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Agua Prieta, Sonora— “Tengo que regresar con mi esposa y con mis hijos”, se repetía una y otra vez Daniel desde el momento en que fue arrestado en Seattle por conducir con una licencia vencida, hasta todo el procedimiento de deportación que lo condujo a México en junio.
Nada le impediría volver a cruzar la frontera. Salió de su ciudad natal a los 24 años, comentó. Doce años más tarde, tenía un hijo norteamericano, una esposa, tres hermanos en Estados Unidos, y hablaba el inglés con fluidez. “Seguiré intentándolo”, comentó, “hasta que consiga cruzar”. Cada vez más, ése es el retrato de la inmigración ilegal. Los refugios para migrantes a lo largo de la frontera con México no están llenos de recién llegados en busca de una mejor vida, sino de personas acostumbradas a cruzar: hombres y mujeres entrados en años, a menudo deportados, quienes enfrentan riesgos cada vez mayores para regresar junto a sus familiares en EU, el país que consideran su casa.
Tal sector representa un enorme reto para los legisladores norteamericanos, ya que continúan dirigiéndose al norte pese a los obstáculos más severos que los de cualquier otro momento de la historia reciente. No es sólo que la economía norteamericana tenga poco que ofrecer; la frontera en sí misma es cada vez más amenazante. Por un lado, las vallas se han extendido y los agentes estadounidenses se han multiplicado; por el otro, delincuentes acechan el camino a cada giro.
Y aun así, pese a que tales factores –y las mejores oportunidades en casa– han llevado a la inmigración ilegal procedente de México a sus niveles más bajos en décadas, no son suficientes para atemorizar a un considerable grupo de personas.
“La situación se ha reducido al sector más difícil de los inmigrantes”, comentó Christopher Sabatini, director principal de políticas en el Consejo de las Américas.
En efecto, el 56 por ciento de las aprehensiones realizadas en 2010 en la frontera con México fueron realizadas contra personas que anteriormente habían sido detenidas, a diferencia del 44 por ciento registrado en 2005. También, en años recientes un porcentaje creciente de deportados ya lo habían sido anteriormente, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Interna.
Para el gobierno del presidente Barack Obama, tales reincidentes se han convertido en una gran prioridad. Los procesos contra el reingreso ilegal han aumentado en más de dos terceras partes desde 2008. Funcionarios indicaron que actualmente se trata del delito penal federal más perseguido.
Obama ya ha deportado a alrededor de 1.1 millones de inmigrantes –más que cualquier otro presidente desde Dwight D. Eisenhower–, y funcionarios indican que las cantidades no disminuirán. Pero en una época en la que las dinámicas de la inmigración están cambiando, expertos y defensores cada vez se preguntan más si tal acercamiento, el cual ha definido la política migratoria desde el 9/11, aún tiene sentido.
La deportación es costosa; el gobierno paga al menos 12,500 dólares por persona, y a menudo es ineficaz: entre octubre de 2008 y el 22 de julio de este año, el Departamento de Inmigración y Aduanas gastó 2.25 billones de dólares en la deportación de 180,229 personas que habían sido deportadas anteriormente y decidieron regresar al país. Muchos más han regresado y se han mantenido ocultos.
Algunos grupos a favor de una disminución en la inmigración indican que dificultar aún más la vida de los inmigrantes indocumentados en este país sería mucho más eficaz. Sostienen que además de eliminar las oportunidades de trabajo al obligar a los contratistas que revisen la situación migratoria de los nuevos contratados, el Congreso también debería prohibir a los inmigrantes indocumentados abrir cuentas bancarias o incluso obtener membresías de bibliotecas.
“Así disminuiría la cantidad de personas que regresan una y otra vez”, comentó Bob Dane, portavoz de la Federación para una Reforma Migratoria Estadounidense.
La alternativa, de acuerdo con Doris Meissner, el principal funcionario migratorio del país de mediados de la década de 1990, es aceptar que los inmigrantes indocumentados como Daniel “son personas que tienen fuertes vínculos con Estados Unidos y no con el lugar del que vinieron”.
“Nuestras sociedades están profundamente unidas”, indicó Meissner, refiriéndose principalmente a Estados Unidos y México, la principal fuente de inmigrantes indocumentados. “Y eso no se refleja de ninguna manera en las políticas”.
El gobierno reconoce que inmigrantes como Daniel tienen raíces en Estados Unidos y por lo común no tienen antecedentes penales. Pero conforme al nuevo plan presentado el mes pasado, quienes cruzan en varias ocasiones son señalados junto a “criminales peligrosos”, “miembros de pandillas” y “personas que representan un claro riesgo a la seguridad nacional”.
Funcionarios gubernamentales indican que actualmente intentan poner fin al “efecto yo-yo” de las personas que regresan al país, como lo ordena el Congreso a partir de que proscribiera el reingreso en 1996.
