México.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en los últimos siete meses, los gobiernos estatales de Veracruz, Puebla y Tlaxcala son los más avanzados con los términos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En un comunicado, la Segob resaltó que los gobernadores asumieron la responsabilidad, destaca la necesidad de contar con elementos confiables en las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia, por lo que las entidades federativas deberán contar con Centros Estatales de Control de Confianza acreditados y cumplir con las evaluaciones de sus altos mandos.
La dependencia resaltó que el 10 de octubre del 2010, los gobernadores electos de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, se reunieron en la ciudad de Chihuahua con el Presidente de la República.
El objetivo fue ratificar los compromisos asumidos en agosto de 2008 en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el que gobernadores electos en 2010 asumieron 12 compromisos específicos en materia de seguridad pública y establecieron plazos de cumplimiento a partir de la toma de posesión en su cargo.
Además, deberían implementar estrategias para disminuir la incidencia de aquellos delitos que más afectan a la ciudadanía como son: robo, extorsión, homicidio y secuestro.
Por otra parte, las entidades federativas deberán presentar un informe sobre la integración de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro y su equiparación al Modelo Nacional.
Dentro de los compromisos asumidos se encuentra realizar réplicas de los Diálogos por la Seguridad en las entidades federativas, con la finalidad de alcanzar acuerdos que deberán ser evaluados por la sociedad civil, así como definir acciones para la protección de ciudadanos y servidores públicos que desarrollen tareas sensibles y vulnerables.
Destaca, también, el compromiso de avanzar en los trabajos para implementar la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, entre otros.
Chihuahua, Durango y Zacatecas, fueron las primeras entidades en las que, por la fecha de toma de posesión de sus gobernadores, resultaron exigibles los compromisos a partir del mes de noviembre de 2010.
Para el estado de Veracruz, los compromisos comenzaron a ser exigibles en el mes de enero de 2011, a un mes de la toma de posesión del gobernador, lo mismo que para los estados de Aguascalientes y Oaxaca.
En el caso de los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala los compromisos fueron exigibles a partir de febrero de 2011; en Puebla a partir del mes de marzo de este año, y por último, en el mes de mayo de 2011 comenzaron a ser exigibles para los estados de Hidalgo y Quintana Roo.
"El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública continuará promoviendo el cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades federativas a los acuerdos asumidos en el estado de Chihuahua, hasta alcanzar su observancia total", concluyó la Segob.
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