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CIUDAD DE MÉXICO, México, mar. 30, 2009.- Por cinco votos a cuatro, el Consejo General del IFE multó con nueve millones 489 mil 168 pesos al PVEM por la compra y difusión ilegal de 206 spots político-electorales durante tres días en los canales 2 y 5 de Televisa, y 7 y 13 de Televisión Azteca.
Sin embargo rechazó en forma unánime imponer sanciones a ambas televisoras en virtud de que durante la contratación del espacio, el PVEM argumentó que era para la difusión de un "informe" y no para transmitir propaganda político-electoral.
El IFE respaldó por cinco votos a cuatro el proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva para "dar vista" a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, para los efectos legales a que haya lugar, así como a la unidad de fiscalización respecto a la conducta de los seis diputados que aparecen en los spots.
Los legisladores que aparecen son: José Antonio Arévalo González, Carlos Alberto Puente Salas, Francisco Elizondo Garrido, Pascual Bellizzia Rosique, Gloria Angela B. Lavara Mejía, y Alan Notholt Guerrero, pertenecientes a la fracción parlamentaria del PVEM.
El proyecto confirmó que la propaganda político-electoral se encuentra fuera de la pauta enviada por el Instituto Federal Electoral (IFE) y de la transmisión ordenada por la Cámara de Diputados.
La propaganda fue comprada con recursos privados, que fue reproducida en canales de televisión abierta en horarios preferenciales y en tiempo de veda entre precampaña y campaña.
"Creo que el Consejo General no puede dejar pasar este hecho, entre otras cosas porque los otros siete partidos políticos, sus órganos de dirección, fracciones parlamentarias y militantes han respetado con escrúpulo" la veda electoral, dijo el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
En su turno, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el Poder Legislativo Arturo Escobar destacó que en ningún momento el spot promueve el voto o bien hay en él algún precandidato o candidato del partido, de ahí que no hay ninguna irregularidad para sancionar al partido.
"Creo que los seis legisladores que acuden a las televisoras para suscribir un contrato en lo individual, como integrantes de un grupo parlamentario, lo hacen apegados a la ley", aseguró.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, recordó que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de utilizar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
A su vez, Marco Gómez Alcántar opinó que el proyecto contiene serias deficiencias legales entre ellas, pretende legislar al Artículo 134 de la Constitución, donde establece una distinción entre recursos públicos y privados que dicho articulado y la Ley Electoral no distingue.
Además, pretende legislar al afirmar que todo informe de gestión tiene que ser pagado con recursos públicos y confunde la obligación del manejo imparcial de los recursos públicos con características de propaganda gubernamental e institucional, así como las reglas de excepciones de la propaganda personalizada.
"Ningún Artículo de la Constitución o de la Ley Electoral determina de forma expresa que los recursos con los que se pague un informe de labores tiene que ser con recursos públicos exclusivamente", argumentó.
El proyecto reconoce que los diputados transgredieron lo dispuesto por los Artículos 41, base III de la Constitución Política, en relación con el Artículo 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Lo anterior "en virtud de que contrataron propaganda en televisión, en territorio nacional, con la finalidad de influir en las preferencias electorales y favorecer al Partido Verde Ecologista de México, por lo que se declara fundado el procedimiento especial sancionador".
"Así las cosas, el caso que nos ocupa una variante que sale de ese límite señalado por la Constitución y la ley, pues la propaganda de los diputados del Partido Verde fue pagada por ellos mismos, no es institucional, no forma parte de la comunicación del órgano del Estado, que es el poder legislativo", destacó el proyecto.
A favor del proyecto votaron, Leonardo Valdés, Benito Nacif, Alfredo Figueroa, Arturo Sánchez, Macarita Elizondo. En contra, Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños.
Por otra parte, el coordinador jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE), Ezequiel González Matus, presentó su renuncia el pasado viernes, con lo cual suman ya cinco las bajas al interior del organismo.
Antes de González Matus renunciaron al IFE el director jurídico, Rolando de Lassé; el coordinador de Comunicación Social, Néstor Martínez; el director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agiss Bitar, y el director del Servicio Profesional Electoral, Ignacio Ruelas.
La Asociación de Abogados Democráticos bloqueó el pasado jueves, las instalaciones del IFE en demanda de la destitución de González Matus y anteriormente, el 12 de marzo realizó un mitin con esa misma petición.
