jueves, 30 de junio de 2011

Calderón reclama a secretarios por desatención a personas con discapacidad

CNNMEXICO

El presidente Felipe Calderón reclamó a dos de sus secretarios por no aclarar dudas sobre una ley que tiene como finalidad exigir el cumplimiento de los derechos de personas con discapacidad.


El gobierno de México creó este miércoles el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, cuyo objetivo será coordinar la elaboración de las políticas públicas necesarias para que las personas con discapacidad gocen de todos sus derechos sociales y económicos.

El establecimiento del consejo era un mandato legal. El 30 de mayo, con la promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, comenzó un plazo de 30 días para que las autoridades constituyeran el órgano.

Durante la ceremonia, el presidente Felipe Calderón reclamó a sus secretarios de Gobernación, Francisco Blake, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, por no haber aclarado dudas acerca de la declaración interpretativa contenida en la ley. La cláusula había generado molestia entre algunos sectores, que pensaban que puede dar pie a que las dependencias de gobierno interpreten las normas a su juicio.

"Ha transcurrido ya casi un mes. A mí no me ha dicho nada la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tampoco me ha dicho la Secretaría de Gobernación (Segob), porque pregunté que si no había una objeción seria para remover esa declaración interpretativa, habría que removerla", dijo Calderón.

"Y como no han dicho nada, y yo espero que por lo menos le pongan atención a los discursos del presidente, le voy a dar instrucción a la Secretaría de Relaciones para que desde este momento inicie el procedimiento para retirar la reserva o la declaración interpretativa", agregó.

Ni Blake ni Espinosa asistieron a la ceremonia, porque no forman parte del consejo.

Por la noche, la Presidencia de la República negó en un comunicado que Calderón haya reprendido a los miembros de su gabinete.

Precisó que en el caso de la Declaración Interpretativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, interpuesta por México, "la observación fue que no había surgido ninguna objeción de la SRE y de la Segob, desde la promulgación de la ley hasta hoy".

La instalación del consejo se llevó a cabo en una ceremonia en la residencia oficial de Los Pinos, que encabezó el presidente y a la que asistieron miembros de su gabinete y representantes de la sociedad.

El mandatario aplaudió el avance en la materia, al señalar que la legislación "armoniza" el marco jurídico mexicano con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaidad de la ONU, a la que México está suscrito.

La nueva institución

El consejo creado se conforma por miembros del gabinete presidencial, un integrante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y cinco representantes de una asamblea consultiva conformada por activistas, expertos y académicos.

A partir de ahora, el consejo tendrá la tarea de coordinar el diseño de políticas que generen la inclusión de las personas con discapacidad en la vida pública y castiguen a quienes las discriminen.

Para ello, llamará a las dependencias de todos los niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— a tomar medidas a favor de las personas con discapacidad y buscará la participación del sector privado en esta materia.

También elaborará un programa de trabajo que contemplará, entre otros aspectos, la promoción de una cultura de respeto y campañas para informar a las personas con discapacidad de los mecanismos para exigir el cumplimiento de sus derechos.

En México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), viven cinco millones de personas con alguna discapacidad, lo que equivale a 4.8% de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el porcentaje es mayor: 10%.

Organizaciones civiles señalan que en México las personas con discapacidad están en el olvido, sean adultos o niños. En la mayoría de los casos, carecen de medidas que permitan su acceso a productos o servicios, e incluso son víctimas de tratos crueles y degradantes.

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