EL HERALDO DE CHIHUAHUALa Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de 8 millones de pesos para quien dé información acerca del paradero de Ángel Erasmo Quezada Almanza, "el Chabelo", identificado como asesino del abogado Mario González, hermano de la exprocuradora Patricia González.
Asimismo, la PGR ofrece 5 millones por información que lleve a la captura de los asesinos de Benjamín LeBarón y Luis Widmar; y 4 millones para quien dé datos sobre los primos José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, todos desaparecidos en San Buenaventura, Chihuahua, quienes fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados y hasta la fecha siguen sin ser localizados; así como un millón de pesos más por los responsables de la privación de las tres últimas personas.
En dos acuerdos de la procuradora Marisela Morales Ibáñez publicados en el Diario Oficial de la Federación se pide la colaboración de la ciudadanía mediante el esquema de recompensas, que para estos casos asciende a los 18 millones de pesos.
El acuerdo A/054/11 establece que se busca información veraz y útil que ayude a la identificación y localización de Ángel Erasmo Quezada Almanza por ser probable responsable de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El abogado fue privado de la libertad en su despacho de la colonia Santo Niño en octubre de 2010 y su cadáver fue localizado hasta noviembre, luego de la aparición de videos en los que Mario Ángel se ve rodeado de hombres armados contestando a preguntas que le son formuladas.
Entre los asesinos del abogado, hermano de Patricia González, quien fuera procuradora general de Justicia de Chihuahua hasta octubre de 2010, se encuentra Quezada Almanza, de acuerdo con las investigaciones de la PGR, razón por la que se hace el ofrecimiento a la sociedad de entregar hasta 8 millones a quien ayude a identificarlo.
En el mismo acuerdo la PGR pide la colaboración de la ciudadanía para la identificación, localización, detención o aprehensión de otros probables responsables en los homicidios de Benjamín Franklin LeBarón Ray y Luis Carlos Widmar Stubbs, cometidos en Galeana en julio de 2009.
En septiembre de 2009 fue detenido en Nuevo Casas Grandes José Rodolfo Escajeda, alias Rikin, lugarteniente y operador de la organización criminal Carrillo Fuentes y autor intelectual de las muertes de LeBarón y Widmar, quien permanece detenido en un penal federal.
Aparte de Rikin Escajeda la PGR tiene información de otros asesinos que participaron en el homicidio de los habitantes de la comunidad de LeBarón, en Galeana, por lo que ofrece 5 millones de pesos.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación no hace alusión a la relación de los crímenes del abogado y los jóvenes que habían participado en protestas por la ola de secuestros que azotó la región noroeste del estado en aquellos tiempos.
En un segundo acuerdo de la procuradora Morales Ibáñez, de tres que se publicaron ayer en el DOF, se establece una recompensa por la localización de Alvarado Herrera, Alvarado Espinoza y Alvarado Reyes, quienes se enlistan en los casos de desapariciones forzadas en México.
El acuerdo específico A/055/51 señala que con fecha 8 de marzo de 2010 la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) inició una averiguación previa con motivo del requerimiento de investigación que hiciera el titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien refirió la desaparición de las tres personas en Buenaventura.
"Se considera que el asunto es trascendente, pues se encuentra en revisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace indispensable agotar todos los medios necesarios para allegar elementos al Ministerio Público de la federación a fin de integrar una debida investigación", establece la publicación.
Según los registros de la investigación, el 29 de diciembre de 2009, en Buenaventura, alrededor de las ocho de la noche unos 10 presuntos militares ingresaron al domicilio de José Alvarado Herrera, de 30 años, y se lo llevaron a la fuerza junto con su prima, de nombre Nitza Paola Alvarado Espinoza, de 31. Ese mismo día, en el mismo municipio, los supuestos elementos del Ejército sacaron sin orden judicial alguna a Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, de casa de su madre, a quien encerraron en el baño junto con dos menores de edad. Desde entonces se desconoce el paradero de los tres.
Al día siguiente los familiares acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes para interponer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, pero las autoridades se negaron y los enviaron al de Buenaventura.
Los familiares se dirigieron a ese poblado, mas no había nadie que los atendiera en las oficinas, por lo que tuvieron que regresar el 31 de diciembre de 2009, cuando por fin pudieron presentar la denuncia por el delito de privación ilegal de la libertad ante Aarón Enríquez Duarte, ministerio público de Buenaventura, quien les dijo que sus familiares estaban en el Batallón 35 de Infantería porque se había realizado una redada en su comunidad y estaban siendo investigados.
Los familiares han presentado quejas en organismos de derechos humanos locales, estatales y federales sin resultados hasta la fecha, llegando el caso a la Corte Interamericana, que ha conminado al Estado mexicano a dar respuesta por la presunción de que participaron elementos militares en su desaparición.
Por ese motivo la PGR ofrece 4 millones de pesos por datos que ayuden a localizar a los desaparecidos, y un millón por información de los responsables del delito.
La información que aporten los particulares sobre las personas a que se refiere el artículo segundo de este Acuerdo será recibida por los medios siguientes: En el domicilio: Calle Río Elba número 17, Col. Cuauhtémoc, Delegación Política Cuauhtémoc, México, D.F. C.P 06500; en la calle Juan de la Barrera número 661, fraccionamiento "La Joya", C.P 32330, en Ciudad Juárez, Chihuahua; en el correo electrónico: denunciapgr@pgr.gob.mx y en los números telefónicos (55) 5346-2517 y (55) 5346-2518, en la Ciudad de México, Distrito Federal y 01-800-831-3196 desde cualquier parte del país.
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