Sin embargo rechazó en forma unánime imponer sanciones a ambas televisoras en virtud de que durante la contratación del espacio, el PVEM argumentó que era para la difusión de un "informe" y no para transmitir propaganda político-electoral.
El IFE respaldó por cinco votos a cuatro el proyecto elaborado por la Secretaría Ejecutiva para "dar vista" a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, para los efectos legales a que haya lugar, así como a la unidad de fiscalización respecto a la conducta de los seis diputados que aparecen en los spots.
Los legisladores que aparecen son: José Antonio Arévalo González, Carlos Alberto Puente Salas, Francisco Elizondo Garrido, Pascual Bellizzia Rosique, Gloria Angela B. Lavara Mejía, y Alan Notholt Guerrero, pertenecientes a la fracción parlamentaria del PVEM.
El proyecto confirmó que la propaganda político-electoral se encuentra fuera de la pauta enviada por el Instituto Federal Electoral (IFE) y de la transmisión ordenada por la Cámara de Diputados.
La propaganda fue comprada con recursos privados, que fue reproducida en canales de televisión abierta en horarios preferenciales y en tiempo de veda entre precampaña y campaña.
"Creo que el Consejo General no puede dejar pasar este hecho, entre otras cosas porque los otros siete partidos políticos, sus órganos de dirección, fracciones parlamentarias y militantes han respetado con escrúpulo" la veda electoral, dijo el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
En su turno, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el Poder Legislativo Arturo Escobar destacó que en ningún momento el spot promueve el voto o bien hay en él algún precandidato o candidato del partido, de ahí que no hay ninguna irregularidad para sancionar al partido.
"Creo que los seis legisladores que acuden a las televisoras para suscribir un contrato en lo individual, como integrantes de un grupo parlamentario, lo hacen apegados a la ley", aseguró.
El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, recordó que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de utilizar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
A su vez, Marco Gómez Alcántar opinó que el proyecto contiene serias deficiencias legales entre ellas, pretende legislar al Artículo 134 de la Constitución, donde establece una distinción entre recursos públicos y privados que dicho articulado y la Ley Electoral no distingue.
Además, pretende legislar al afirmar que todo informe de gestión tiene que ser pagado con recursos públicos y confunde la obligación del manejo imparcial de los recursos públicos con características de propaganda gubernamental e institucional, así como las reglas de excepciones de la propaganda personalizada.
"Ningún Artículo de la Constitución o de la Ley Electoral determina de forma expresa que los recursos con los que se pague un informe de labores tiene que ser con recursos públicos exclusivamente", argumentó.
El proyecto reconoce que los diputados transgredieron lo dispuesto por los Artículos 41, base III de la Constitución Política, en relación con el Artículo 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Lo anterior "en virtud de que contrataron propaganda en televisión, en territorio nacional, con la finalidad de influir en las preferencias electorales y favorecer al Partido Verde Ecologista de México, por lo que se declara fundado el procedimiento especial sancionador".
"Así las cosas, el caso que nos ocupa una variante que sale de ese límite señalado por la Constitución y la ley, pues la propaganda de los diputados del Partido Verde fue pagada por ellos mismos, no es institucional, no forma parte de la comunicación del órgano del Estado, que es el poder legislativo", destacó el proyecto.
A favor del proyecto votaron, Leonardo Valdés, Benito Nacif, Alfredo Figueroa, Arturo Sánchez, Macarita Elizondo. En contra, Marco Antonio Gómez, Virgilio Andrade, Francisco Guerrero y Marco Antonio Baños.
Por otra parte, el coordinador jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE), Ezequiel González Matus, presentó su renuncia el pasado viernes, con lo cual suman ya cinco las bajas al interior del organismo.
Antes de González Matus renunciaron al IFE el director jurídico, Rolando de Lassé; el coordinador de Comunicación Social, Néstor Martínez; el director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Fernando Agiss Bitar, y el director del Servicio Profesional Electoral, Ignacio Ruelas.
La Asociación de Abogados Democráticos bloqueó el pasado jueves, las instalaciones del IFE en demanda de la destitución de González Matus y anteriormente, el 12 de marzo realizó un mitin con esa misma petición.
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