CNNMEXICOEl Estado mexicano se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, seis meses después de que ese organismo internacional se pronunciara sobre el caso.
En la ceremonia de cumplimiento de la sentencia, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, dijo que el Estado estaba comprometido a cumplir la sentencia y a avanzar en la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos.
“El Ejecutivo cumplirá sin demora y en todos los resolutivos la sentencia dictada por la Corte y continuará con la implementación de todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas y sus familiares”, dijo el funcionario.
En la reunión con representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el organismo encargado de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Zamora pidió no desprestigiar a toda una institución por la mala conducta de unos pocos.
“La institución del Ejército es ampliamente apoyada y respaldada por los mexicanos y así la reconocemos y seguimos necesitando de su apoyo para llevar a nuestro país a una situación de mayor seguridad”, explicó.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos por militares el 2 de mayo de 1999. Ambos eran miembros activos de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), que había logrado acabar con la tala inmoderada en esa región de Guerrero.
La CIDH pudo comprobar que los dos campesinos fueron torturados y obligados a firmar una declaración en la que se decían responsables de portar armas de uso exclusivo del Ejército, cosechar marihuana y pertenecer al grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). Casi un año después fueron condenados.
Durante el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006), se anunció la liberación de los campesinos por cuestiones humanitarias. Sin embargo, organizaciones civiles y los dos guerrerenses siguieron en la lucha para exigir justicia y que se reconociera su inocencia.
La CoIDH comenzó a revisar el caso en junio de 2009 y un año después emitió sentencia contra el gobierno mexicano al encontrar que hubo “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los campesinos de parte de militares.
La Corte culpó a México de violar los derechos a la libertad de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, le ordenó el pago de 7,500 dólares por tratamientos médicos y de 25,500 dólares por daños materiales e inmateriales.
La sentencia contra el Estado mexicano por el caso de los campesinos, se suma a la del caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas violadas por soldados en 2002, quienes también recibieron un dictamen a su favor de parte de la CoIDH el año pasado.
Dentro de una semana, el Estado deberá comparecer ante la CoIDH en Costa Rica por el caso de una desaparición forzada a cargo de militares en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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