propietarios de los bienes sabían que serían utilizados por delincuentes para no afectar a terceros inocentes.
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