EL UNIVERSALAdvierten que tres municipios presentan adeudos millonarios
LA PAZ
Tras cumplirse dos meses de la renovación de ayuntamientos, los avances de las auditorías arrojan deudas millonarias, créditos mal manejados y presuntos desvíos en La Paz, Loreto y Comondú; esto además de la denuncia penal que existe en contra del ex mandatario de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.
En el municipio de La Paz, el informe presentado de la entrega-recepción que realizó el anterior ayuntamiento, encabezado por la perredista Rosa Delia Cota Montaño, se evidencia una deuda que asciende a los 607 millones 897 mil 885 pesos.
Además se informó que gran parte del inventario en áreas como Seguridad Pública, Servicios Públicos, Obras y Protección Civil resulta inservible, contrario a la información que se precisó en los listados entregados.
En tanto, el presidente municipal de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, afirmó que se sigue trabajando en la revisión de la cuentas de la pasada administración, sin embargo, adelantó que se presume un desvío de al menos 25 millones de pesos, resultado de una investigación de facturas alteradas y documentos sin sustento legal.
El alcalde mencionó que se detectó un “mal uso” de los recursos provenientes de los programas federales, obras sin concluir y sin expedientes. Asimismo, indicó que existen documentos que no aparecen como algunas actas de Cabildo, y se suma —dijo— un adeudo de 67 millones de pesos, correspondiente a un crédito.
En el caso de Loreto, el edil, Jorge Alberto Avilés Pérez, informó que se detectaron presuntos desvíos correspondientes sobre todo a participaciones federales, situación que ha impedido dar seguimiento a diversos programas, entre ellos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Aumentan pago de nómina
De acuerdo con la revisión realizada por la tesorería municipal, al menos 20 millones de pesos correspondientes a recursos federales de los programas de Hábitat, Rescate de espacios públicos, Comisión Nacional del Deporte y otros, no se ejercieron y se fueron al gasto corriente, pero principalmente para el pago de nómina.
El tesorero del ayuntamiento, Alberto Higuera, expuso en entrevista que Loreto enfrenta un adeudo que asciende a 140 millones de pesos, correspondiente a créditos, pago a proveedores, sueldos retrasados, incluso enfrenta más de 30 demandas por despido injustificado, demandas de la administración anterior, que representan una erogación de 30 millones de pesos.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) integró la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011, a partir de la denuncia que presentó el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra, José Refugio Carrillo Sánchez, ante el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos cometidos por servidores públicos.
La denuncia —relacionada con la irregular enajenación de terrenos en Los Cabos— menciona como probables responsables de los delitos mencionados al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, así como al ex secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, además de quienes resulten responsables en agravio de la Administración Pública.
Enajenación de terrenos
Sobre los hechos, el procurador del estado, Gamill Arreola, informó que se trata de la enajenación de siete terrenos ubicados en el fraccionamiento El Pedregal, de Cabo San Lucas.
Los terrenos se licitaron en 2007 con un valor de 76 millones de pesos, pero tres años después se dejó sin efecto la licitación, bajo el argumento de que no se había pagado lo acordado, esto pese a que en su tiempo, se afirmó lo contrario, es decir, que estaba cubierto el pago.
En febrero de 2011 —dos meses antes que Agúndez Montaño terminara su periodo de gestión— los siete predios fueron vendidos nuevamente, pero en 23 millones 980 mil pesos, por lo que —afirmó el fiscal— se presume una diferencia de 52 millones 220 mil pesos en agravio del erario estatal.
Luego de conocerse la denuncia, el ex gobernador informó desconfiar de las autoridades locales, por lo que solicitó un amparo ante la justicia federal, el cual le fue concedió por parte del juez primero de Distrito de La Paz.
Tras declarar que “la politización de la procuración de justicia no es sano para una sociedad que desea resultados”, el gobierno estatal, a través del secretario general, Carlos Mendoza, negó que la denuncia en contra de Agúndez tenga tintes políticos y rechazó que se trate de una “persecución”.
