TUXTLA GUTIÉRREZ, México, dic. 18, 2009.- Por unanimidad, el Congreso de Chiapas aprobó una reforma al artículo cuarto de la Constitución de la entidad, que protege y garantiza el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural.
Asimismo, las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia avalaron reformas al Código Penal, con lo que se sustituye la pena de cárcel por una atención médica integral en libertad, para las mujeres que cometan el delito de aborto.
En un comunicado, la legislatura estatal señaló que la aprobación a los cambios al Código Penal posibilita que aquellas mujeres que estén sujetas a proceso o que han sido consignadas penalmente por el delito de aborto, puedan obtener de inmediato su libertad al resultar beneficiadas de la retroactividad de la nueva legislación.
Consideró que un aspecto fundamental de las modificaciones aprobadas por los grupos parlamentarios del Congreso es que con la modificación al artículo cuarto queda claro también que se mantienen intactas las cláusulas de exclusión de responsabilidad penal.
Esto quiere decir, mencionó, que las mujeres que cancelen su embarazo cuando haya sido producto de una violación, si corre peligro la vida de la madre o por malformación congénita, no recibirán sanción penal alguna.
En el pleno del Congreso se dejó en claro que las reformas reconocen y están apegadas a tratados y acuerdos internacionales que consagran derechos de la mujer y de los no nacidos, en particular la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Pacto de San José.
Estas reformas tienen como propósito fundamental proteger la vida de todas y todos los chiapanecos nacidos y por nacer, pero también generar una nueva cultura jurídico-social de acompañamiento institucional para las mujeres que han pasado por un desafortunado caso de aborto.
Por ello, no penalizan ni criminalizan a la mujer, de hecho ya en el Código Penal del Estado el aborto es considerado un delito desde hace muchos años, sancionado con pena de cárcel, la cual ahora es sustituida por atención médica integral que deberán de recibir por un determinado tiempo a cargo del estado.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el diputado Mauricio Mendoza Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañado por los legisladores Ana Elisa López, del PAN, y Mario Casimiro Vega Román, del PRD, el pasado martes 8 de diciembre.
Tanto la sustitución de la pena de cárcel por atención médica integral, como la vigencia de las excusas absolutorias harán posible que en el estado de Chiapas ninguna mujer que cancele su embarazo sea llevada a la cárcel.
Mencionó que la esencia de las reformas es, en consecuencia, sí proteger la vida de todas y todos, pero también brindar acompañamiento del estado a las mujeres cuando más lo necesitan.
Por lo que corresponde a la iniciativa aprobada por mayoría de votos que reforma diversas disposiciones del Código Civil del estado, el propósito es generar condiciones sociales para apoyar a la mujer embarazada fuera del matrimonio y evitar que queden desamparadas durante este periodo.
En estas circunstancias, podrá solicitar al juez civil, de lo familiar o de jurisdicción mixta una medida de pago cautelar, hasta del 50 por ciento, para sufragar los gastos de embarazo y parto, a quien presumiblemente sea el padre, sólo bastará que la mujer lo manifieste.
La medida que entrará en vigor hasta el momento de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, establece que en caso de negativa del progenitor, deberá probarlo con la prueba de AcidoDesoxirribonucleico (ADN).
Asimismo, las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Nueva Alianza y Convergencia avalaron reformas al Código Penal, con lo que se sustituye la pena de cárcel por una atención médica integral en libertad, para las mujeres que cometan el delito de aborto.
En un comunicado, la legislatura estatal señaló que la aprobación a los cambios al Código Penal posibilita que aquellas mujeres que estén sujetas a proceso o que han sido consignadas penalmente por el delito de aborto, puedan obtener de inmediato su libertad al resultar beneficiadas de la retroactividad de la nueva legislación.
Consideró que un aspecto fundamental de las modificaciones aprobadas por los grupos parlamentarios del Congreso es que con la modificación al artículo cuarto queda claro también que se mantienen intactas las cláusulas de exclusión de responsabilidad penal.
Esto quiere decir, mencionó, que las mujeres que cancelen su embarazo cuando haya sido producto de una violación, si corre peligro la vida de la madre o por malformación congénita, no recibirán sanción penal alguna.
En el pleno del Congreso se dejó en claro que las reformas reconocen y están apegadas a tratados y acuerdos internacionales que consagran derechos de la mujer y de los no nacidos, en particular la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del Pacto de San José.
Estas reformas tienen como propósito fundamental proteger la vida de todas y todos los chiapanecos nacidos y por nacer, pero también generar una nueva cultura jurídico-social de acompañamiento institucional para las mujeres que han pasado por un desafortunado caso de aborto.
Por ello, no penalizan ni criminalizan a la mujer, de hecho ya en el Código Penal del Estado el aborto es considerado un delito desde hace muchos años, sancionado con pena de cárcel, la cual ahora es sustituida por atención médica integral que deberán de recibir por un determinado tiempo a cargo del estado.
La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por el diputado Mauricio Mendoza Castañeda, del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, acompañado por los legisladores Ana Elisa López, del PAN, y Mario Casimiro Vega Román, del PRD, el pasado martes 8 de diciembre.
Tanto la sustitución de la pena de cárcel por atención médica integral, como la vigencia de las excusas absolutorias harán posible que en el estado de Chiapas ninguna mujer que cancele su embarazo sea llevada a la cárcel.
Mencionó que la esencia de las reformas es, en consecuencia, sí proteger la vida de todas y todos, pero también brindar acompañamiento del estado a las mujeres cuando más lo necesitan.
Por lo que corresponde a la iniciativa aprobada por mayoría de votos que reforma diversas disposiciones del Código Civil del estado, el propósito es generar condiciones sociales para apoyar a la mujer embarazada fuera del matrimonio y evitar que queden desamparadas durante este periodo.
En estas circunstancias, podrá solicitar al juez civil, de lo familiar o de jurisdicción mixta una medida de pago cautelar, hasta del 50 por ciento, para sufragar los gastos de embarazo y parto, a quien presumiblemente sea el padre, sólo bastará que la mujer lo manifieste.
La medida que entrará en vigor hasta el momento de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, establece que en caso de negativa del progenitor, deberá probarlo con la prueba de AcidoDesoxirribonucleico (ADN).
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