CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 23, 2010.- El gobierno de México lamentó que el de Arizona, Estados Unidos, aprobara la ley conocida como SB1070 que criminaliza la inmigración ilegal, y advirtió que se trata de un ordenamiento que puede afectar los Derechos Humanos de miles de mexicanos.
Al leer un documento sobre el tema en conferencia de prensa, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, sostuvo que la criminalización no es el camino para resolver la inmigración indocumentada.
Por el contrario, dijo, la base para atender los retos compartidos en la frontera México-Estados Unidos son la corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuos.
La canciller mexicana señaló que es lamentable que los legisladores que aprobaron esa medida y la gobernadora, Janice K. Brewer, "no hayan tomado en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, sociedad y cultura de Arizona".
Aseguró que la violencia en ambos lados de la frontera debe considerarse como un reto compartido y transnacional de manera que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses deben fortalecer sus acciones para combatirlo.
"El gobierno mexicano está obligado a revisar la viabilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona porque el tránsito ilegal de mercancías está lejos de relacionarse con el fenómeno migratorio", puntualizó.
La titular de la SRE anunció que "México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Arizona. La Embajada de México y los cinco consulados en ese estado redoblarán la asistencia, protección consular y asesoría jurídica".
La funcionaria federal reiteró que las autoridades norteamericanas deben trabajar para disminuir la demanda de drogas y controlar el tráfico ilegal de armas, de precursores químicos y de dinero, que proporcionan al crimen organizado medios para desafiar a la autoridad.
Antes el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, afirmó en su sitio en Twitter que el país utilizará todos los recursos diplomáticos, políticos y económicos a su alcance, tras la firma de la referida ley.
Además el diplomático calificó como discriminación racial el anuncio de la gobernadora Brewer en el sentido en que en próximos días se definirá "la descripción de cómo identificar a un inmigrante indocumentado".
Al leer un documento sobre el tema en conferencia de prensa, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, sostuvo que la criminalización no es el camino para resolver la inmigración indocumentada.
Por el contrario, dijo, la base para atender los retos compartidos en la frontera México-Estados Unidos son la corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuos.
La canciller mexicana señaló que es lamentable que los legisladores que aprobaron esa medida y la gobernadora, Janice K. Brewer, "no hayan tomado en cuenta la valiosa aportación de los migrantes a la economía, sociedad y cultura de Arizona".
Aseguró que la violencia en ambos lados de la frontera debe considerarse como un reto compartido y transnacional de manera que tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses deben fortalecer sus acciones para combatirlo.
"El gobierno mexicano está obligado a revisar la viabilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona porque el tránsito ilegal de mercancías está lejos de relacionarse con el fenómeno migratorio", puntualizó.
La titular de la SRE anunció que "México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Arizona. La Embajada de México y los cinco consulados en ese estado redoblarán la asistencia, protección consular y asesoría jurídica".
La funcionaria federal reiteró que las autoridades norteamericanas deben trabajar para disminuir la demanda de drogas y controlar el tráfico ilegal de armas, de precursores químicos y de dinero, que proporcionan al crimen organizado medios para desafiar a la autoridad.
Antes el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, afirmó en su sitio en Twitter que el país utilizará todos los recursos diplomáticos, políticos y económicos a su alcance, tras la firma de la referida ley.
Además el diplomático calificó como discriminación racial el anuncio de la gobernadora Brewer en el sentido en que en próximos días se definirá "la descripción de cómo identificar a un inmigrante indocumentado".
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