CNNMEXICOCIUDAD DE MÉXICO— La capacidad de fuego del crimen organizado rebasa por mucho a la de los cuerpos de policía del país, reconoció este jueves el secretario de Gobernación de México, Francisco Blake Mora.
“Probablemente algunas (corporaciones) que pudieran estar en condición para atacar al crimen son plenamente rebasadas por las granadas, por el armamento de alto calibre que se tiene ahí (en la delincuencia)”, dijo el funcionario durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados. “Y son las instituciones de las Fuerzas Armadas quienes han asegurado una cantidad de armas impresionante”.
Blake Mora, responsable de la política interior, sostuvo que el gobierno de México es firme en su reclamo a las autoridades de Estados Unidos para que tomen las medidas necesarias para frenar el tráfico de armamento desde su territorio, ya que éste fortalece a los grupos criminales mexicanos.
Esas exigencias, aseguró, se han intensificado desde que fue revelado el operativo Rápido y Furioso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense (ATF, por sus siglas en inglés), que presuntamente permitió el tráfico de miles de armas hacia territorio mexicano.
“No sólo va a quedar en un reclamo y en una exigencia”, dijo Blake Mora. “(De ese operativo) no tuvo conocimiento la autoridad mexicana y no lo toleraremos. Y por ende se han abierto las investigaciones y las averiguaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindan cuentas al Estado mexicano de esa situación”.
Desde diciembre de 2006, cuando inició el mandato del presidente Felipe Calderón, el gobierno federal sostiene una serie de operativos contra la delincuencia organizada en varios estados del país. Las autoridades afirman que la medida ha dado resultados, pero sus críticos consideran que ha contribuido a que aumente la violencia.
En ese contexto, Blake Mora señaló que los operativos conjuntos con varios gobiernos estatales continuarán. El gobierno federal lanzó en días pasados operaciones coordinadas en Veracruz y Guerrero, y enviará más fuerzas de seguridad a Coahuila, donde el miércoles una serie de balaceras generó una alerta roja.
“No son las Fuerzas Armadas ni las fuerzas federales las que generan la violencia (…) están ahí para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y sus garantías”, dijo el funcionario.
Legisladores: El gobierno viola derechos
A pesar de los argumentos de Blake Mora, legisladores de todos los partidos cuestionaron la estrategia anticrimen desplegada por el gobierno, al afirmar que ha derivado en violaciones a los derechos de la ciudadanía.
“En pocos años, se ha violentado flagrante y cotidianamente la libertad de tránsito; se ha hecho añicos de la inviolabilidad de los domicilios; se ha atentado contra el derecho a la vida; se ha insistido en violentar la libertad; se ha sustituido el trabajo policial por acciones militarizadas que el gobierno tolera”, dijo César Augusto Santiago, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), de izquierda, aseguraron que las acciones federales han sido contraproducentes.
“Cuando inició la actual estrategia, había seis cárteles de droga en el país; actualmente hay 16. Había dos grupos regionales y ahora hay 60. Estaban aproximadamente 54 municipios en donde la violencia y los crímenes violentos eran preocupantes, ahorita hay más de 250 municipios donde esto ocurre”, dijo la perredista Teresa Incháustegui.
El petista Enrique Ibarra, en tanto, señaló que en el contexto actual de México otros gobiernos, como el de Estados Unidos, quieren tener injerencia en el país. El legislador citó como ejemplo el reporte de Washington en el sentido de que fue desmantelado un complot terrorista apoyado por el gobierno de Irán, que había buscado apoyo de un cártel del narcotráfico mexicano.
La Presidencia de México informó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a Calderón para agradecerle el apoyo mexicano en la ubicación y arresto de uno de los sospechosos del presunto plan.
“Probablemente algunas (corporaciones) que pudieran estar en condición para atacar al crimen son plenamente rebasadas por las granadas, por el armamento de alto calibre que se tiene ahí (en la delincuencia)”, dijo el funcionario durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados. “Y son las instituciones de las Fuerzas Armadas quienes han asegurado una cantidad de armas impresionante”.
Blake Mora, responsable de la política interior, sostuvo que el gobierno de México es firme en su reclamo a las autoridades de Estados Unidos para que tomen las medidas necesarias para frenar el tráfico de armamento desde su territorio, ya que éste fortalece a los grupos criminales mexicanos.
Esas exigencias, aseguró, se han intensificado desde que fue revelado el operativo Rápido y Furioso de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense (ATF, por sus siglas en inglés), que presuntamente permitió el tráfico de miles de armas hacia territorio mexicano.
“No sólo va a quedar en un reclamo y en una exigencia”, dijo Blake Mora. “(De ese operativo) no tuvo conocimiento la autoridad mexicana y no lo toleraremos. Y por ende se han abierto las investigaciones y las averiguaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) para que rindan cuentas al Estado mexicano de esa situación”.
Desde diciembre de 2006, cuando inició el mandato del presidente Felipe Calderón, el gobierno federal sostiene una serie de operativos contra la delincuencia organizada en varios estados del país. Las autoridades afirman que la medida ha dado resultados, pero sus críticos consideran que ha contribuido a que aumente la violencia.
En ese contexto, Blake Mora señaló que los operativos conjuntos con varios gobiernos estatales continuarán. El gobierno federal lanzó en días pasados operaciones coordinadas en Veracruz y Guerrero, y enviará más fuerzas de seguridad a Coahuila, donde el miércoles una serie de balaceras generó una alerta roja.
“No son las Fuerzas Armadas ni las fuerzas federales las que generan la violencia (…) están ahí para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y sus garantías”, dijo el funcionario.
Legisladores: El gobierno viola derechos
A pesar de los argumentos de Blake Mora, legisladores de todos los partidos cuestionaron la estrategia anticrimen desplegada por el gobierno, al afirmar que ha derivado en violaciones a los derechos de la ciudadanía.
“En pocos años, se ha violentado flagrante y cotidianamente la libertad de tránsito; se ha hecho añicos de la inviolabilidad de los domicilios; se ha atentado contra el derecho a la vida; se ha insistido en violentar la libertad; se ha sustituido el trabajo policial por acciones militarizadas que el gobierno tolera”, dijo César Augusto Santiago, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), de izquierda, aseguraron que las acciones federales han sido contraproducentes.
“Cuando inició la actual estrategia, había seis cárteles de droga en el país; actualmente hay 16. Había dos grupos regionales y ahora hay 60. Estaban aproximadamente 54 municipios en donde la violencia y los crímenes violentos eran preocupantes, ahorita hay más de 250 municipios donde esto ocurre”, dijo la perredista Teresa Incháustegui.
El petista Enrique Ibarra, en tanto, señaló que en el contexto actual de México otros gobiernos, como el de Estados Unidos, quieren tener injerencia en el país. El legislador citó como ejemplo el reporte de Washington en el sentido de que fue desmantelado un complot terrorista apoyado por el gobierno de Irán, que había buscado apoyo de un cártel del narcotráfico mexicano.
La Presidencia de México informó este jueves que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a Calderón para agradecerle el apoyo mexicano en la ubicación y arresto de uno de los sospechosos del presunto plan.
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