EL HERALDO
Ciudad de México.- México debe adecuar sus sistemas democrático y electoral, la legislación y las instituciones públicas y darle prioridad a los instrumentos internacionales o pactos comunitarios que protejan en mayor medida, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, coincidieron los especialistas, durante la clausura del Seminario "El ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad".
Constancio Carrasco Daza, magistrado del Tribunal Electoral, institución organizadora, afirmó que "la dificultad no es tener una discapacidad, es vivir en una sociedad y en un entorno no construido para estas personas" y enfatizó que "el sistema democrático, el sistema electoral, la legislación y las instituciones públicas deben de estar adecuadas para todas las personas con o sin discapacidad".
Se pronunció por priorizar los instrumentos internacionales o pactos comunitarios que protejan en mayor medida los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y explicó que los órganos electorales, a través de sus acuerdos y resoluciones, están obligados a favorecer las condiciones para que el sufragio pueda ser emitido de manera efectiva, por todos.
Carrasco Daza agregó que el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagra el precepto fundamental de todos los ciudadanos al ejercicio del sufragio, a la participación política incluyente y a la igualdad de condiciones.
Y que "el Juicio de protección para los derechos políticoelectorales del ciudadano (JDC) es una herramienta eficaz para ello, es igual al amparo político y da la posibilidad a las personas con alguna discapacidad, de que las autoridades electorales respeten sus derechos durante las jornadas comiciales".
Aseguró que urgen instrumentos para hacer valer los derechos establecidos en las leyes, porque aunque están reconocidos, este sector de la sociedad sigue viviendo en desventaja, porque no hay instrumentos ni mecanismos que permitan el ejercicio real de sus garantías políticoelectorales.
Exigió a los diputados medidas legislativas y políticas públicas para proteger a este grupo vulnerable e hizo referencia a algunas reformas pendientes al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política.
Constancio Carrasco Daza, magistrado del Tribunal Electoral, institución organizadora, afirmó que "la dificultad no es tener una discapacidad, es vivir en una sociedad y en un entorno no construido para estas personas" y enfatizó que "el sistema democrático, el sistema electoral, la legislación y las instituciones públicas deben de estar adecuadas para todas las personas con o sin discapacidad".
Se pronunció por priorizar los instrumentos internacionales o pactos comunitarios que protejan en mayor medida los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y explicó que los órganos electorales, a través de sus acuerdos y resoluciones, están obligados a favorecer las condiciones para que el sufragio pueda ser emitido de manera efectiva, por todos.
Carrasco Daza agregó que el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consagra el precepto fundamental de todos los ciudadanos al ejercicio del sufragio, a la participación política incluyente y a la igualdad de condiciones.
Y que "el Juicio de protección para los derechos políticoelectorales del ciudadano (JDC) es una herramienta eficaz para ello, es igual al amparo político y da la posibilidad a las personas con alguna discapacidad, de que las autoridades electorales respeten sus derechos durante las jornadas comiciales".
Aseguró que urgen instrumentos para hacer valer los derechos establecidos en las leyes, porque aunque están reconocidos, este sector de la sociedad sigue viviendo en desventaja, porque no hay instrumentos ni mecanismos que permitan el ejercicio real de sus garantías políticoelectorales.
Exigió a los diputados medidas legislativas y políticas públicas para proteger a este grupo vulnerable e hizo referencia a algunas reformas pendientes al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política.
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