DIARIO.COMWashington— Los efectos de la operación “Rápido y Furioso”, que permitió que los cárteles mexicanos del crimen organizado obtuvieran armas en Estados Unidos, se sentirán durante años ya que las “armas perdidas en esta operación continuarán apareciendo en la escena del crimen en ambos lados de la frontera”, declaró ayer el Fiscal General estadounidense, Eric Holder, quien sostuvo que no renunciara a su cargo.
“Probablemente habrá gente que sufrirá daños (por estas armas)… es una realidad desafortunada, continuaremos sintiendo los efectos de esta fallida operación durante años”, dijo Holder en una audiencia ante el comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes.
“Rápido y Furioso” fue un programa que permitía, bajo conocimiento de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su siglas en inglés), la compra de armas automáticas en Estados Unidos por parte de personas vinculadas a cárteles mexicanos de la droga, con el objetivo de conocer las rutas de ese tráfico.
Hasta un total de 2 mil armas semilargas, compradas durante meses por personas a sueldo de organizaciones criminales mexicanas, fueron introducidas en México bajo conocimiento de la ATF.
El objetivo era rastrear esos rifles, pero el escándalo estalló cuando un agente de la policía fronteriza estadounidense murió a balazos el año pasado y se descubrió que una de las armas halladas en la escena del crimen pasó ilegalmente a México bajo supervisión del programa.
Más de 64 mil armas de las 94 mil que decomisó México en los últimos cinco años, es decir, casi un 70 por ciento, provenían de Estados Unidos, declaró Holder.
“Durante este tiempo, el tráfico de armas de fuego a través de nuestra frontera sudoeste ha contribuido a más de 40 mil muertes”, sostuvo el procurador.
En el discurso inicial de la audiencia, Holder destacó que permitir las armas “caminar”, que los traficantes ingresaran ilegalmente el arsenal a México es inadmisible. “Ya sea en esta administración o en la previa es totalmente inaceptable. El uso de esta táctica equivocada es inexcusable. Y nunca debe volver a ocurrir”, dijo.
Aunque Holder reconoció que “Rápido y furioso” fue un “esfuerzo muy deficiente” para responder al reto de combatir el tráfico de armas, fustigó también a quienes han dado un sesgo político al caso, y en concreto aludió a la muerte del agente Brian Terry, asesinado con una de las armas “perdidas” en la operación: “Es lamentable que algunos han utilizado la retórica incendiaria e inapropiada sobre una tragedia”.
El director de la ATF fue removido de su cargo a causa del escándalo, que también provocó dimisiones de autoridades policiales en el estado de Arizona, fronterizo con México, y principal afectado por esta problemática.
La investigación continúa y Holder aseguró que “los responsables rendirán cuentas”, pero el Fiscal General tuvo que reconocer que, oficialmente, aún no sabe quién fue el “número uno” que dio las órdenes para que arrancara el programa.
“Usted es el responsable”, le espetó uno de los legisladores que lidera las investigaciones, el republicano, jefe del subcomité de Contraloría, Darrell Issa.
La audiencia tuvo momentos de tensión entre los republicanos que exigen la dimisión de Holder, y los demócratas, que defendieron al procurador y recordaron que programas para rastrear armas rumbo a México ya existían bajo la precedente presidencia de George W. Bush.
Issa exigió que Holder testificara bajo juramento, algo que fue descartado por el presidente del comité de Asuntos Judiciales, Lamar Smith.
Pero Issa amenazó a Holder con enviarle una citación para que vuelva a testificar en enero para que siga explicando, entre otros, por qué cerca de cinco mil correos electrónicos investigados por los legisladores no contienen ningún mensaje directamente de Holder acerca del escándalo.
“Después de todo este tiempo, aún no sabemos quién sabía qué, cuándo y quién tomó las decisiones”, se lamentó el también republicano Dan Lufgren.
A su vez, el representante Jim Sensenbrenner dijo que hay posibilidad de un juicio político si Holder no “aclara este lío” rápidamente. Sensenbrenner y otros republicanos responsabilizaron al secretario de Justicia de la operación.
Interrogado por el congresista republicano Michael Quigley, Holder dijo que no tenía la intención de renunciar o despedir a funcionarios “con base en la información que se tiene ahora”.
Los demócratas defendieron a Holder, recordando que en Estados Unidos aún es posible comprar armas en ferias ambulantes, y que no hay límites para la compra de armas de asalto como las que fueron rastreadas durante “Rápido y Furioso”.
Holder reiteró que se enteró del escándalo después de ser alertado por congresistas, en enero de este año.
El fiscal general, sin embargo, reconoció que nunca habló con el presidente Barack Obama del programa, a pesar de que el mandatario le ha declarado su apoyo explícito.
Obama ha dado su apoyo público a Holder en varias ocasiones y ha dicho que no sabía de la existencia del programa “Rápido y Furioso”, y que le constaba que su fiscal general tampoco estaba al corriente.
Al preguntársele si México conocía la existencia del programa, Holder respondió: “No en la forma en que fue llevado a cabo”.
