EL PUEBLO
México.- Tras señalar que se hará justicia en los hechos criminales ocurridos en el Casino Royale, de Monterrey, el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, informó que en el país hay al menos 60 casas de juego que operan sin permiso formal.
En rueda de prensa explicó que del total, 43 casinos operan bajo criterios de exención regulatoria, diez con suspensión jurisdiccional y siete con permisos cuya autenticidad no está demostrada, por lo cual se encuentran en litigio.
Gutiérrez González dijo que a la Secretaría de Gobernación (Segob) le preocupa la actuación de un juez de Torreón que ha otorgado permisos a estas casas de juego, pues desde 1954 sólo se han autorizado 27.
El funcionario federal refirió que de estos permisos derivan 561 centros de apuesta, de los cuales 255 no pueden operar si no cuentan con las licencias en regla, mientras que los restantes 306 funcionan de manera regular.
En este marco, desglosó que de 1953 a 1958 y de 1970 a 1976, se otorgó un permiso, respectivamente; éste último derivó en 22 establecimientos, mientras que de 1976 a 1982 se autorizó un permiso lo que concluyó con la apertura de siete centros de apuesta.
Además, de 1988 a 1994 se expidieron 14 permisos, que derivaron en la apertura de 41 casas de apuesta; de 1994 a 2000 se avalaron dos permisos con 83 casinos; de 2000 a 2006 se emitieron siete permisos con 183 establecimientos y, de 2006 a 2012, un permiso que concluyó en la apertura de 35 centros de apuestas.
En este marco, el funcionario resaltó que lo sucedido en el Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas, es un acto criminal al margen de la situación regulatoria de los casinos, que atienden las autoridades competentes para que se haga justicia.
“No debemos de perder de vista que se trató de un acto criminal. Esa acción criminal, cobarde y bárbara está teniendo la atención de las autoridades competentes con avances muy significativos y con un enorme compromiso de coadyuvancia y coordinación de la Federación con las autoridades estatales para que haya justicia en Monterrey”, dijo.
El subsecretario de Gobierno comentó que existe una relación muy compleja entre el concesionario y el operador, de tal suerte que se tardará un tiempo en aclarar la situación en que se encuentra el Casino Royale.
Asimismo, dijo que ese centro de apuestas no se encuentra registrado como permisionario ante la dependencia.
Recordó que la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob cuenta con 44 inspectores, pero que en aquellos centros de apuestas que no cuentan con permiso se apoyan con el Ministerio Público, pues la falta administrativa regularmente va acompañada del juego ilegal.
Respecto a si se indemnizará a las víctimas del casino, el subsecretario aclaró que los permisos que emite la Segob no regulan las relaciones ni las consecuencias entre particulares, sino entre el permisionario y la autoridad.
Entonces, “los permisos no prevén de manera directa, no es su objetivo prever indemnizaciones de tipo alguno, no es su materia, no es su competencia.
“Ello no indica que las personas que resultaron afectadas no puedan reclamar lo que consideren que es su derecho”, puntualizó.
En rueda de prensa explicó que del total, 43 casinos operan bajo criterios de exención regulatoria, diez con suspensión jurisdiccional y siete con permisos cuya autenticidad no está demostrada, por lo cual se encuentran en litigio.
Gutiérrez González dijo que a la Secretaría de Gobernación (Segob) le preocupa la actuación de un juez de Torreón que ha otorgado permisos a estas casas de juego, pues desde 1954 sólo se han autorizado 27.
El funcionario federal refirió que de estos permisos derivan 561 centros de apuesta, de los cuales 255 no pueden operar si no cuentan con las licencias en regla, mientras que los restantes 306 funcionan de manera regular.
En este marco, desglosó que de 1953 a 1958 y de 1970 a 1976, se otorgó un permiso, respectivamente; éste último derivó en 22 establecimientos, mientras que de 1976 a 1982 se autorizó un permiso lo que concluyó con la apertura de siete centros de apuesta.
Además, de 1988 a 1994 se expidieron 14 permisos, que derivaron en la apertura de 41 casas de apuesta; de 1994 a 2000 se avalaron dos permisos con 83 casinos; de 2000 a 2006 se emitieron siete permisos con 183 establecimientos y, de 2006 a 2012, un permiso que concluyó en la apertura de 35 centros de apuestas.
En este marco, el funcionario resaltó que lo sucedido en el Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas, es un acto criminal al margen de la situación regulatoria de los casinos, que atienden las autoridades competentes para que se haga justicia.
“No debemos de perder de vista que se trató de un acto criminal. Esa acción criminal, cobarde y bárbara está teniendo la atención de las autoridades competentes con avances muy significativos y con un enorme compromiso de coadyuvancia y coordinación de la Federación con las autoridades estatales para que haya justicia en Monterrey”, dijo.
El subsecretario de Gobierno comentó que existe una relación muy compleja entre el concesionario y el operador, de tal suerte que se tardará un tiempo en aclarar la situación en que se encuentra el Casino Royale.
Asimismo, dijo que ese centro de apuestas no se encuentra registrado como permisionario ante la dependencia.
Recordó que la Dirección de Juegos y Sorteos de la Segob cuenta con 44 inspectores, pero que en aquellos centros de apuestas que no cuentan con permiso se apoyan con el Ministerio Público, pues la falta administrativa regularmente va acompañada del juego ilegal.
Respecto a si se indemnizará a las víctimas del casino, el subsecretario aclaró que los permisos que emite la Segob no regulan las relaciones ni las consecuencias entre particulares, sino entre el permisionario y la autoridad.
Entonces, “los permisos no prevén de manera directa, no es su objetivo prever indemnizaciones de tipo alguno, no es su materia, no es su competencia.
“Ello no indica que las personas que resultaron afectadas no puedan reclamar lo que consideren que es su derecho”, puntualizó.
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