Arrestan a ex gobernador de Chiapas por peculado

DIARIO.COM

Distrito Federal— El ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, por agentes de la Procuraduría chiapaneca, que se trasladaron hasta el lugar.

El subprocurador de Justicia de Quintana Roo, Juan Ignacio Hernández, dijo que el ex mandatario fue trasladado a Chiapas, bajo lo establecido en un convenio de colaboración con el gobierno de ese estado.

Hernández indicó que la detención ocurrió a las 19:00 horas y que el gobierno de Quintana Roo fue previamente notificado mediante el oficio de colaboración que le fue girado por la Procuraduría de Justicia de Chiapas.

En conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, el procurador Raciel López Salazar dijo que al ex gobernador se le acusa de autogestionarse un bono sexenal de 104 millones de pesos y de los delitos de abuso de autoridad, peculado y asociación delictuosa; podría alcanzar una pena de 20 años de prisión.

Pesan sobre él, otras seis demandas interpuestas por grupos civiles de la región Costa de Chiapas, por supuesto incumplimiento de la reconstrucción, tras los efectos del huracán Stan en 2005.

Anoche Salazar fue recluido en el penal de El Amate, mismo que él mandó construir.

A través de un comunicado, la Procuraduría estatal informó que el Ministerio Público presentó pruebas que acreditan que Salazar Mendiguchía, conjuntamente con diversos servidores públicos de su administración, desvió recursos del estado por 104 millones de pesos.

La dependencia comunicó que, a través de una aseguradora, contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2, que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, por supervivencia “Dotal” y por gastos funerarios por el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de terminar su administración al frente del gobierno del estado.

Los ex servidores públicos involucrados le dieron el poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, facultándola ante la Compañía Aseguradora para realizar todos los trámites correspondientes y poder cobrar los recursos públicos, lo que realizó por medio de diversos cheques el 27 de febrero de 2007, tres meses después de concluir su periodo, cuando ya no tenían la calidad de servidores públicos.

El expediente penal, integrado en 21 tomos comprende diversas diligencias, entre las que destacan, peritajes en materia contable y grafoscopía, así como testimoniales con los que se corroboró que Salazar Mendiguchía dijo que ese dinero era “un bono sexenal”, ante el fin de su administración.

Stan abrió una brecha

El expediente “Stan” abrió una brecha irreconciliable entre Juan José Sabines Guerrero y su antecesor, el aliancista Pablo Salazar Mendiguchía.

Al ex mandatario (2000-2006) se le acusa de desviar parte de los 11 mil millones de pesos destinados para los trabajos de reconstrucción en 41 municipios de Chiapas, dañados por el paso del huracán Stan en 2005.

En mayo pasado, la Policía Ministerial aprehendió al ex presidente municipal de Bellavista, Marbel Gabriel Pérez y a los ex síndicos de los municipios de Mapastepec, Leonides Cortés Lozano y de Mazapa de Madero, Adonai Jesús González de la Cruz, acusados de peculado, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa.

También está procesada en el penal El Amate, la ex titular del extinto Instituto de la Vivienda del estado, Socorro del Carmen Domínguez Aguilar. Los presuntos delitos de fraude y peculado en su contra, ascienden a más de 3 millones de pesos.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó en su momento, que las auditorías revelaron irregularidades en la administración del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales.

Precisó que inició 17 averiguaciones previas por diversos delitos relacionados con la reconstrucción, en las cuales se investigan a “directores de obras públicas, tesoreros, síndicos, presidentes municipales, supervisores de obras, titulares de dependencias y diversos funcionarios estatales de todos los niveles”.

Pablo Salazar dijo que los señalamientos en su contra forman parte de una venganza política del gobierno de Sabines Guerrero.

El pasado jueves denunció en los medios de comunicación el allanamiento violento de sus oficinas en un fraccionamiento residencial de Tuxtla Gutiérrez.

El ex mandatario presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por los hechos de esa madrugada.

En ella, precisó que la incursión del comando fue para llevarse los primeros 50 mil ejemplares del folleto“ La verdad sobre la reconstrucción”. En la denuncia de hechos se detalla que esa madrugada, los vigilantes del inmueble fueron sorprendidos por hombres cubiertos y armados con fusiles de alto poder.

“Los dos vigilantes escucharon ruidos de vehículos. Abrieron la puerta, uno de ellos topó con alguien vestido de negro. Los amagó con un arma, “cuerno de chivo” , inmovilizó a los guardias sobre el suelo con un arma. Fueron destruidos los teléfonos celulares de ambos y arrancado el interfón; los guardias alcanzaron a visualizar a dos personas más, ataviadas y armadas de igual forma, atrás del atacante”, abundó.

“Un comando equipado con armas largas, vestidos de negro, sometió a la guardia que permanecía en el lugar y procedió a sustraer cincuenta paquetes con mil ejemplares cada uno, que se encontraban en el domicilio”, precisó.

El ex gobernador aliancista había denunciado que denunciaría, si fuera necesario, “la cacería de brujas emprendida en su contra por Sabines”, en todas las instancias, nacionales e internacionales.

Por los hechos la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que inicio a la averiguación previa 253/CAJ4D-T2/2011 por el delito de robo con violencia y pidió a Salazar Mendiguchía que comparezca ante el Ministerio Público, “para oficializar” la denuncia.

La PGJE precisó que fiscalía de distrito metropolitano, inició las investigaciones correspondientes.

“Peritos especializados y elementos de la policía especializada, acudieron al inmueble para desahogar las diligencias de ley; se practicaron, entre otros, peritales de planimetría, perimetría, rastreo de huellas, avalúo de daños, así como peritajes en fotografía y vídeo”.