Ciudad de México.- El diputado Canek Vázquez Góngora (PRI) propondrá que la Secretaría de Gobernación (Segob) detenga la implementación del proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana, en tanto el Congreso de la Unión no defina las medidas legislativas pertinentes en torno al tema.
En un Punto de Acuerdo que presentará este martes, la legisladora priísta refiere que si bien la Comisión Permanente solicitó a la Segob abstenerse de implantar cualquier medida tendiente a la puesta en marcha del proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana y acordó la comparecencia del titular de la Segob, Francisco Blake Mora, el funcionario decidió "de manera unilateral cancelar la reunión argumentando compromisos adquiridos con anterioridad".
Las dudas que la Segob no resuelve siguen presentes, la activación del registro de menores de 18 años puede implicar una medida encubierta para crear la infraestructura necesaria para su registro, no sólo durante la minoría de edad, precisa.
La Segob, añade, insiste en una inexplicable e innecesaria duplicidad de esfuerzos y recursos al omitir deliberadamente la experiencia y efectividad del Instituto Federal Electoral, que ha permitido a la sociedad mexicana contar con el documento que no sólo garantiza la certeza de la participación ciudadana en los comicios sino que, en razón de su seguridad, es el principal documento de identificación.
Vázquez Góngora destaca que la Segob no precisa cómo se garantizará "el blindaje" de los datos a efecto de evitar su filtración. "No hay elementos de confianza que hagan pensar que la información de este nuevo registro no acabe, igual que otras bases de datos gubernamentales, en manos del mercado negro, vulnerando garantías individuales de los mexicanos, exponiendo sus datos a diferentes expresiones de delincuencia."
Es necesario, subraya, cuestionar cómo decidió el Gobierno federal registrar las 10 huellas digitales y el iris de los ojos, pues la información personal que se busca recabar está fuera de proporción con los fines planteados, ya que no se busca generar un documento de identificación personal y éste parece más bien un instrumento de control ciudadano.
Puntualiza que la Segob anunció que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será de 300 millones de pesos.
De ahí que este tema debe pasar por la Cámara de Diputados, para una revisión integral, profunda, razonada y responsable deliberación, centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución que hace la Constitución Política de ellas.
Se deberá precisar la certeza jurídica, garantizar el respeto del derecho a la protección de datos personales, a su acceso, rectificación y cancelación, así como al derecho de manifestar la oposición respectiva y, de la misma forma, se reconozcan las condiciones políticas enmarcadas en la realidad y desarrollo democráticos en el país.
"Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación, sin embargo, es necesario no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y arrastren a una implantación irresponsable y arbitraria de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano", finalizó.
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