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La Secretaría de Marina de México (Semar) se negó a reparar los daños e indemnizar a las familias de dos civiles que murieron a manos de soldados que los confundieron con integrantes del crimen organizado, denunció hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La dependencia indicó en un comunicado que la Marina se negó a aceptar dos recomendaciones de la CNDH emitidas en diciembre de 2010, en las que exhortaba al organismo militar a "reparar los daños, indemnizar a los familiares de las víctimas y proporcionarles apoyo médico, psicológico y de rehabilitación".
Además, la defensoría del pueblo pidió a la Marina que colaborara en la denuncia que la CNDH promoverá ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) y la Procuraduría General de Justicia Militar por esos dos casos, "a fin de que los hechos no queden impunes".
"Se trata de dos asuntos en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida", explicó el organismo.
En el primero de los casos, el 16 de diciembre de 2009, un grupo de marinos disparó y mató a un hombre que viajaba en una camioneta en el barrio Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, capital del sureño estado de Morelos.
Por otra parte, la madrugada del 11 de diciembre de 2009, otro grupo de soldados disparó contra un vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el conjunto residencial Los Limoneros en Cuernavaca, quien murió también a consecuencia de sus heridas.
En ambos casos, la CNDH concluyó que el personal castrense incurrió en el "uso arbitrario de la fuerza pública" y violó "los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica" de las víctimas.
La Semar se defendió argumentando que los soldados dispararon en "legítima defensa" con el "ánimo de defenderse de presuntos integrantes de una banda delictiva", detalla la nota.
Sin embargo, los militares "en ningún momento adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de personas ajenas a los operativos", aseveró la CNDH.
Además, en el primer caso, el vehículo recibió 53 disparos y en el segundo más de 60, "lo que de ninguna manera puede considerarse disuasivo y revela, sin lugar a dudas, un uso arbitrario de la fuerza pública", agregó la institución.
El rechazo a las recomendaciones de la CNDH muestra "una actitud de desinterés" por parte de la Marina "en la protección de los derechos humanos de las personas ajenas a los operativos", agregó.
Los civiles muertos "no pertenecían a ninguna organización criminal" y "fueron víctimas de la falta del deber de cuidado por parte del personal naval", puntualizó la dependencia.
Durante 2010, la CNDH recibió 198 quejas en contra de soldados de la Marina "principalmente por cateos (requisas) ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida", subrayó la defensoría.
La cifra de quejas en 2010 supera las dirigidas contra la misma institución militar de 2006 a 2009.
El Ejército, la Marina y la Policía Federal son las puntas de lanza del gobierno mexicano en su estrategia de lucha contra el crimen organizado.
Desde 2006, más de 30,000 personas han sido asesinadas en México en medio de la estrategia del gobierno federal de combatir frontalmente al crimen organizado, donde destacan los cárteles del narcotráfico.
La dependencia indicó en un comunicado que la Marina se negó a aceptar dos recomendaciones de la CNDH emitidas en diciembre de 2010, en las que exhortaba al organismo militar a "reparar los daños, indemnizar a los familiares de las víctimas y proporcionarles apoyo médico, psicológico y de rehabilitación".
Además, la defensoría del pueblo pidió a la Marina que colaborara en la denuncia que la CNDH promoverá ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) y la Procuraduría General de Justicia Militar por esos dos casos, "a fin de que los hechos no queden impunes".
"Se trata de dos asuntos en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida", explicó el organismo.
En el primero de los casos, el 16 de diciembre de 2009, un grupo de marinos disparó y mató a un hombre que viajaba en una camioneta en el barrio Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, capital del sureño estado de Morelos.
Por otra parte, la madrugada del 11 de diciembre de 2009, otro grupo de soldados disparó contra un vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el conjunto residencial Los Limoneros en Cuernavaca, quien murió también a consecuencia de sus heridas.
En ambos casos, la CNDH concluyó que el personal castrense incurrió en el "uso arbitrario de la fuerza pública" y violó "los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica" de las víctimas.
La Semar se defendió argumentando que los soldados dispararon en "legítima defensa" con el "ánimo de defenderse de presuntos integrantes de una banda delictiva", detalla la nota.
Sin embargo, los militares "en ningún momento adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de personas ajenas a los operativos", aseveró la CNDH.
Además, en el primer caso, el vehículo recibió 53 disparos y en el segundo más de 60, "lo que de ninguna manera puede considerarse disuasivo y revela, sin lugar a dudas, un uso arbitrario de la fuerza pública", agregó la institución.
El rechazo a las recomendaciones de la CNDH muestra "una actitud de desinterés" por parte de la Marina "en la protección de los derechos humanos de las personas ajenas a los operativos", agregó.
Los civiles muertos "no pertenecían a ninguna organización criminal" y "fueron víctimas de la falta del deber de cuidado por parte del personal naval", puntualizó la dependencia.
Durante 2010, la CNDH recibió 198 quejas en contra de soldados de la Marina "principalmente por cateos (requisas) ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida", subrayó la defensoría.
La cifra de quejas en 2010 supera las dirigidas contra la misma institución militar de 2006 a 2009.
El Ejército, la Marina y la Policía Federal son las puntas de lanza del gobierno mexicano en su estrategia de lucha contra el crimen organizado.
Desde 2006, más de 30,000 personas han sido asesinadas en México en medio de la estrategia del gobierno federal de combatir frontalmente al crimen organizado, donde destacan los cárteles del narcotráfico.
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