EL PUEBLOA más de dos años de la tragedia de la Guardería ABC y tras recibir el auto de formal prisión por su presunta implicación en el caso, el ex director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Willebaldo Alatriste Candiani, rompió el silencio y responsabilizó a quienes fueron secretarios de Hacienda de Sonora de la falta de seguridad en la bodega donde inició la conflagración.
Ayer, Alatriste Candiani obtuvo su libertad bajo caución tras garantizar una fianza de 2.5 millones de pesos que le permitirá enfrentar el proceso fuera de la cárcel.
A quien fue titular de la UEPC durante todo el sexenio que encabezó el priista, Eduardo Bours Castelo (2003-2009) el juez de distrito lo consideró presunto responsable de homicidio y lesiones culposas.
En entrevista, Alatriste Candiani rechazó su corresponsabilidad en la tragedia al asegurar que la ley no lo obligaba a conocer de la existencia de la bodega que arrendaba la Secretaría de Hacienda y donde se originó la conflagración.
"La Ley de Protección Civil en ningún momento obliga al titular del área a inspeccionar. La verificación del cumplimiento de la ley es optativa como uno de los procedimientos que existen para aplicar la Ley", dijo.
El incendio en la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocurrido el 5 de junio de 2009, provocó la muerte de 49 niños y lesiones en decenas. Todos ellos menores de cuatro años. Las llamas iniciaron en un edificio que la Secretaría de Hacienda estatal utilizaba para almacenar documentos y placas.
Willebaldo Alatriste dijo que la responsabilidad por la conflagración en la bodega fue de los que ocuparon, durante la pasada administración, la Secretaría de Hacienda, como Guillermo Hopkins, Ernesto Vargas Gaytán y Gilberto Inda Durán, porque nunca crearon la unidad interna de protección civil.
Dicha unidad interna, refirió, debió haber sido la encargada de elaborar programas preventivos para todas sus áreas, los cuales nunca hicieron llegar a la UEPC.
"Sí hay responsabilidad del Gobierno del Estado, la ley establece claramente que los titulares de las unidades administrativas deben designar una unidad interna que funja como unidad de protección civil que tiene como obligación hacer un programa para vigilar los bienes bajo su custodia", aseguró.
"Los ex secretarios de hacienda debieron haber elaborado el programa interno de la bodega (contigua a la guardería ABC) y haber considerado las acciones para evitar que esa tragedia sucediera de esa forma", expresó.
"Aquí hay un responsable (en la conflagración de la bodega), es la Secretaría de Hacienda; o en su caso, si designó a esa unidad interna de protección civil, ese es el responsable", afirmó.
Añadió que los programas internos se debieron haber presentado a la dependencia a su cargo, lo cual no se hizo en el caso de la bodega.
"Ninguna normatividad ni procedimiento me exigía conocer su existencia. El obligado de cuidar que la bodega tuviera las medidas de seguridad era la Secretaría de Hacienda", dijo.
Asimismo dijo que a la Unidad a su cargo le resultaba imposible llevar a cabo las verificaciones, pues eran 30 mil inmuebles a revisar en todo el estado para un personal compuesto por 31 personas de las cuales dos tenían funciones de dictaminadores.
"En 2009 contábamos con dos dictaminadores con un presupuesto general de 13.5 millones de peso... Todos los años solicité recursos a la Secretaría de Gobierno y nunca me fueron autorizados", apuntó.
Ayer, Alatriste Candiani obtuvo su libertad bajo caución tras garantizar una fianza de 2.5 millones de pesos que le permitirá enfrentar el proceso fuera de la cárcel.
A quien fue titular de la UEPC durante todo el sexenio que encabezó el priista, Eduardo Bours Castelo (2003-2009) el juez de distrito lo consideró presunto responsable de homicidio y lesiones culposas.
En entrevista, Alatriste Candiani rechazó su corresponsabilidad en la tragedia al asegurar que la ley no lo obligaba a conocer de la existencia de la bodega que arrendaba la Secretaría de Hacienda y donde se originó la conflagración.
"La Ley de Protección Civil en ningún momento obliga al titular del área a inspeccionar. La verificación del cumplimiento de la ley es optativa como uno de los procedimientos que existen para aplicar la Ley", dijo.
El incendio en la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocurrido el 5 de junio de 2009, provocó la muerte de 49 niños y lesiones en decenas. Todos ellos menores de cuatro años. Las llamas iniciaron en un edificio que la Secretaría de Hacienda estatal utilizaba para almacenar documentos y placas.
Willebaldo Alatriste dijo que la responsabilidad por la conflagración en la bodega fue de los que ocuparon, durante la pasada administración, la Secretaría de Hacienda, como Guillermo Hopkins, Ernesto Vargas Gaytán y Gilberto Inda Durán, porque nunca crearon la unidad interna de protección civil.
Dicha unidad interna, refirió, debió haber sido la encargada de elaborar programas preventivos para todas sus áreas, los cuales nunca hicieron llegar a la UEPC.
"Sí hay responsabilidad del Gobierno del Estado, la ley establece claramente que los titulares de las unidades administrativas deben designar una unidad interna que funja como unidad de protección civil que tiene como obligación hacer un programa para vigilar los bienes bajo su custodia", aseguró.
"Los ex secretarios de hacienda debieron haber elaborado el programa interno de la bodega (contigua a la guardería ABC) y haber considerado las acciones para evitar que esa tragedia sucediera de esa forma", expresó.
"Aquí hay un responsable (en la conflagración de la bodega), es la Secretaría de Hacienda; o en su caso, si designó a esa unidad interna de protección civil, ese es el responsable", afirmó.
Añadió que los programas internos se debieron haber presentado a la dependencia a su cargo, lo cual no se hizo en el caso de la bodega.
"Ninguna normatividad ni procedimiento me exigía conocer su existencia. El obligado de cuidar que la bodega tuviera las medidas de seguridad era la Secretaría de Hacienda", dijo.
Asimismo dijo que a la Unidad a su cargo le resultaba imposible llevar a cabo las verificaciones, pues eran 30 mil inmuebles a revisar en todo el estado para un personal compuesto por 31 personas de las cuales dos tenían funciones de dictaminadores.
"En 2009 contábamos con dos dictaminadores con un presupuesto general de 13.5 millones de peso... Todos los años solicité recursos a la Secretaría de Gobierno y nunca me fueron autorizados", apuntó.
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