UNIVERSAL Tres ministros votan contra decisión; ocho dicen que no se acreditó delito.
Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó ayer un amparo y ordenó liberar de inmediato a la profesora Magdalena García Soto, sentenciada por participar en la violación de un menor en un colegio privado de Oaxaca.
En una discusión que polarizó al pleno, ocho de los 11 ministros consideraron que no había pruebas suficientes sobre la responsabilidad de García Soto; cinco votaron por concederle el amparo “liso y llano”, y tres por ampararla para que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) emitiera una nueva sentencia. Incluso los ministros Salvador Aguirre y Margarita Luna pusieron en duda que existiera el delito.
En contra de otorgar el amparo votaron el ministro presidente, Juan Silva Meza; la ponente, Olga Sánchez Cordero, y Arturo Zaldívar, quienes sustentaron su voto en la defensa del principio del interés superior del niño.
Silva Meza recordó a sus colegas que la Corte había decidido atraer el caso para establecer criterios en torno a los derechos de los niños víctimas de un delito, particularmente de ilícitos de índole sexual, y así poder sentar un importante precedente judicial.
“En el marco de la ponderación judicial entran en juego el amparo del derecho del niño a ser escuchado, a que se le reconozca su capacidad como testigo de delitos, a la luz de su autonomía progresiva y del interés superior del niño, que no se satisfacen con la mera formalidad de escucharlo”, dijo el ministro.
Recordó que, según diversos instrumentos internacionales, el testimonio de un menor víctima de un delito debe tener un peso preponderante en las resoluciones judiciales, y que esa responsabilidad no puede eludirse diciendo que los niños mienten, que son aleccionados o manipulados por su edad.
En este caso, dijo, no hay un solo elemento que permita dudar de la credibilidad del menor, quien tenía cuatro años en el momento de la agresión, aunque admitió que la averiguación previa y las pruebas aportadas contra la acusada pudieron integrarse mejor.
El niño acusó a la profesora del Instituto San Felipe de conducirlo al gimnasio, donde fue agredido sexualmente por Hugo Gabriel Constantino, esposo de la dueña del plantel, y el maestro de computación, Adán Salvador Pérez, ambos prófugos desde 2007.
Víctima recurrirá a la CIDH
Los ministros de la mayoría argumentaron que la única prueba contra la profesora eran las declaraciones del niño, y que sustentar una sentencia condenatoria en ese testimonio contravenía el principio de presunción de inocencia.
En esta postura coincidieron los ministros José Ramón Cossío, Luis María Aguilar, Fernando Franco, Guillermo Ortiz, Margarita Luna, Sergio Valls y Jorge Mario Pardo.
Algunos desestimaron las pruebas periciales por diversas deficiencias, calificándolas de “simples opiniones, no dictámenes”. El ministro Aguirre afirmó: “Yo sostengo que la declaración del menor por sí misma carece de valor probatorio, y ésta, aunada a las pruebas periciales —y lo digo entre comillas— ofrecidas por la denunciante, no crean en mí la convicción de que en el expediente que se analiza esté acreditada la comisión del delito”.
Pardo, Valls y Aguirre estimaron que el tribunal de Oaxaca no valoró las pruebas de descargo aportadas por la defensa de la quejosa, y propusieron conceder el amparo para que se dictara una nueva sentencia, pero los otros cinco ministros hicieron valer su mayoría para ordenar su inmediata liberación.
Magdalena García fue sentenciada inicialmente a 10 años de prisión por violación equiparada, condena que la Sala Penal del TSJ de Oaxaca redujo a seis años y ocho meses, al resolver la apelación el 6 de febrero de 2010.
Felipe Canseco, abogado de la madre de la víctima, cuestionó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, asegura, “victimiza nuevamente al niño”, y anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues México se ha convertido “en el paraíso de los pedófilos y los pederastas”.
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