CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 28, 2009.- La Procuraduría General de la República (PGR) respondió que ha actuado conforme a derecho en las retenciones en Michoacán, ante las acusaciones sobre supuestas ilegalidades denunciadas por los abogados de los servidores públicos que son investigados.
En entrevista el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, sostuvo que los indiciados han gozado de sus garantías individuales, a los abogados se les ha dado oportunidad de acreditarse como defensores y de participar en las diligencias de sus clientes.
Asimismo, señaló que la dependencia federal "es garante de la legalidad y del Estado de derecho, por lo que también es garante de las garantías individuales de las personas".
Ante las acusaciones de los abogados, recordó que promover amparos u otras figuras contra la detención de los acusados de delincuencia organizada tiene limitantes, además de que "los policías que cumplimentaron las órdenes de localización y presentación no estaban obligados a mostrarlas a los ahora indiciados".
Nájera Herrera recordó que el Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones y sin requerimiento alguno, puede acogerse a la duplicidad del término constitucional de retención con el fin de enriquecer la averiguación previa correspondiente.
Por ello, confirmó que una vez que se vencieron las primeras 24 horas de haber sido presentados los 28 servidores públicos ante el representante social, éste ejerció su derecho a ampliar el plazo hasta 96 horas, que se cumplirían la tarde o noche del próximo sábado.
También aclaró que las órdenes de presentación que obsequió el Ministerio Público de la federación y posterior declaración de indiciados a los 29 servidores públicos, incluido el procurador Miguel García Hurtado, están estrictamente apegadas a derecho.
El vocero de la PGR recordó que toda esta indagatoria no está basada en papeles encontrados o declaraciones de testigos sin rostro, sino que son resultado de una serie de investigaciones.
De ellas, agregó, se han derivado detenciones de presuntos implicados y persecuciones de delitos, todos ellos relacionados con la organización criminal "La Familia Michoacana".
A partir de las declaraciones de los ahora procesados, de delincuentes y bandas vinculadas con esta organización delictiva se hicieron investigaciones de campo y de gabinete que han arrojado evidencias que relacionan a los 29 servidores y ex servidores públicos que son investigados por la SIEDO.
En entrevista el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, sostuvo que los indiciados han gozado de sus garantías individuales, a los abogados se les ha dado oportunidad de acreditarse como defensores y de participar en las diligencias de sus clientes.
Asimismo, señaló que la dependencia federal "es garante de la legalidad y del Estado de derecho, por lo que también es garante de las garantías individuales de las personas".
Ante las acusaciones de los abogados, recordó que promover amparos u otras figuras contra la detención de los acusados de delincuencia organizada tiene limitantes, además de que "los policías que cumplimentaron las órdenes de localización y presentación no estaban obligados a mostrarlas a los ahora indiciados".
Nájera Herrera recordó que el Ministerio Público, en ejercicio de sus atribuciones y sin requerimiento alguno, puede acogerse a la duplicidad del término constitucional de retención con el fin de enriquecer la averiguación previa correspondiente.
Por ello, confirmó que una vez que se vencieron las primeras 24 horas de haber sido presentados los 28 servidores públicos ante el representante social, éste ejerció su derecho a ampliar el plazo hasta 96 horas, que se cumplirían la tarde o noche del próximo sábado.
También aclaró que las órdenes de presentación que obsequió el Ministerio Público de la federación y posterior declaración de indiciados a los 29 servidores públicos, incluido el procurador Miguel García Hurtado, están estrictamente apegadas a derecho.
El vocero de la PGR recordó que toda esta indagatoria no está basada en papeles encontrados o declaraciones de testigos sin rostro, sino que son resultado de una serie de investigaciones.
De ellas, agregó, se han derivado detenciones de presuntos implicados y persecuciones de delitos, todos ellos relacionados con la organización criminal "La Familia Michoacana".
A partir de las declaraciones de los ahora procesados, de delincuentes y bandas vinculadas con esta organización delictiva se hicieron investigaciones de campo y de gabinete que han arrojado evidencias que relacionan a los 29 servidores y ex servidores públicos que son investigados por la SIEDO.
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