DIARIO.COMDistrito Federal– Horas de incertidumbre en el pabellón de la muerte donde permanece desde hace 16 años, son las que enfrenta el mexicano Humberto Leal García. Una decisión de suspender su ejecución, por parte del gobernador de Texas, Rick Perry, o un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, de posponerla temporalmente, son las únicas opciones que lo separan de recibir hoy jueves la inyección letal.
A Leal se le acusa de la violación y asesinato de una adolescente, ocurridos en 1994, en San Antonio, Texas, pero su defensa argumenta que practicar pruebas de ADN ahora –que nunca se realizaron– podrían echar a tierra el caso en su contra, pero autoridades de Texas negaron esta posibilidad.
El gobierno texano rechazó acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya –conocido como el caso Avena–, que desde 2004 concluyó que en 51 casos de mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos se violó el derecho a la protección consular, por lo que ordenó la revisión de sus procesos judiciales.
A las 18:00 horas de este jueves, si Perry no pospone la ejecución o el máximo tribunal de Estados Unidos no la posterga, Leal recibirá la dosis letal que acabaría con su vida en menos de 10 minutos, a pesar de que el gobierno de Barack Obama, México y las Naciones Unidas, entre otros, advierten que su ejecución sería una violación al derecho internacional.
Cada hora, en la cuenta regresiva para que se cumpla la condena, se repite la historia: protestas, las mismas gestiones por parte de México, cartas de gobiernos y de organismos internacionales requiriendo que se cumpla la sentencia de la CIJ o que se conmute la pena por cadena perpetua, todo resultó infructuoso y las autoridades texanas ejecutaron a José Ernesto Medellín Rojas el 5 de agosto de 2008.
Aunque en el caso de Humberto, el 1 de julio pasado el gobierno de Obama en un hecho inédito presentó una moción ante la Corte Suprema, a fin de que se discuta una ley que obligaría a las cortes estatales a cumplir la resolución de la CIJ. La decisión debe tomarse en las próximas horas.
En el caso Avena, el tribunal de La Haya concluyó que en el proceso de 51 mexicanos sentenciados a pena capital, al violarse su derecho a recibir asistencia consular se vulneró su garantía a un proceso justo y a una adecuada defensa, por lo que todos los casos en que existió esa irregularidad deben ser revisados.
El gobierno texano afirma que no hay una ley federal que lo obligue a acatar la resolución de la CIJ; que ésta no tiene jurisdicción en el estado, y que las ejecuciones seguirán como han sido programadas, sustentando su argumento en un fallo de la Corte de 2008.
El regiomontano Humberto Leal tenía 21 años cuando fue detenido, acusado de participar en el secuestro, violación y asesinato de Adria Sauceda, de 16 años, perpetrado el 21 de mayo de 1994, en San Antonio. Durante su juicio, nunca se le notificó su derecho a recibir asistencia consular, previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena.
Su abogada, Sandra Babcock, ha asegurado que “de haber tenido asistencia consular, (Leal) no hubiera sido hallado culpable, hubiera tenido un abogado competente, ayuda de expertos”.
En el expediente 12.664 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que la defensa de Leal “corrió a cargo de abogados inefectivos: uno fue sancionado en tres ocasiones por violación de las normas de ética del estado e inhabilitado dos veces por desatender obligaciones legales”.
Además, la defensa actual encontró deficiencias serias en las pruebas que se aportaron en el juicio en el que en 1995 se le encontró culpable.
Jamás se practicaron pruebas de ADN para verificar que la sangre hallada en la ropa de Leal correspondía a la de la víctima; no se tomaron muestras del semen hallado en la joven. También se ha puesto en duda el análisis de una mordida hallada en el cuerpo y que presuntamente coincidió con el registro dental del mexicano, y nunca se tomaron muestras de saliva para peritajes.
Estos estudios podrían confirmar o no la sentencia, pero los tribunales texanos han negado toda posibilidad de revisión del caso y que se evalúen las evidencias con tecnología moderna. El plazo se fue extinguiendo sin que se acatara el fallo de la CIJ.
A Leal, que alega inocencia, sólo le queda seguir la espera que inició hace 16 años para saber si hay un futuro, hasta que el reloj marque las 18:00 horas.
Sería devastador que suspendan la ejecución: madre de víctima
Pero suspender la ejecución del reo mexicano Humberto Leal García, sería devastador para los familiares de su víctima, aseguró la madre de la joven asesinada hace 17 años.
La familia ha sufrido demasiado tiempo en espera de justicia, dijo Esther Ruiz, madre de Adria Sauceda.
“Un tecnicismo no le concede a nadie el derecho de venir a este país a violar, torturar y matar a alguien, en este caso mi hija”, indicó la madre de Sauceda en entrevista con la estación de televisión KSAT de San Antonio.
Ruiz aseguró recordar cada momento que pasó con su hija Adria, desde que nació hasta que murió. “Ella era una jovencita hermosa, brillante, vibrante. Llena de aspiraciones y esperanza”.
