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Distrito Federal— El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de Hacienda hacer públicos los ocho expedientes de la deuda pública contratada en Coahuila durante la administración del priísta Humberto Moreira y que la dependencia había reservado por 12 años.
Al hacer la reserva, Hacienda argumentó que la difusión de esa información podría causar un daño a la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, además de contener datos de carácter personal.
No obstante, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar desestimó en su ponencia la postura de la SHCP, por lo que ésta deberá entregar a un particular toda la versión pública de los expedientes abiertos con motivo de las solicitudes y autorizaciones de certificación que el estado de Coahuila hizo para la contratación de créditos del 2007 a la fecha, deuda actual que rondaría los 4 mil 258 millones de pesos.
En la información que se proporcione al particular, advirtió el IFAI en un comunicado, “no se podrán omitir ninguno de los documentos que acrediten el estricto cumplimiento a la norma que debió verificar la Secretaría de Hacienda, protegiendo solamente los datos personales”. En la solicitud, el particular requirió todo documento o expediente relacionados con la deuda pública de dicha entidad federativa en el periodo del ex gobernador Humberto Moreira. La dependencia federal respondió con el anuncio de la reserva.
En el análisis efectuado se señaló que el IFAI establece que los únicos que pueden argumentar protección son los facultados para realizar operaciones bancarias.
Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el IFAI.
Es por ello que el comisionado Ángel Trinidad pidió a la dependencia que precisara el total de los expedientes en los que constan las solicitudes de certificación para la contratación de créditos de Coahuila, así como la manera en que éstos se integran.
En alegatos, Hacienda reiteró su respuesta y respondió que, como autoridad reguladora y supervisora de las entidades financieras, no puede realizar actos que pongan en riesgo la confianza de los ahorradores y de los usuarios de los servicios financieros del país y, en consecuencia, dañar la estabilidad financiera nacional.
Sobre el argumento de afectar la estabilidad financiera, en el estudio efectuado se concluyó que la situación de los datos que se solicitan no puede ser equiparada a las operaciones financieras que llevan a cabo particulares, y la misma Secretaría de Hacienda está obligada a entregar información de forma precisa a fin de evitar confusión por parte del receptor de la misma.
Y respecto del secreto bancario invocado por la dependencia, en el análisis efectuado se señaló que existen lineamientos que emitió el IFAI en los que se establece que los únicos que pueden alegar la protección de información bajo la figura del secreto bancario son aquellos facultados para realizar precisamente operaciones bancarias, como lo sería la banca de desarrollo.
Sin embargo, toda vez que la Secretaría de Hacienda no tiene esas atribuciones, se encuentra impedida para alegar este supuesto de reserva.
Adicionalmente, la Hacienda aportó otros elementos para sustentar la reserva de información, tales como que la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto diversas indagatorias por la probable comisión de delitos de falsificación de documentos, así como algunas otras investigaciones internas que está llevando a cabo la propia SHCP; sin embargo, en el proyecto se consideró que los elementos referidos resultaron insuficientes para acreditar un posible daño por hacer pública la información.
Incluso, el propio comisionado ponente tuvo a la vista la documentación clasificada por la Secretaría de Hacienda, esto es, los ocho expedientes que documentan el registro de la deuda pública de Coahuila durante el periodo solicitado por el particular.
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