CNN MÉXICO En tres de los estados fronterizos más violentos del norte de México, los tribunales sentencian cada vez con más frecuencia a menores de edad.
En Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León se han sentenciado entre 2009 y 2010 a 1,108 menores de edad, de acuerdo con los reportes oficiales de los juzgados especializados en adolescentes de cada una de las entidades.
Estos tres estados aculuman el 36% de los 34,612 homicidios relacionados con la delincuencia organizada en los últimos cuatro años, según cifras del gobierno federal.
En Tamaulipas, en 2010 fueron sentenciados 445 menores, 11% más que en 2009. Y en Chihuahua, se sentenciaron a 69 en 2010, es decir, poco más del 36% que un año atrás.
La cifra en 2010 en Nuevo León se elevó a 117, más del triple que en 2009. En enero y febrero de 2011, las sentencias sumaron 26, más del 69% que en los dos primeros meses del año pasado. En el estado, estas cifras han generado un debate sobre el sistema de justicia para adolescentes.
La discusión
El vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, anunció el 21 de marzo ante medios que el 40% de los detenidos durante los primeros 20 días del mes habían sido menores de 18 años.
Después de la publicación de la cifra, el Congreso de Nuevo León revivió este lunes el debate sobre la penalización de los menores infractores, iniciada a principios de enero por el gobernador, Rodrigo Medina, cuando declaró públicamente que era necesario estudiar la disminución de la edad penal en la entidad, sin especificar cuáles serían los límites.
El diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor García, manifestó que esa no sería la propuesta más adecuada.
"No creemos que (la solución) sea en reducir la edad penal, sino en diferenciar la penalidad que se dé a un menor cuyo perfil psicológico sea el de delinquir y hacer daño, a diferencia de un menor que lo hace por inexperiencia, por no estar consciente de lo que está haciendo".
El legislador asegura a CNNMéxico que esta diferenciación debe reformarse en el código penal del estado en el capítulo de sentencias. La Comisión de Justicia y Seguridad se manifestó este lunes a favor de incrementar penas contra aquellos niños o jóvenes que incurran en delitos del fuero común.
La Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes indica que un adolescente es toda persona mayor de 12 años y menor de 18, y un niño es aquel que tiene menos de 12. En este marco se establece que las sanciones no excederán los seis años si el joven tiene entre 14 y 16, y ocho si tiene entre 16 y 18.
La propuesta de reformar los grados de penalidades, abanderada por los legisladores del PRI, es la de analizar el perfil psicológico de cada infractor y determinar la pena con base en un estudio y no por su edad. Además, proponen que al cumplir la mayoría de edad puedan ser reinsertados en un centro penitenciario para adultos.
El área de Comunicación Social de la Procuraduría del estado informó a CNNMéxico que desde diciembre pasado analiza en mesas de trabajo una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, publicada en 2006.
De la calle a la cárcel
“Las diferentes autoridades deberían tener alternativas para una respuesta más inteligente, contundente hacia estos jóvenes”, replica el director de Institución Renace, Martín Sánchez, “lo primero que tenemos que hacer es tener centros de internamiento adecuados, bien equipados, bien construidos”.
Institución Renace es una organización local que brinda asesoría jurídica a personas de escasos recursos. También es impulsora de la reforma de justicia penal en el país y productora ejecutiva del documental mexicano Presunto Culpable.
La reducción de la edad penal es un riesgo de criminalizar la infancia, afirma el director de programas de CreeSer, institución dedicada a la promoción de la cultura de paz entre los menores de edad, Omar Gutiérrez.
“Nos parece que son una serie de factores que hacen que los jóvenes estén en condición de ser carne de cañón, es decir, víctimas de procesos sociales en los cuales después se les muestra como los victimarios de la sociedad”, dice.
Gutiérrez sostiene que los adolescentes involucrados en crímenes de alto impacto se convierten en el rostro detrás de la espiral de violencia por la que atraviesa México, cuando en realidad son un síntoma de la descomposición social.
“Es muy claro que entrar en procesos de la delincuencia lo que te estás jugando es la vida, entonces si esa es la opción, no es porque sean temerarios o porque les falte valores, sino porque no hay otras condiciones de vida, otras alternativas”, sostiene.
La juventud en la delincuencia
Desde principios de 2010, en Nuevo León se han presentado casos de menores de edad involucrados en delitos de alto impacto. Por ejemplo, en febrero fue detenido un joven de 15 años, quien presuntamente lideraba una banda de asaltantes de negocios del área metropolitana de la capital, Monterrey.
En otras partes de México se replica este fenómeno. En diciembre de 2010 fue detenido en el céntrico estado de Morelos un menor de 14 años acusado de trabajar al servicio del Cártel del Pacífico Sur (CPS), quien confesó ante medios haber degollado a cuatro personas.
Este lunes, el gobernador del norteño estado de Chihuahua, César Duarte, presentó al Congreso de su entidad una propuesta que plantea crear un servicio militar remunerado al que puedan ingresar jóvenes que no estudian ni trabajan, conocidos popularmente como “ni-nis”, con el objetivo de alejarlos del crimen organizado.
En diciembre de 2005, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 18 constitucional para crear un sistema de justicia especial para adolescentes, en cumplimiento a lo dispuesto por el Convenio Internacional de los Derechos del Niño de la ONU, signado por México en 1989.
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