EL HERALDO
Alrededor de cien mil reclusos en todo el país no tienen sentencia, conviven con reos peligrosos y saturan los 431 penales, lo que hace una sobrepoblación global de 229 mil personas. Todo ello impregnado de corrupción de autoridades, impunidad, violencia, violación de derechos humanos, hacinamiento, insalubridad; además, del tráfico de droga, prostitución y trata de personas.
Lo anterior, fue denunciado en tribuna de la Cámara de Diputados al aprobarse con 311 votos a favor la expedición de la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El documento que fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
En la exposición de motivos se destacó que hay ausencia de adecuaciones a los ordenamientos legales, lo que ha propiciado el abuso de la prisión preventiva y la falta de métodos y procedimientos legales para operar eficazmente un sistema retributivo de penas.
Las consecuencias de este esquema se reflejan en la convivencia entre internos de distintos niveles de peligrosidad, en la corrupción entre reclusos, custodios y autoridades, así como en la ausencia de un sistema de carrera y profesionalización que permita la formación y dignificación de la fuerza de seguridad penitenciaria.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño, explicó que esta nueva ley será un instrumento adecuado para que el Gobierno federal logre verdaderamente la reinserción social a través de varios ejes rectores como la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte.
"Establece un nuevo paradigma en el sistema penitenciario mexicano. Tenemos que partir de la premisa de que este sistema es un fracaso, priva la corrupción, la desorganización y la falta de clasificación de los internos", dijo.
El priísta detalló que se establece la figura de jueces ejecutores de sanciones, quienes serán los facultados para evaluar la duración, disminución o concesión de beneficios para la sentencia de los internos, a través de la reforma al artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Su correligionario Carlos Flores Rico apuntó explicó que se lleva a la realidad "un sueño de reforma'' que viene a ser fundamental para más de 229 mil mexicanos que están recluidos en 431 centros a lo largo de todo el país.
"De los 229 mil internos que tiene el Sistema Penitenciario Mexicano, hay 100 mil que no tienen sentencia, que están en prisión preventiva esperando si son culpables o no, pero que están purgando penas como lo están haciendo otros afuera, con penas alternativas o formas diferentes de cumplir su responsabilidad con la sociedad''.
En su intervención, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista José Luis Ovando Patrón, coincidió al asegurar que el principal objetivo del dictamen es hacer una realidad la reinserción social.
"Hoy en día reconocemos que la principal problemática en el sistema penitenciario de nuestro país es la falta de un esquema de control para poder brindar las condiciones suficientes cuando un ciudadano que incurrió en un delito tenga la real posibilidad de ser reinsertado en la sociedad", destacó.
También señaló que la ley establece los lineamientos para que sean evaluados los internos de manera objetiva, mediante la valoración técnica por los especialistas en las áreas de salud mental, médica, educativa y laboral y para con ello revisar su comportamiento.
La ley contempla la clara separación de los reos por nivel de peligrosidad. "No queremos mezclas de reos que están por un robo pequeño con secuestradores, asesinos o violadores".
En su oportunidad, Gerardo del Mazo Morales, del Partido Nueva Alianza, aseveró que el exceso de población en las prisiones del país ha traído consigo serias dificultades para la reinserción social de los internos, pues de una violencia en las calles, llegan a otra que los obliga a luchar por la sobrevivencia y produce otro tipo de delitos que impiden que se dé la readaptación, tan necesaria.
"Internos no sentenciados, junto a sentenciados; hombres y mujeres en las mismas prisiones; reos de alta peligrosidad junto a primo delincuentes, han hecho del sistema penitenciario mexicano uno de los peores en el mundo'', destacó el diputado federal.
Sin embargo, el petista Gerardo Fernández Noroña voto en contra del dictamen al señalar que no hay modificaciones para que líderes políticos y sociales no sean encarcelados falsamente.
Por el Verde Ecologista, Adriana Sarur Torre afirmó que cada motín es un paso lento hacia la muerte, así como cada minuto que pasa un inocente en la cárcel, es una duda a nuestro sistema de justicia y una deuda de la sociedad con la reinserción social del individuo''.
