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CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 23, 2009.- Ante una serie de especulaciones difundidas sobre el proceso de extradición del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer una serie de puntos en los que se aclara la situación jurídica del ahora prófugo en Canadá.
El documento aclara que permanece en curso el proceso de extradición internacional por delitos del orden federal y que incluso en fechas recientes el Juzgado 32 de lo Penal en el Distrito Federal resolvió emitir una nueva orden de aprehensión contra el líder sindical.
Asimismo señala que Gómez Urrutia interpuso un juicio de amparo contra las órdenes de aprehensión libradas por los jueces 18 y 32 de lo penal en el Distrito Federal y por el juez segundo de Hermosillo, Sonora.
"Dichos juicios de amparo fueron resueltos por los juzgados concediendo el amparo para efectos al quejoso; sin embargo, inconformes tanto el promovente como el Ministerio Público del fuero común interpusieron recurso de revisión, el cual atenderá el octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal".
Por ello, la PGR agregó con fecha 27 de febrero del presente año el mencionado Tribunal Colegiado resolvió confirmar las sentencias que amparaban para efectos al quejoso mencionado.
En ese sentido, los efectos de la sentencia de amparo fueron dejar en libertad de jurisdicción a los jueces del fuero común que conocen los procesos penales contra Gómez Urrutia por diversos delitos para que, con plenitud de jurisdicción, resolvieran lo que en derecho correspondiera.
Al respecto, la PGR aclaró que "las órdenes de aprehensión derivadas de los procesos penales arriba mencionados, nada tienen que ver con el procedimiento de extradición internacional que el gobierno mexicano ha iniciado contra el señor Napoleón Gómez Urrutia".
Explicó que esto se debe a que dicho proceso de extradición "se deriva de una orden de aprehensión dictada por un juez federal y por delitos diversos de los que conocen los jueces antes mencionados".
La PGR dijo desconocer hasta la fecha "que las autoridades judiciales del Distrito Federal hayan determinado correctamente extinguido el fideicomiso de los 55 millones de dólares a que se refiere la defensa del señor Gómez Urrutia en su comunicado de prensa".
De acuerdo con el Grupo Minero México uno de los delitos de los que se le acusa es haber violado la Ley Federal de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, porque fue extinguido el fideicomiso por 55 millones de pesos sin que se hubieran cumplido los objetivos del mismo.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República negó rotundamente que "exista persecución política en contra de ningún ciudadano mexicano, ya que en este caso, como en cualquier otro, se aplica plenamente el Estado de derecho".
El documento aclara que permanece en curso el proceso de extradición internacional por delitos del orden federal y que incluso en fechas recientes el Juzgado 32 de lo Penal en el Distrito Federal resolvió emitir una nueva orden de aprehensión contra el líder sindical.
Asimismo señala que Gómez Urrutia interpuso un juicio de amparo contra las órdenes de aprehensión libradas por los jueces 18 y 32 de lo penal en el Distrito Federal y por el juez segundo de Hermosillo, Sonora.
"Dichos juicios de amparo fueron resueltos por los juzgados concediendo el amparo para efectos al quejoso; sin embargo, inconformes tanto el promovente como el Ministerio Público del fuero común interpusieron recurso de revisión, el cual atenderá el octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal".
Por ello, la PGR agregó con fecha 27 de febrero del presente año el mencionado Tribunal Colegiado resolvió confirmar las sentencias que amparaban para efectos al quejoso mencionado.
En ese sentido, los efectos de la sentencia de amparo fueron dejar en libertad de jurisdicción a los jueces del fuero común que conocen los procesos penales contra Gómez Urrutia por diversos delitos para que, con plenitud de jurisdicción, resolvieran lo que en derecho correspondiera.
Al respecto, la PGR aclaró que "las órdenes de aprehensión derivadas de los procesos penales arriba mencionados, nada tienen que ver con el procedimiento de extradición internacional que el gobierno mexicano ha iniciado contra el señor Napoleón Gómez Urrutia".
Explicó que esto se debe a que dicho proceso de extradición "se deriva de una orden de aprehensión dictada por un juez federal y por delitos diversos de los que conocen los jueces antes mencionados".
La PGR dijo desconocer hasta la fecha "que las autoridades judiciales del Distrito Federal hayan determinado correctamente extinguido el fideicomiso de los 55 millones de dólares a que se refiere la defensa del señor Gómez Urrutia en su comunicado de prensa".
De acuerdo con el Grupo Minero México uno de los delitos de los que se le acusa es haber violado la Ley Federal de Instituciones de Crédito y Organismos Auxiliares, porque fue extinguido el fideicomiso por 55 millones de pesos sin que se hubieran cumplido los objetivos del mismo.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República negó rotundamente que "exista persecución política en contra de ningún ciudadano mexicano, ya que en este caso, como en cualquier otro, se aplica plenamente el Estado de derecho".
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