La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de uno de sus integrantes para que, en sus investigaciones sobre violación grave de garantías se señale a funcionarios “responsables”, por lo que seguirá usando el término de servidores públicos “involucrados”.
Por 7 votos contra 4, el tribunal desechó el considerando segundo del proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, en el que se proponía un cambio de paradigma en el ejercicio de la facultad de investigación, para convertirla en un instrumento más agresivo de censura por responsabilidades morales, éticas y políticas.
Zaldívar había aceptado inicialmente cancelar las alusiones a la moral o la política, para reemplazarlas por el término “responsabilidad constitucional”, pero a fin de cuentas retiró la propuesta de hacer cambios y sostuvo su proyecto tal cual.
La mayoría replicó que no se puede hablar de responsabilidades porque el artículo 97 de la Carta Magna no hace esta referencia.
La Corte requirió unas cinco horas de discusión para superar este tema preliminar, y ahora entrará a la discusión de los temas relacionados con el incendio de la Guardería ABC, comenzando por determinar si fue suficiente la investigación que realizó la comisión de dos magistrados de circuito.
“El hecho de que nos ahorremos el paso por norma expresa para establecer reproches de carácter moral es algo que yo no podría aceptar, y el hecho de establecer responsabilidades sin previo juicio, sin que se hayan seguido las formalidades del debido proceso, es algo que no puedo aceptar”, afirmó Salvador Aguirre en la mayoría.
“El peso de esta expresión (de responsabilidad) es enorme”, secundo Fernando Franco, mientras que Margarita Luna rechazó la afirmación de Zaldívar de que no asignar responsabilidades es tenerle miedo a las palabras.
“Cuando hablamos de responsabilidades, del carácter que sea, si es darnos una responsabilidad que no nos corresponde, no tanto por miedo a la palabra, simple y sencillamente porque el legislador no lo estableció”, dijo, luego de explicar que la Constitución tiene un capítulo específico de responsabilidades de los servidores públicos.
El Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia admitió que la propuesta de Zaldívar había cimbrado a la Corte hasta sus cimientos, pues la obligó a discutir de nueva cuenta un tema que ha sido objeto de múltiples debates en años recientes.
Ortiz Mayagoitia explicó que el Poder Judicial declara miles de veces al año, en los juicios de amparo, que alguna autoridad ha violado la Constitución, pero sin hacer un señalamiento público de incumplimiento, que sí se permite en las investigaciones del artículo 97.
Por 7 votos contra 4, el tribunal desechó el considerando segundo del proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar, en el que se proponía un cambio de paradigma en el ejercicio de la facultad de investigación, para convertirla en un instrumento más agresivo de censura por responsabilidades morales, éticas y políticas.
Zaldívar había aceptado inicialmente cancelar las alusiones a la moral o la política, para reemplazarlas por el término “responsabilidad constitucional”, pero a fin de cuentas retiró la propuesta de hacer cambios y sostuvo su proyecto tal cual.
La mayoría replicó que no se puede hablar de responsabilidades porque el artículo 97 de la Carta Magna no hace esta referencia.
La Corte requirió unas cinco horas de discusión para superar este tema preliminar, y ahora entrará a la discusión de los temas relacionados con el incendio de la Guardería ABC, comenzando por determinar si fue suficiente la investigación que realizó la comisión de dos magistrados de circuito.
“El hecho de que nos ahorremos el paso por norma expresa para establecer reproches de carácter moral es algo que yo no podría aceptar, y el hecho de establecer responsabilidades sin previo juicio, sin que se hayan seguido las formalidades del debido proceso, es algo que no puedo aceptar”, afirmó Salvador Aguirre en la mayoría.
“El peso de esta expresión (de responsabilidad) es enorme”, secundo Fernando Franco, mientras que Margarita Luna rechazó la afirmación de Zaldívar de que no asignar responsabilidades es tenerle miedo a las palabras.
“Cuando hablamos de responsabilidades, del carácter que sea, si es darnos una responsabilidad que no nos corresponde, no tanto por miedo a la palabra, simple y sencillamente porque el legislador no lo estableció”, dijo, luego de explicar que la Constitución tiene un capítulo específico de responsabilidades de los servidores públicos.
El Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia admitió que la propuesta de Zaldívar había cimbrado a la Corte hasta sus cimientos, pues la obligó a discutir de nueva cuenta un tema que ha sido objeto de múltiples debates en años recientes.
Ortiz Mayagoitia explicó que el Poder Judicial declara miles de veces al año, en los juicios de amparo, que alguna autoridad ha violado la Constitución, pero sin hacer un señalamiento público de incumplimiento, que sí se permite en las investigaciones del artículo 97.
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