La madre dijo que desde que Adria murió, ella ha estado buscando justicia para su hija y el cierre de este doloroso capítulo para ella. “Ha sido muy duro para mí misma y para los miembros de la familia. Luego de casi dos décadas, deseamos que termine”, indicó
A Leal se le acusa de la violación y asesinato de una adolescente, ocurridos en 1994, en San Antonio, Texas, pero su defensa argumenta que practicar pruebas de ADN ahora –que nunca se realizaron– podrían echar a tierra el caso en su contra, pero autoridades de Texas negaron esta posibilidad.
El gobierno texano rechazó acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya –conocido como el caso Avena–, que desde 2004 concluyó que en 51 casos de mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos se violó el derecho a la protección consular, por lo que ordenó la revisión de sus procesos judiciales.
A las 18:00 horas de este jueves, si Perry no pospone la ejecución o el máximo tribunal de Estados Unidos no la posterga, Leal recibirá la dosis letal que acabaría con su vida en menos de 10 minutos, a pesar de que el gobierno de Barack Obama, México y las Naciones Unidas, entre otros, advierten que su ejecución sería una violación al derecho internacional.
Cada hora, en la cuenta regresiva para que se cumpla la condena, se repite la historia: protestas, las mismas gestiones por parte de México, cartas de gobiernos y de organismos internacionales requiriendo que se cumpla la sentencia de la CIJ o que se conmute la pena por cadena perpetua, todo resultó infructuoso y las autoridades texanas ejecutaron a José Ernesto Medellín Rojas el 5 de agosto de 2008.
Aunque en el caso de Humberto, el 1 de julio pasado el gobierno de Obama en un hecho inédito presentó una moción ante la Corte Suprema, a fin de que se discuta una ley que obligaría a las cortes estatales a cumplir la resolución de la CIJ. La decisión debe tomarse en las próximas horas.
En el caso Avena, el tribunal de La Haya concluyó que en el proceso de 51 mexicanos sentenciados a pena capital, al violarse su derecho a recibir asistencia consular se vulneró su garantía a un proceso justo y a una adecuada defensa, por lo que todos los casos en que existió esa irregularidad deben ser revisados.
El gobierno texano afirma que no hay una ley federal que lo obligue a acatar la resolución de la CIJ; que ésta no tiene jurisdicción en el estado, y que las ejecuciones seguirán como han sido programadas, sustentando su argumento en un fallo de la Corte de 2008.
El regiomontano Humberto Leal tenía 21 años cuando fue detenido, acusado de participar en el secuestro, violación y asesinato de Adria Sauceda, de 16 años, perpetrado el 21 de mayo de 1994, en San Antonio. Durante su juicio, nunca se le notificó su derecho a recibir asistencia consular, previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena.
Su abogada, Sandra Babcock, ha asegurado que “de haber tenido asistencia consular, (Leal) no hubiera sido hallado culpable, hubiera tenido un abogado competente, ayuda de expertos”.
En el expediente 12.664 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que la defensa de Leal “corrió a cargo de abogados inefectivos: uno fue sancionado en tres ocasiones por violación de las normas de ética del estado e inhabilitado dos veces por desatender obligaciones legales”.
Además, la defensa actual encontró deficiencias serias en las pruebas que se aportaron en el juicio en el que en 1995 se le encontró culpable.
Jamás se practicaron pruebas de ADN para verificar que la sangre hallada en la ropa de Leal correspondía a la de la víctima; no se tomaron muestras del semen hallado en la joven. También se ha puesto en duda el análisis de una mordida hallada en el cuerpo y que presuntamente coincidió con el registro dental del mexicano, y nunca se tomaron muestras de saliva para peritajes.
Estos estudios podrían confirmar o no la sentencia, pero los tribunales texanos han negado toda posibilidad de revisión del caso y que se evalúen las evidencias con tecnología moderna. El plazo se fue extinguiendo sin que se acatara el fallo de la CIJ.
A Leal, que alega inocencia, sólo le queda seguir la espera que inició hace 16 años para saber si hay un futuro, hasta que el reloj marque las 18:00 horas.
Sería devastador que suspendan la ejecución: madre de víctima
Pero suspender la ejecución del reo mexicano Humberto Leal García, sería devastador para los familiares de su víctima, aseguró la madre de la joven asesinada hace 17 años.
La familia ha sufrido demasiado tiempo en espera de justicia, dijo Esther Ruiz, madre de Adria Sauceda.
“Un tecnicismo no le concede a nadie el derecho de venir a este país a violar, torturar y matar a alguien, en este caso mi hija”, indicó la madre de Sauceda en entrevista con la estación de televisión KSAT de San Antonio.
Ruiz aseguró recordar cada momento que pasó con su hija Adria, desde que nació hasta que murió. “Ella era una jovencita hermosa, brillante, vibrante. Llena de aspiraciones y esperanza”.
La madre dijo que desde que Adria murió, ella ha estado buscando justicia para su hija y el cierre de este doloroso capítulo para ella. “Ha sido muy duro para mí misma y para los miembros de la familia. Luego de casi dos décadas, deseamos que termine”, indicó
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