CNN MEXICO La última vez que Lourdes Herrera vio a su hijo, Brandon Esteban Acosta Herrera, que entonces tenía ocho años, y a su esposo, Esteban Acosta Rodríguez, de 35, fue cuando el reloj marcaba poco antes de la siete de la mañana el 29 de agosto de 2009.
Los dos partieron de la capital del norteño estado de Coahuila, Saltillo, rumbo al aeropuerto Internacional de Monterrey, en el vecino Nuevo León. Acosta Rodríguez pasaría por sus hermanos, Gerardo y Gualberto, de 31 y 33 años, para trasladar a éste último a un vuelo que lo llevaría a la fronteriza ciudad de Tijuana, al noroeste del país.
Lourdes esperaba el regreso de su esposo e hijo al mediodía, pero desde entonces no ha vuelto a ver a los cuatro miembros de su familia. Desesperada, llamó a los teléfonos celulares de su marido, quien era jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Readaptación Social (Cereso) varonil de Saltillo, pero no obtuvo respuesta, según narra a CNNMéxico.
Entonces se dirigió a la Fiscalía del estado, donde rindió su declaración ante la Unidad Antisecuestros, y al día siguiente proporcionó las fotos que integrarían la averiguación previa número APP CEICS.015/2009. “Ya de ahí mis visitas a la Fiscalía no pararon todos los días”, cuenta.
El caso forma parte de la estadística de 118 desapariciones forzadas en el estado que han ocurrido durante casi cuatro años, y que ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en coordinación con las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Coahuila (FUUNDEC).
Una desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por las autoridades, individuos o grupos que no dan a conocer el paradero del desaparecido e impiden el ejercicio de garantías, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es diferente a un secuestro porque no tiene como fin la extorsión, sino generar una incertidumbre sobre el paradero de la víctima.
Coahuila es el estado fronterizo del norte de México con menos homicidios relacionados con la delincuencia organizada desde que empezó la administración de Felipe Calderón, pero desde marzo de 2011 la violencia en la entidad empezó a crecer con balaceras, bloqueos viales y muertes por fuegos cruzados.
Otro caso es el de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007, un ingeniero industrial de 23 años que trabajaba en un proyecto minero en el poblado de Paredón, en el municipio de Ramos Arizpe.
La noche anterior a su desaparición, cuenta su madre a CNNMéxico, Diana Iris García, salió de su casa de Saltillo a un hotel del centro de la ciudad, para entrevistarse con su jefe, Francisco León García, empresario marmolero de la región central de La Laguna y ex candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006 a la alcadía de Gómez Palacio, en el estado de Durango.
Según la madre, el día en que desapareció su hijo, dijo que partiría a Paredón con su jefe y el chofer de éste, José Ángel Esparza León. Prometió regresar al siguiente día, pero los tres desaparecieron.
“Normalmente él se comunicaba diario, siempre. Y más cuando estaba fuera de casa”, rememora la madre, quien tres días después de la desaparición se enteró por los trabajadores de la mina que nunca había llegado a su destino. Sus pertenencias y vehículo seguían en el hotel.
El 25 de febrero se integró la averiguación previa número AP 001/2007 por la desaparición del joven. Autoridades locales realizaron un rastreo terrestre y aéreo en la zona de Paredón, pero al cabo de un año desistieron en la investigación, según relata la madre.
La Fiscalía del estado no proporcionó datos sobre las desapariciones forzadas, a pesar de que CNNMéxico solicitó en reiteradas ocasiones entrevistas con sus funcionarios.
El FUUNDEC se conformó en diciembre de 2009 con un grupo inicial de 21 familiares de víctimas, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, para responder a la creciente cantidad de desapariciones forzadas en Coahuila.
Y en junio de 2010 se creó en Saltillo la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares con Personas Desaparecidas (REDEFADE), en la que participan FUUNDEC y otros organismos civiles del norte.
Inercia en las investigaciones
La denegación del acceso a la justicia es el patrón de las desapariciones forzadas en Coahuila, sostiene la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Blanca Martínez.
“Una de las argumentaciones que nos daban los funcionarios es que la problemática era de tal nivel de gravedad que no tenían la capacidad (de investigar los casos)”, dice.
En septiembre de 2010, el ex gobernador, Humberto Moreira, prometió ante los familiares de las víctimas que el gobierno crearía una comisión especial para investigar las desapariciones forzadas, pero nunca se concretó, según cuenta la directora de la organización.
Los expedientes que la Fiscalía abre cuando hay desapariciones no inician como averiguaciones previas, recalca la integrante de la organización, Alma García, así que pueden pasar hasta tres años para que se inicie una investigación.
No fue hasta inicio de 2011 cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se integró a los trabajos de la Unidad Antisecuestros. Martínez dice que a lo largo de las reuniones que los familiares tuvieron con funcionarios de la Fiscalía se dieron cuenta que las investigaciones seguían sin avances sustanciales.
“A estas alturas en la mayoría de los casos no hay líneas de investigación abiertas. Siguen pidiéndole a las familias que nuevamente vuelvan a declarar, que nuevamente vuelvan a traer testigos”, expone. CNNMéxico pidió información a la Fiscalía sobre los avances de las investigaciones, pero no obtuvo respuesta.
Los desaparecidos De 2007 a enero de 2011, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en coordinación con FUUNDEC, ha documentado 118 desapariciones forzadas, de acuerdo con un reporte de las organizaciones proporcionado a CNNMéxico.
El documento indica que la edad de las víctimas ronda en un promedio de 30 años, la mayoría son hombres, cinco de ellos son menores de edad en el momento de su desaparición y cinco son mujeres. Sólo en uno de los 118 casos hay elementos para suponer que el objetivo de la desaparición pudiera ser el secuestro, pero en el resto nunca hubo solicitud de rescate.
Las profesiones de las víctimas varían: hay vendedores, agrónomos, ingenieros, abogados, comerciantes, entre otros. La mayoría son desapariciones colectivas, y sólo 17 desaparecieron individualmente. En 23 casos hay una presunta intervención de funcionarios de Seguridad pública y de fuerzas armadas, según reportan las organizaciones.
Los años con mayor incidencia fueron 2009, con 75 víctimas, y 2010, con 32. Saltillo ocupa el segundo lugar en desapariciones documentadas por las organizaciones, con 19 víctimas, superado por Piedras Negras, con 39.
Este 29 de marzo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue a Coahuila para analizar los casos documentados por FUUNDEC.
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