martes, 23 de noviembre de 2010

México, ante los retos de mantener sus bosques y frenar el calentamiento

CNNMéxico

CIUDAD DE MÉXICO — El 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en México son consecuencia del cambio de uso de suelo. La mayoría, por pérdida de terreno forestal y selvático, que se convierte en tierras para uso agropecuario, según la Comisión Nacional Forestal.

Las emisiones provenientes de la tala y la degradación de bosques suponen la tercera fuente de emisiones, detrás de lo que producen los transportes y la generación de energía eléctrica.

Si bien la tasa de deforestación en México pasó de 235,000 hectáreas anuales en el periodo de 2000 a 2005, a 155,000 hectáreas anuales en 2010, en la
Evaluación de Recursos Forestales de la FAO, publicada en marzo de este año, se informó de que México se encuentra entre los cinco países que registraron la mayor diminución en el área de bosques primarios en los últimos 20 años, junto con Brasil, Gabón, Papua Nueva Guinea e Indonesia.
México pierde cada año una superficie boscosa mayor que el territorio poblado de la Ciudad de México, sin considerar su área conurbada, que suma 147,900 hectáreas.


Intento de contención


Con el fin de frenar la deforestación y contribuir a la mitigación del cambio climático, el gobierno mexicano ha comenzado a aplicar los mecanismos contemplados en el Programa Colaborativo de Naciones Unidas sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en Países en Desarrollo (REDD), cuya implementación a nivel mundial será parte de las negociaciones de la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), que se celebrará a finales de este mes en Cancún.

A partir de noviembre del 2009, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) comenzó a poner en marcha cuatro programas piloto en zonas como la Península de Yucatán y la selva Lacandona en Chiapas, ambas al sur del país; en la zona costera de Jalisco al occidente; y en la cuenca de Cutzamala ubicada en la región centro.

El mecanismo REDD plantea como una de sus principales premisas el monitoreo de la deforestación, y contempla pagos a los países que puedan comprobar con cifras confiables que han logrado frenar la pérdida de terreno forestal.
En el marco de los cuatro programas piloto, el gobierno federal colabora con gobiernos estatales y municipales, dueños de las tierras y algunas organizaciones de la sociedad civil para comenzar a implementar instrumentos que permitan un monitoreo árbol por árbol de la situación de los bosques en el país.
Si bien la CONAFOR cuenta con un Inventario Nacional Forestal, con la participación de estados y municipios, se busca que se alcance un mayor nivel de detalle.


Los recursos para la implementación de la Estrategia Nacional REDD, provienen de fuentes internacionales, como la Agencia Francesa y la Agencia Española de Cooperación Internacional, de parte del presupuesto de la CONAFOR, la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, entre otros.
Aún cuando REDD no ha sido aprobado a nivel internacional, México tiene planeado ir extendiendo su aplicación a todo el territorio nacional y que todos los programas que estén relacionados con los bosques se rijan bajo los estándares que este programa plantea.

"Gran parte de la deforestación no está dentro del sector forestal. La mayor parte se produce por el cambio de uso de suelo para fines agrícolas y ganaderos. De aquí que la estrategia REDD debe verse como una estrategia integral entre los sectores agrícola, pecuario y forestal, que son los que mayor impacto tienen", detalló Torres Rojo.
Para finales del próximo año se espera una evaluación de los impactos forestales, económicos y sociales de los programas pilotos de REDD, a los que en 2011 se tiene planeado integrar a la cuenca de Pátzcuaro–Zirahuen, en el estado de Michoacán.


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