Por último, la perredista Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, comentó en tribuna que parte importante de esta reforma es que el Sistema Penitenciario contará con una plataforma tecnológica de información y seguridad, como instrumento para el registro y procesamiento de los datos que genere, así como para la ejecución de los mecanismos de control.
Lo anterior, fue denunciado en tribuna de la Cámara de Diputados al aprobarse con 311 votos a favor la expedición de la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones, y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El documento que fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.
En la exposición de motivos se destacó que hay ausencia de adecuaciones a los ordenamientos legales, lo que ha propiciado el abuso de la prisión preventiva y la falta de métodos y procedimientos legales para operar eficazmente un sistema retributivo de penas.
Las consecuencias de este esquema se reflejan en la convivencia entre internos de distintos niveles de peligrosidad, en la corrupción entre reclusos, custodios y autoridades, así como en la ausencia de un sistema de carrera y profesionalización que permita la formación y dignificación de la fuerza de seguridad penitenciaria.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Humberto Benítez Treviño, explicó que esta nueva ley será un instrumento adecuado para que el Gobierno federal logre verdaderamente la reinserción social a través de varios ejes rectores como la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte.
"Establece un nuevo paradigma en el sistema penitenciario mexicano. Tenemos que partir de la premisa de que este sistema es un fracaso, priva la corrupción, la desorganización y la falta de clasificación de los internos", dijo.
El priísta detalló que se establece la figura de jueces ejecutores de sanciones, quienes serán los facultados para evaluar la duración, disminución o concesión de beneficios para la sentencia de los internos, a través de la reforma al artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Su correligionario Carlos Flores Rico apuntó explicó que se lleva a la realidad "un sueño de reforma'' que viene a ser fundamental para más de 229 mil mexicanos que están recluidos en 431 centros a lo largo de todo el país.
"De los 229 mil internos que tiene el Sistema Penitenciario Mexicano, hay 100 mil que no tienen sentencia, que están en prisión preventiva esperando si son culpables o no, pero que están purgando penas como lo están haciendo otros afuera, con penas alternativas o formas diferentes de cumplir su responsabilidad con la sociedad''.
En su intervención, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista José Luis Ovando Patrón, coincidió al asegurar que el principal objetivo del dictamen es hacer una realidad la reinserción social.
"Hoy en día reconocemos que la principal problemática en el sistema penitenciario de nuestro país es la falta de un esquema de control para poder brindar las condiciones suficientes cuando un ciudadano que incurrió en un delito tenga la real posibilidad de ser reinsertado en la sociedad", destacó.
También señaló que la ley establece los lineamientos para que sean evaluados los internos de manera objetiva, mediante la valoración técnica por los especialistas en las áreas de salud mental, médica, educativa y laboral y para con ello revisar su comportamiento.
La ley contempla la clara separación de los reos por nivel de peligrosidad. "No queremos mezclas de reos que están por un robo pequeño con secuestradores, asesinos o violadores".
En su oportunidad, Gerardo del Mazo Morales, del Partido Nueva Alianza, aseveró que el exceso de población en las prisiones del país ha traído consigo serias dificultades para la reinserción social de los internos, pues de una violencia en las calles, llegan a otra que los obliga a luchar por la sobrevivencia y produce otro tipo de delitos que impiden que se dé la readaptación, tan necesaria.
"Internos no sentenciados, junto a sentenciados; hombres y mujeres en las mismas prisiones; reos de alta peligrosidad junto a primo delincuentes, han hecho del sistema penitenciario mexicano uno de los peores en el mundo'', destacó el diputado federal.
Sin embargo, el petista Gerardo Fernández Noroña voto en contra del dictamen al señalar que no hay modificaciones para que líderes políticos y sociales no sean encarcelados falsamente.
Por el Verde Ecologista, Adriana Sarur Torre afirmó que cada motín es un paso lento hacia la muerte, así como cada minuto que pasa un inocente en la cárcel, es una duda a nuestro sistema de justicia y una deuda de la sociedad con la reinserción social del individuo''.
Por último, la perredista Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, comentó en tribuna que parte importante de esta reforma es que el Sistema Penitenciario contará con una plataforma tecnológica de información y seguridad, como instrumento para el registro y procesamiento de los datos que genere, así como para la ejecución de los mecanismos de control.
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