Sin embargo, algunos expertos sostienen que tal intercambio en realidad va en detrimento de la seguridad. De acuerdo con detractores, luego de una década de deportaciones sin precedentes, cada vez resulta más difícil separar a los dos grupos que actualmente definen a la frontera: los delincuentes profesionales y los inmigrantes con experiencia, motivados por los lazos familiares que tienen en Estados Unidos.
“Si creen que los narcotraficantes y los terroristas son mucho más peligrosos que las sirvientas y los jardineros, entonces debemos otorgar la mayor cantidad de visas posible a tales personas a fin de poder enfocarnos en la verdadera amenaza”, comentó David Shirk, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego.
El crimen y la frontera
Quienes cruzaban la frontera por Arizona hace una o dos décadas eran muchos más, pero había menos probabilidades de que fueran una amenaza. David Jimárez, agente de la Patrulla Fronteriza con años de experiencia al sur de Tucson, recordó que incluso cuando los inmigrantes superaban a las autoridades norteamericanas 25-1, no se resistían. “Prácticamente se sentaban a esperarnos”, comentó.
En los últimos años, la mezcla ha cambiado, con la integración de más narcotraficantes y otros delincuentes.
Los impactos son de gran alcance. En las ciudades fronterizas de México, menos migración significa menos economía. Lugares como Agua Prieta, conocidos desde hace tiempo como puntos de partida, han dejado de ser lugares prósperos para convertirse en ciudades desoladas. Los taxis que transportaban a los inmigrantes a las montañas ahora no hacen más que recoger el polvo. Los restaurantes y los hoteles, como el Girasol en el centro de la ciudad, prácticamente están vacíos. Una tarde reciente, sólo tres de las 50 habitaciones estaban ocupadas.
“En 2000 teníamos las habitaciones llenas todos los días”, comentó Alejandro Rocha, el gerente del hotel.
Una nueva investigación de la Universidad de California, San Diego, muestra que actualmente el crimen es la principal preocupación para los mexicanos que planean cruzar la frontera. A la vez que el temor mantiene a muchos inmigrantes en su país de origen, muchos guías con experiencia para realizar el viaje, los “coyotes”, han dejado la inmigración ilegal para dedicarse a otros empleos.
En Tijuana, ciudad vecina de San Diego, un conocido coyote ahora vende neumáticos. En Nogales, la ciudad mexicana más grande de la frontera con Arizona, el poder está en manos de jóvenes tatuados que llevan costosos binoculares a lo largo de la valla fronteriza, mientras que aquí en Agua Prieta –donde funcionarios mexicanos indican que el tráfico es de una treintava parte de lo que alguna vez fue–, la única manera de cruzar es haciendo frente a las pandillas que algunas veces presionan a los inmigrantes para que pasen droga.
La situación es incluso peor en Matamoros, del otro lado de Brownsville, Texas. En la frontera, miembros de los cárteles exigen 300 dólares por el derecho a cruzar. Inmigrantes y las organizaciones que los apoyan indican que miembros de los cárteles rondan los refugios en busca de deportados dispuestos a trabajar como vigías, quienes ganan 400 dólares a la semana hasta que reúnen lo suficiente para pagar por su pasaje al norte.
“Estuve pensando en hacerlo”, comentó Daniel, con la vista hacia el suelo. “Pero luego pensé en mi familia”.
Agentes del orden público estadounidense indican que la mezcla de drogas, migración y violencia se ha vuelto más visible en la frontera y a lo largo de los caminos y senderos que se dirigen al norte, donde son más los inmigrantes que llevan drogas o armas –lo cual hace más probable que huyan, se resistan al arresto o cometan otros delitos.
“Hay menos tráfico, pero el que hay es más amenazante”, comentó Jimárez, el agente fronterizo.
Larry Dever, el sheriff del Condado de Cochise, Arizona, el cual se ubica al norte de Agua Prieta, estuvo de acuerdo: “Quienes trafican con personas y narcóticos ahora son más peligrosos”.
El Condado de Cochise, el cual comprende 6 mil 169 millas cuadradas de matorrales, ranchos y pequeños poblados en la esquina sur de Arizona, ha sido un punto de cruce consolidado desde mediados de la década de 1990. A partir de 2008, las autoridades de la región han seguido la pista a cada delito relacionado con inmigrantes indocumentados, en parte debido a que agentes estatales y federales frecuentemente solicitaron información, lo cual situó al Condado como un líder en cuanto a seguridad fronteriza.
En efecto, cuando un granjero de Cochise llamado Robert Krentz fue asesinado en marzo de 2010 luego de indicar por radio a su hermano que ayudaría a un presunto inmigrante indocumentado, el Condado fue el detonante de un debate de grandes alcances que con el tiempo condujo a la SB-1070, la iniciativa de Arizona que dio a las autoridades una mayor responsabilidad para ir detrás de los inmigrantes indocumentados. (Damien Cave / The New York Times)
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