CIUDAD DE MÉXICO, México, jun. 3, 2010.- Los dirigentes de México SOS y de Alto al Secuestro, Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace, respectivamente, urgieron al gobierno a poner en marcha acciones contra la inseguridad y dejar de crear comités y comisiones de diagnóstico para definir una política pública eficaz contra la inseguridad en el país.
Durante entrevistas que concedieron ambos al término de la 28 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Martí aseguró que "vivimos en el país del diagnóstico y de los comités, debemos pasar a ser el país de las acciones concretas y de las políticas públicas eficientes".
Aseguró que en esta ocasión "venimos muy entusiasmados, pensando que iba a haber anuncios de acciones, sin embargo, se repitieron las propuestas de crear las policías estatales, que ya han sido discutidas y lejos de anunciarse una determinación se creó una nueva comisión".
Ambos coincidieron al afirmar que desde hace casi dos años, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Legalidad, la Justicia y la Seguridad se definieron compromisos que hasta hoy no se han cumplido, en gran medida porque el Congreso de la Unión ha sido ineficiente.
La señora Miranda de Wallace sostuvo que desde el periodo ordinario de sesiones pasado, debía haberse aprobado la Ley Antisecuestros, así como la Ley de Seguridad Nacional, entre otras que han permanecido en la congeladora, porque los legisladores se mantienen atentos a los procesos electorales.
Alejandro Martí sostuvo que desde hace un año con ocho meses se debía haber aprobado la Ley Antisecuestros, "sin embargo los compromisos de aquel acuerdo no se han cumplido, a pesar de que había plazos claros y específicos para cada una de las acciones".
La presidenta de Alto al Secuestro dijo que el proceso de exámenes de control de confianza se han retrasado de manera irracional, pues "solamente se han aplicado los exámenes de control de confianza y de permanencia a 10 por ciento de los policías del Distrito Federal, y si seguimos en ese ritmo, habremos de concluir el proceso en 11 años más".
Por lo que hace a las policías estatales con mando único, Alejandro Martí señaló que es una propuesta aceptable, eficiente, que representa un cambio operativo sustancial, porque la organización vigente de las policías no tiene un nombre ni un rostro al frente de la corporación, y de la manera propuesta habrá un responsable de la actuación de las corporaciones.
Señaló que si bien es necesaria la acción gubernamental, es desesperante la forma en que se realizan las acciones de cambio, en donde se hacen diagnósticos, se hacen consultas y la población sigue padeciendo de la violencia y los delitos crecientes como el secuestro, la extorsión y el cobro de uso de suelo.
Anunció que en breve, antes de que se cumplan los dos años del Acuerdo Nacional para la Legalidad, la Justicia y la Seguridad, las organizaciones sociales deberán convocar a una reunión de trabajo en la que se haga una evaluación de las acciones y los compromisos cumplidos y comprometidos en aquel gran acuerdo firmado en Palacio Nacional en agosto de 2008.
Confió en que la Secretaría de Seguridad Pública federal habrá de asumir el compromiso de crear el nuevo pabellón para recluir a los secuestradores en condiciones de aislamiento total, como se anunció que deberá estar en funcionamiento en el mes de agosto próximo.
Al respecto, señaló que "queremos ver que se ponga en marcha, que los secuestradores estén en ese reclusorio, que sean trasladados de los penales en los que hoy se encuentran y que se les apliquen los tratamientos que corresponden para su readaptación social".
Concluyeron al señalar la necesidad de que las acciones en materia de seguridad pública sean más ágiles, se tomen acciones contundentes, pues de otra manera el pueblo mexicano permanecerá a expensas del crimen organizado en detrimento del ejercicio de sus derechos.
Durante entrevistas que concedieron ambos al término de la 28 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Martí aseguró que "vivimos en el país del diagnóstico y de los comités, debemos pasar a ser el país de las acciones concretas y de las políticas públicas eficientes".
Aseguró que en esta ocasión "venimos muy entusiasmados, pensando que iba a haber anuncios de acciones, sin embargo, se repitieron las propuestas de crear las policías estatales, que ya han sido discutidas y lejos de anunciarse una determinación se creó una nueva comisión".
Ambos coincidieron al afirmar que desde hace casi dos años, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Legalidad, la Justicia y la Seguridad se definieron compromisos que hasta hoy no se han cumplido, en gran medida porque el Congreso de la Unión ha sido ineficiente.
La señora Miranda de Wallace sostuvo que desde el periodo ordinario de sesiones pasado, debía haberse aprobado la Ley Antisecuestros, así como la Ley de Seguridad Nacional, entre otras que han permanecido en la congeladora, porque los legisladores se mantienen atentos a los procesos electorales.
Alejandro Martí sostuvo que desde hace un año con ocho meses se debía haber aprobado la Ley Antisecuestros, "sin embargo los compromisos de aquel acuerdo no se han cumplido, a pesar de que había plazos claros y específicos para cada una de las acciones".
La presidenta de Alto al Secuestro dijo que el proceso de exámenes de control de confianza se han retrasado de manera irracional, pues "solamente se han aplicado los exámenes de control de confianza y de permanencia a 10 por ciento de los policías del Distrito Federal, y si seguimos en ese ritmo, habremos de concluir el proceso en 11 años más".
Por lo que hace a las policías estatales con mando único, Alejandro Martí señaló que es una propuesta aceptable, eficiente, que representa un cambio operativo sustancial, porque la organización vigente de las policías no tiene un nombre ni un rostro al frente de la corporación, y de la manera propuesta habrá un responsable de la actuación de las corporaciones.
Señaló que si bien es necesaria la acción gubernamental, es desesperante la forma en que se realizan las acciones de cambio, en donde se hacen diagnósticos, se hacen consultas y la población sigue padeciendo de la violencia y los delitos crecientes como el secuestro, la extorsión y el cobro de uso de suelo.
Anunció que en breve, antes de que se cumplan los dos años del Acuerdo Nacional para la Legalidad, la Justicia y la Seguridad, las organizaciones sociales deberán convocar a una reunión de trabajo en la que se haga una evaluación de las acciones y los compromisos cumplidos y comprometidos en aquel gran acuerdo firmado en Palacio Nacional en agosto de 2008.
Confió en que la Secretaría de Seguridad Pública federal habrá de asumir el compromiso de crear el nuevo pabellón para recluir a los secuestradores en condiciones de aislamiento total, como se anunció que deberá estar en funcionamiento en el mes de agosto próximo.
Al respecto, señaló que "queremos ver que se ponga en marcha, que los secuestradores estén en ese reclusorio, que sean trasladados de los penales en los que hoy se encuentran y que se les apliquen los tratamientos que corresponden para su readaptación social".
Concluyeron al señalar la necesidad de que las acciones en materia de seguridad pública sean más ágiles, se tomen acciones contundentes, pues de otra manera el pueblo mexicano permanecerá a expensas del crimen organizado en detrimento del ejercicio de sus derechos.
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