EL HERALDOCiudad de México.- "En México está en construcción un nuevo sistema penal que respete los derechos fundamentales de toda persona", aseguró el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Ortiz Mayagoitia declaró que el Poder Judicial de la Federación se prepara para implementar un modelo de justicia penal profundamente novedoso y que desde ahora forma juzgadores, antes del cambio de paradigma.
En el Seminario Internacional "La Reforma Procesal Penal y su implementación: el caso de México y Chile", que durante dos días se efectuó en el salón "José María Morelos" de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el ministro presidente dijo que la colaboración y el intercambio de experiencias definen la nueva forma de trabajar de los jueces en México y en el mundo.
El ministro presidente de la Suprema Corte añadió que ante la magnitud del
reto que implica la Reforma Procesal Penal, el Poder Judicial de la Federación ha puesto todo su esfuerzo en proyectos que buscan crear sinergias interinstitucionales.
A su vez, el magistrado Óscar Vázquez Marín, consejero de la Judicatura Federal, advirtió que el éxito del nuevo Procedimiento Penal Acusatorio dependerá del cuidado en la capacitación de los actores involucrados."Pero también de superar el impacto cultural por el cambio de sistema, de contar con recursos suficientes para crear y operar los Juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sentencia, así como de la oportuna expedición del Código Federal de Procedimientos Penales y demás leyes secundarias", advirtió.
Vázquez Marín, representante del CJF ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, participó en el Panel "Transformación y apoyo al interior de los Poderes Judiciales", y dijo que la reforma del sistema de justicia penal es una oportunidad para lograr un procedimiento más transparente, dinámico y garantista, tanto para los imputados como para las víctimas, para cumplir con el objetivo de esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los daños causados por el delito.
También demandó que el Legislador Permanente, al expedir la Ley Adjetiva Penal, asegure la protección de los derechos de las víctimas del delito y defina la instancia pública encargada de su protección efectiva, para así lograr el equilibrio procesal entre las partes y garantizar el respeto a los derechos fundamentales del imputado y de la víctima, como dispone el artículo 20 constitucional.
Ante Carlos Künsemüller Loebenfelder, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, y Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el consejero Vázquez Marín explicó que hay plena conciencia del papel que jugarán los juzgadores federales en la adopción de la reforma constitucional penal que será, a la vez, un reto y una gran oportunidad.
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