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Al menos 20 policías federales han desaparecido en los últimos dos años y medio en el marco de operativos contra el crimen organizado.
Los agentes desaparecieron en Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Distrito Federal y Coahuila, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), obtenido vía Transparencia. De acuerdo con el documento, seis son suboficiales, considerados como mandos medios, y 14 son elementos de la tropa de la Policía Federal: 12 policías terceros, un policía segundo y otro más, policía primero.
El secuestro más numeroso se reportó el 16 de noviembre de 2009, cuando no se volvió a saber de siete agentes que fueron enviados a Michoacán para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Hidalgo.
En junio, Araceli Rodríguez, madre de una de las víctimas, reprochó la dilación en la búsqueda de su hijo al presidente Felipe Calderón y al titular de la SSP, Genaro García Luna, durante el diálogo que ambos sostuvieron con familiares de desaparecidos o asesinados en el marco de lucha contra el crimen organizado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.
El caso actualmente es investigado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que dio vista al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.
Cabe destacar que de 2009 a marzo pasado, la corporación reportó la muerte de 194 agentes como parte de la lucha antinarco.
Apenas el martes 13 de septiembre, en Zacatecas, fueron encontrados los cuerpos de dos agentes federales, quienes habían sido secuestrados unos días antes.
Expertos en seguridad nacional consideraron que a diferencia de corporaciones internacionales, en México las dependencias encargadas de la seguridad no se interesan en perseguir y castigar a quienes agreden, desaparecen o incluso asesinan a sus agentes.
“Sin duda el mensaje es un reto y la señal es que se están cumpliendo las amenazas, es decir, que el crimen organizado no teme llevar a cabo ningún tipo de represalia en contra de los agentes en virtud del propio poder que ha adquirido”, consideró Carlos Humberto Toledo, catedrático de seguridad nacional en Estados Unidos.
En todos los casos se han iniciado investigaciones tanto al interior de la Policía Federal como en las procuradurías correspondientes; sin embargo, no existen avances que permitan dar con el paradero de las víctimas, al tiempo que las familias han quedado desamparadas. “En nuestro país cuando algún elemento policial muere la forma más fácil de evitar su investigación es decir o sospechar que se encontraba incorporado a las filas de la delincuencia organizada”, enfatizó Arturo Carlos Arango, experto en estadística criminal.
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