CIUDAD DE MÉXICO, México, 25, 2009.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, quien pretende evitar su extradición a Estados Unidos, por nexos con el cártel de Juárez durante su mandato.
La Primera Sala del alto tribunal resolvió hoy que la Ley de Extradición Internacional no vulnera la garantía de audiencia, que protege la Constitución, pues el procedimiento se realiza ante un juez que conoce de la solicitud emitida y recaba las pruebas que presente la defensa.
El ex mandatario de Quintana Roo consideró que la mencionada ley violenta el Artículo 16 Constitucional, ya que a su parecer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) carece de competencia constitucional para resolver los procedimientos de extradición.
Por lo que se invade la competencia judicial, al obligar al juzgador a emitir una opinión, agregó.
En este sentido, los ministros subrayaron que el procedimiento de extradición es un acto exclusivo de la soberanía nacional cuya decisión debe reservarse al criterio del Ejecutivo federal.
Ello, debido a que no requiere de la sustanciación de un juicio previo ni de la existencia de una controversia que deban resolver los Tribunales de la Federación.
Agregaron que el procedimiento de extradición no tiene la naturaleza de un juicio penal, por lo que a los sujetos reclamados no se les aplican normas constitucionales o legales relativas al proceso penal en México, sino a términos, condiciones y procedimiento que establece la Ley de Extradición Internacional.
Asimismo, al negar la protección de la justicia federal a Villanueva Madrid, quien colaboró con el entonces líder de la organización criminal, Amado Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos", la Corte puntualizó que se debe tomar en cuenta el Tratado Internacional celebrado con el Estado requirente.
Señalaron que es en este país donde se instaurará un juicio conforme a su legislación interna y recalcaron que no existe antagonismo alguno entre la Constitución federal, el Tratado Internacional y la Legislación Ordinaria Especial en la materia.
Los ministros detallaron que conforme a tales ordenamientos, el Poder Ejecutivo es la autoridad competente para resolver el procedimiento de extradición a través de la SRE.
Dependencia que sólo tomará en cuenta las pruebas que se presenten ante el juez para autorizar o no una extradición.
La Primera Sala del alto tribunal resolvió hoy que la Ley de Extradición Internacional no vulnera la garantía de audiencia, que protege la Constitución, pues el procedimiento se realiza ante un juez que conoce de la solicitud emitida y recaba las pruebas que presente la defensa.
El ex mandatario de Quintana Roo consideró que la mencionada ley violenta el Artículo 16 Constitucional, ya que a su parecer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) carece de competencia constitucional para resolver los procedimientos de extradición.
Por lo que se invade la competencia judicial, al obligar al juzgador a emitir una opinión, agregó.
En este sentido, los ministros subrayaron que el procedimiento de extradición es un acto exclusivo de la soberanía nacional cuya decisión debe reservarse al criterio del Ejecutivo federal.
Ello, debido a que no requiere de la sustanciación de un juicio previo ni de la existencia de una controversia que deban resolver los Tribunales de la Federación.
Agregaron que el procedimiento de extradición no tiene la naturaleza de un juicio penal, por lo que a los sujetos reclamados no se les aplican normas constitucionales o legales relativas al proceso penal en México, sino a términos, condiciones y procedimiento que establece la Ley de Extradición Internacional.
Asimismo, al negar la protección de la justicia federal a Villanueva Madrid, quien colaboró con el entonces líder de la organización criminal, Amado Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos", la Corte puntualizó que se debe tomar en cuenta el Tratado Internacional celebrado con el Estado requirente.
Señalaron que es en este país donde se instaurará un juicio conforme a su legislación interna y recalcaron que no existe antagonismo alguno entre la Constitución federal, el Tratado Internacional y la Legislación Ordinaria Especial en la materia.
Los ministros detallaron que conforme a tales ordenamientos, el Poder Ejecutivo es la autoridad competente para resolver el procedimiento de extradición a través de la SRE.
Dependencia que sólo tomará en cuenta las pruebas que se presenten ante el juez para autorizar o no una extradición.
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