miércoles, 21 de septiembre de 2011

Casino Royale: sin pruebas, el alcalde de Monterrey dice que no mintió



CNNMEXICO


La comisión investigadora del Congreso de Nuevo León instalada para indagar los permisos otorgados al casino Royale, donde murieron 52 personas, es "una cortina de humo" para distraer la atención del público y un medio para lucrar políticamente con una tragedia, afirmó en una rueda de prensa el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal.

Sin pruebas, el edil salió a defenderse después de que este lunes la comisión legislativa afirmó que Larrazabal no ordenó la clausura del casino que el pasado 25 de agosto un grupo de hombres incendió.

Larrazabal dijo que no daría pruebas de que lo clausuró porque toda esa documentacion ya se la entregó a la Procuraduría General de la República, quien investiga el caso.

A pregunta expresa de si clausuró o no el casino, el alcalde de Monterrey expuso que no quería entrar en "discusiones políticas".

"No se vale lucrar políticamente con un tema en el que hay mucho dolor en los ciudadanos (...) Los señores diputados en lugar de andar haciendo cortinas de humo, más bien que se pongan a ver su tema, que es la legislación”, dijo el edil panista este martes.

El lunes, la comisión investigadora del atentado en el casino afirmó que el alcalde mintió al decir que había ordenado la clausura del centro de apuestas y juegos.

El presidente de la comisión y líder de bancada del opuesto Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso estatal, Héctor Gutiérrez de la Garza, informó que el casino no fue clausurado 4 de mayo y que existen irregularidades en los permisos otorgados por las autoridades federales y locales.

El diputado dijo que el ayuntamiento de Monterrey otorgó un permiso en septiembre de 2007 a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta para operar el casino en avenida San Jerónimo número 205, pero en la orden de clausura figura el número 307 de la citada vialidad.

“Entre chismes y pleitos de diputados, yo no le veo ningún sentido (a la comisión)”, respondió Larrazabal, “si así son para legislar como investigan, pues con razón estamos como estamos”.

El edil señaló que esa investigación no le compete a los legisladores, sino a la fiscalía estatal y a la Procuraduría General de la República (PGR), instituciones que, según él, ya recibieron toda la documentación relacionada con el casino expedida por la administración municipal.

“Cuando se mezcla lo político con un tema estrictamente jurídico, como una averiguación, lo político lo único que ocasiona es una cortina de humo, confunde más de la gente, y se aleja del objetivo principal que es encontrar la verdad e impartir la justicia”.

La comisión concluirá su trabajo el próximo 14 de octubre, salvo que el pleno del Congreso estatal solicite una prórroga. Su objetivo es el de investigar la situación jurídica de los permisos otorgados al casino por autoridades de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con Gutiérrez de la Garza.

La investigación del Congreso se realiza de forma paralela a la que hacen la procuraduría de Nuevo León y el gobierno federal, a través de la PGR, Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda.

El ataque en el casino Royale es uno de los incidentes más violentos desde 2006, cuando el gobierno federal inició su estrategia de combate frontal al crimen organizado.

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