CIUDAD DE MÉXICO, México, abr 19, 2010.- Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado afinan reformas a la Ley de Seguridad Nacional, las cuales definirán si autoridades civiles o militares tendrá el mando de las Fuerzas Armadas.
Ello, cuando éstas intervengan en la lucha contra el narcotráfico o crimen organizado, a petición expresa de una autoridad en determinada región o entidad.
Las comisiones se reservaron para la reunión de este martes el establecer si las conductas de los militares y marinos pueden o no ser constitutivas de delitos, y si serán juzgadas por la autoridad civil o militar.
En la reunión de hoy, este tema provocó discrepancias, pues es el que definirá si la intervención del Ejército estará en manos del mando militar o civil.
Al respecto, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Zapata Perogordo, consideró que 'las Fuerzas Armadas no pueden estar subordinadas a ninguna autoridad civil, sólo al presidente de la República'.
En tanto, el senador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expresó que es urgente otorgarle un marco jurídico al Ejército para que intervenga en asuntos de seguridad.
'Verdaderamente urge, ya el Ejército está haciendo las labores de policía, se está coordinando con gobernadores, con presidentes municipales, y no le estamos dando el marco jurídico que necesita para que no tenga problemas', dijo.
Asimismo se discutió dentro de dicha ley, lo relativo a los retenes militares, lo que está contenido en el Artículo 77 de la Ley de Seguridad Nacional y establece que los militares 'deberán respetar las garantías individuales y los derechos humanos de las personas sujetas a revisión'.
En este punto Pablo Gómez, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó de 'inconstitucional' el tema de los retenes.
También se discutió el artículo 68 que contiene los requisitos para hacer la 'declaratoria' sobre la existencia de una afectación a la seguridad interior.
Sin embargo fue 'encorchetado' para su discusión de hoy, debido a que todavía no se aclara si el municipio puede hacer tal petición al Consejo de Seguridad Nacional.
En este tema, los legisladores del PRD cuestionaron la redacción del dictamen, pues para determinar la procedencia de la declaratoria ûprevia petición del Consejo de Seguridad Nacional-, el Senado de la República tenga que llevar a cabo una 'sesión secreta'.
Al final de la reunión se acordó que las comisiones concurran este martes para analizar las 23 reservas que existen en el dictamen, y en caso de lograr un acuerdo o mayoría, llevarlo al pleno para su votación.
Ello, cuando éstas intervengan en la lucha contra el narcotráfico o crimen organizado, a petición expresa de una autoridad en determinada región o entidad.
Las comisiones se reservaron para la reunión de este martes el establecer si las conductas de los militares y marinos pueden o no ser constitutivas de delitos, y si serán juzgadas por la autoridad civil o militar.
En la reunión de hoy, este tema provocó discrepancias, pues es el que definirá si la intervención del Ejército estará en manos del mando militar o civil.
Al respecto, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Zapata Perogordo, consideró que 'las Fuerzas Armadas no pueden estar subordinadas a ninguna autoridad civil, sólo al presidente de la República'.
En tanto, el senador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expresó que es urgente otorgarle un marco jurídico al Ejército para que intervenga en asuntos de seguridad.
'Verdaderamente urge, ya el Ejército está haciendo las labores de policía, se está coordinando con gobernadores, con presidentes municipales, y no le estamos dando el marco jurídico que necesita para que no tenga problemas', dijo.
Asimismo se discutió dentro de dicha ley, lo relativo a los retenes militares, lo que está contenido en el Artículo 77 de la Ley de Seguridad Nacional y establece que los militares 'deberán respetar las garantías individuales y los derechos humanos de las personas sujetas a revisión'.
En este punto Pablo Gómez, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó de 'inconstitucional' el tema de los retenes.
También se discutió el artículo 68 que contiene los requisitos para hacer la 'declaratoria' sobre la existencia de una afectación a la seguridad interior.
Sin embargo fue 'encorchetado' para su discusión de hoy, debido a que todavía no se aclara si el municipio puede hacer tal petición al Consejo de Seguridad Nacional.
En este tema, los legisladores del PRD cuestionaron la redacción del dictamen, pues para determinar la procedencia de la declaratoria ûprevia petición del Consejo de Seguridad Nacional-, el Senado de la República tenga que llevar a cabo una 'sesión secreta'.
Al final de la reunión se acordó que las comisiones concurran este martes para analizar las 23 reservas que existen en el dictamen, y en caso de lograr un acuerdo o mayoría, llevarlo al pleno para su votación.
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