Las autoridades mexicanas, que exigen responsabilidades y han pedido extradiciones de ciudadanos estadounidenses a causa de “Rápido y Furioso”, aseguran enfáticamente que no estaban, en absoluto, al corriente de la operación.
“Probablemente habrá gente que sufrirá daños (por estas armas)… es una realidad desafortunada, continuaremos sintiendo los efectos de esta fallida operación durante años”, dijo Holder en una audiencia ante el comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes.
“Rápido y Furioso” fue un programa que permitía, bajo conocimiento de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su siglas en inglés), la compra de armas automáticas en Estados Unidos por parte de personas vinculadas a cárteles mexicanos de la droga, con el objetivo de conocer las rutas de ese tráfico.
Hasta un total de 2 mil armas semilargas, compradas durante meses por personas a sueldo de organizaciones criminales mexicanas, fueron introducidas en México bajo conocimiento de la ATF.
El objetivo era rastrear esos rifles, pero el escándalo estalló cuando un agente de la policía fronteriza estadounidense murió a balazos el año pasado y se descubrió que una de las armas halladas en la escena del crimen pasó ilegalmente a México bajo supervisión del programa.
Más de 64 mil armas de las 94 mil que decomisó México en los últimos cinco años, es decir, casi un 70 por ciento, provenían de Estados Unidos, declaró Holder.
“Durante este tiempo, el tráfico de armas de fuego a través de nuestra frontera sudoeste ha contribuido a más de 40 mil muertes”, sostuvo el procurador.
En el discurso inicial de la audiencia, Holder destacó que permitir las armas “caminar”, que los traficantes ingresaran ilegalmente el arsenal a México es inadmisible. “Ya sea en esta administración o en la previa es totalmente inaceptable. El uso de esta táctica equivocada es inexcusable. Y nunca debe volver a ocurrir”, dijo.
Aunque Holder reconoció que “Rápido y furioso” fue un “esfuerzo muy deficiente” para responder al reto de combatir el tráfico de armas, fustigó también a quienes han dado un sesgo político al caso, y en concreto aludió a la muerte del agente Brian Terry, asesinado con una de las armas “perdidas” en la operación: “Es lamentable que algunos han utilizado la retórica incendiaria e inapropiada sobre una tragedia”.
El director de la ATF fue removido de su cargo a causa del escándalo, que también provocó dimisiones de autoridades policiales en el estado de Arizona, fronterizo con México, y principal afectado por esta problemática.
La investigación continúa y Holder aseguró que “los responsables rendirán cuentas”, pero el Fiscal General tuvo que reconocer que, oficialmente, aún no sabe quién fue el “número uno” que dio las órdenes para que arrancara el programa.
“Usted es el responsable”, le espetó uno de los legisladores que lidera las investigaciones, el republicano, jefe del subcomité de Contraloría, Darrell Issa.
La audiencia tuvo momentos de tensión entre los republicanos que exigen la dimisión de Holder, y los demócratas, que defendieron al procurador y recordaron que programas para rastrear armas rumbo a México ya existían bajo la precedente presidencia de George W. Bush.
Issa exigió que Holder testificara bajo juramento, algo que fue descartado por el presidente del comité de Asuntos Judiciales, Lamar Smith.
Pero Issa amenazó a Holder con enviarle una citación para que vuelva a testificar en enero para que siga explicando, entre otros, por qué cerca de cinco mil correos electrónicos investigados por los legisladores no contienen ningún mensaje directamente de Holder acerca del escándalo.
“Después de todo este tiempo, aún no sabemos quién sabía qué, cuándo y quién tomó las decisiones”, se lamentó el también republicano Dan Lufgren.
A su vez, el representante Jim Sensenbrenner dijo que hay posibilidad de un juicio político si Holder no “aclara este lío” rápidamente. Sensenbrenner y otros republicanos responsabilizaron al secretario de Justicia de la operación.
Interrogado por el congresista republicano Michael Quigley, Holder dijo que no tenía la intención de renunciar o despedir a funcionarios “con base en la información que se tiene ahora”.
Los demócratas defendieron a Holder, recordando que en Estados Unidos aún es posible comprar armas en ferias ambulantes, y que no hay límites para la compra de armas de asalto como las que fueron rastreadas durante “Rápido y Furioso”.
Holder reiteró que se enteró del escándalo después de ser alertado por congresistas, en enero de este año.
El fiscal general, sin embargo, reconoció que nunca habló con el presidente Barack Obama del programa, a pesar de que el mandatario le ha declarado su apoyo explícito.
Obama ha dado su apoyo público a Holder en varias ocasiones y ha dicho que no sabía de la existencia del programa “Rápido y Furioso”, y que le constaba que su fiscal general tampoco estaba al corriente.
Al preguntársele si México conocía la existencia del programa, Holder respondió: “No en la forma en que fue llevado a cabo”.
Las autoridades mexicanas, que exigen responsabilidades y han pedido extradiciones de ciudadanos estadounidenses a causa de “Rápido y Furioso”, aseguran enfáticamente que no estaban, en absoluto, al corriente de la operación.
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