MILENIO
Ricardo García Sáinz, contralor general del Distrito Federal, destacó las acciones emprendidas por ese órgano de fiscalización para eliminar “los trajes a la medida” que den beneficios e invitaciones restringidas en licitaciones públicas.
Al comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el funcionario informó que de abril de 2011 a abril de 2012 la Contraloría capitalina promovió tres mil 152 reuniones para vigilar el cumplimiento de la normatividad, relacionadas con tres mil 417 licitaciones públicas.
Planteó que su presentación se da “en momentos difíciles”, debido a la situación de inseguridad en el país, el proceso electoral y la insuficiencia de recursos federales y locales lo que aseguró no ha impedido la fiscalización de los recursos del gobierno.
Ante el pleno de la ALDF, García Sáinz subrayó que en el periodo en cuestión se firmaron 924 actas de entrega-recepción de obras públicas y que la Contraloría estuvo en 225 sesiones de órganos de gobierno de las entidades paraestatales para vigilar su desarrollo.
Entre las 403 auditorías ordinarias hizo énfasis en las realizadas al desempeño del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a la Red de Transportes Eléctricos (RTP), al programa Educación Garantizada y a la delegación Cuauhtémoc.
García Sáinz aseveró que los resultados obtenidos en esas verificaciones fueron satisfactorios y que su práctica ayuda a desenmascarar problemas y facilita la toma de decisiones.
Sobre ese punto comentó que de manera frecuente se considera a la auditoría como “una panacea que todo lo va a esclarecer, que puntualizará la desviación de recursos y que desembocará en medidas correctivas de efectos inmediatos y en la aplicación de sanciones”.
Enfatizó que, no obstante, se trata de un instrumento de efectos limitados, tanto por sus análisis selectivos como por la calidad de la documentación y el marco legal que condiciona y regula su ejercicio.
Recalcó que al cierre de la actual administración la Contraloría General del Distrito Federal ha vigilado el cumplimiento de los lineamientos para la rendición de cuentas y aseguró que tiene un estrecho vínculo con los órganos superiores de fiscalización y con la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal.
Al fijar su postura, el grupo del Partido Acción Nacional (PAN) en voz del diputado Fernando Rodríguez Doval recriminó a García Sáinz la falta de explicaciones por la ausencia de más de cinco mil millones de pesos en la modificación del presupuesto para la construcción de la Línea 12 del Metro.
Al respecto, indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “encontró múltiples inconsistencias en el costo y ejercicio de esa obra, además de que mencionaron otras irregularidades en licitaciones y compras realizadas por el gobierno del Distrito Federal”.
Axel Vázquez Burguette, de Nueva Alianza, reconoció la labor del órgano de fiscalización pues, dijo, contribuye a la obligación de contar con servidores públicos honrados e instituciones transparentes, así como a generar condiciones para que la población reciba mejor trato.
Al comparecer ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el funcionario informó que de abril de 2011 a abril de 2012 la Contraloría capitalina promovió tres mil 152 reuniones para vigilar el cumplimiento de la normatividad, relacionadas con tres mil 417 licitaciones públicas.
Planteó que su presentación se da “en momentos difíciles”, debido a la situación de inseguridad en el país, el proceso electoral y la insuficiencia de recursos federales y locales lo que aseguró no ha impedido la fiscalización de los recursos del gobierno.
Ante el pleno de la ALDF, García Sáinz subrayó que en el periodo en cuestión se firmaron 924 actas de entrega-recepción de obras públicas y que la Contraloría estuvo en 225 sesiones de órganos de gobierno de las entidades paraestatales para vigilar su desarrollo.
Entre las 403 auditorías ordinarias hizo énfasis en las realizadas al desempeño del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), a la Red de Transportes Eléctricos (RTP), al programa Educación Garantizada y a la delegación Cuauhtémoc.
García Sáinz aseveró que los resultados obtenidos en esas verificaciones fueron satisfactorios y que su práctica ayuda a desenmascarar problemas y facilita la toma de decisiones.
Sobre ese punto comentó que de manera frecuente se considera a la auditoría como “una panacea que todo lo va a esclarecer, que puntualizará la desviación de recursos y que desembocará en medidas correctivas de efectos inmediatos y en la aplicación de sanciones”.
Enfatizó que, no obstante, se trata de un instrumento de efectos limitados, tanto por sus análisis selectivos como por la calidad de la documentación y el marco legal que condiciona y regula su ejercicio.
Recalcó que al cierre de la actual administración la Contraloría General del Distrito Federal ha vigilado el cumplimiento de los lineamientos para la rendición de cuentas y aseguró que tiene un estrecho vínculo con los órganos superiores de fiscalización y con la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal.
Al fijar su postura, el grupo del Partido Acción Nacional (PAN) en voz del diputado Fernando Rodríguez Doval recriminó a García Sáinz la falta de explicaciones por la ausencia de más de cinco mil millones de pesos en la modificación del presupuesto para la construcción de la Línea 12 del Metro.
Al respecto, indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “encontró múltiples inconsistencias en el costo y ejercicio de esa obra, además de que mencionaron otras irregularidades en licitaciones y compras realizadas por el gobierno del Distrito Federal”.
Axel Vázquez Burguette, de Nueva Alianza, reconoció la labor del órgano de fiscalización pues, dijo, contribuye a la obligación de contar con servidores públicos honrados e instituciones transparentes, así como a generar condiciones para que la población reciba mejor trato.
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