LA PAZ
Tras cumplirse dos meses de la renovación de ayuntamientos, los avances de las auditorías arrojan deudas millonarias, créditos mal manejados y presuntos desvíos en La Paz, Loreto y Comondú; esto además de la denuncia penal que existe en contra del ex mandatario de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, por los presuntos delitos de peculado y abuso de autoridad.
En el municipio de La Paz, el informe presentado de la entrega-recepción que realizó el anterior ayuntamiento, encabezado por la perredista Rosa Delia Cota Montaño, se evidencia una deuda que asciende a los 607 millones 897 mil 885 pesos.
Además se informó que gran parte del inventario en áreas como Seguridad Pública, Servicios Públicos, Obras y Protección Civil resulta inservible, contrario a la información que se precisó en los listados entregados.
En tanto, el presidente municipal de Comondú, Venustiano Pérez Sánchez, afirmó que se sigue trabajando en la revisión de la cuentas de la pasada administración, sin embargo, adelantó que se presume un desvío de al menos 25 millones de pesos, resultado de una investigación de facturas alteradas y documentos sin sustento legal.
El alcalde mencionó que se detectó un “mal uso” de los recursos provenientes de los programas federales, obras sin concluir y sin expedientes. Asimismo, indicó que existen documentos que no aparecen como algunas actas de Cabildo, y se suma —dijo— un adeudo de 67 millones de pesos, correspondiente a un crédito.
En el caso de Loreto, el edil, Jorge Alberto Avilés Pérez, informó que se detectaron presuntos desvíos correspondientes sobre todo a participaciones federales, situación que ha impedido dar seguimiento a diversos programas, entre ellos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Aumentan pago de nómina
De acuerdo con la revisión realizada por la tesorería municipal, al menos 20 millones de pesos correspondientes a recursos federales de los programas de Hábitat, Rescate de espacios públicos, Comisión Nacional del Deporte y otros, no se ejercieron y se fueron al gasto corriente, pero principalmente para el pago de nómina.
El tesorero del ayuntamiento, Alberto Higuera, expuso en entrevista que Loreto enfrenta un adeudo que asciende a 140 millones de pesos, correspondiente a créditos, pago a proveedores, sueldos retrasados, incluso enfrenta más de 30 demandas por despido injustificado, demandas de la administración anterior, que representan una erogación de 30 millones de pesos.
La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) integró la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011, a partir de la denuncia que presentó el director de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de Tierra, José Refugio Carrillo Sánchez, ante el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos cometidos por servidores públicos.
La denuncia —relacionada con la irregular enajenación de terrenos en Los Cabos— menciona como probables responsables de los delitos mencionados al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, así como al ex secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, además de quienes resulten responsables en agravio de la Administración Pública.
Enajenación de terrenos
Sobre los hechos, el procurador del estado, Gamill Arreola, informó que se trata de la enajenación de siete terrenos ubicados en el fraccionamiento El Pedregal, de Cabo San Lucas.
Los terrenos se licitaron en 2007 con un valor de 76 millones de pesos, pero tres años después se dejó sin efecto la licitación, bajo el argumento de que no se había pagado lo acordado, esto pese a que en su tiempo, se afirmó lo contrario, es decir, que estaba cubierto el pago.
En febrero de 2011 —dos meses antes que Agúndez Montaño terminara su periodo de gestión— los siete predios fueron vendidos nuevamente, pero en 23 millones 980 mil pesos, por lo que —afirmó el fiscal— se presume una diferencia de 52 millones 220 mil pesos en agravio del erario estatal.
Luego de conocerse la denuncia, el ex gobernador informó desconfiar de las autoridades locales, por lo que solicitó un amparo ante la justicia federal, el cual le fue concedió por parte del juez primero de Distrito de La Paz.
Tras declarar que “la politización de la procuración de justicia no es sano para una sociedad que desea resultados”, el gobierno estatal, a través del secretario general, Carlos Mendoza, negó que la denuncia en contra de Agúndez tenga tintes políticos y rechazó que se trate de una “persecución”.
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