CNN MEXICOCIUDAD DE MÉXICO — Funcionarios municipales, estatales y federales han participado en el secuestro y abuso de migrantes, afirmó este martes el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plasencia Villanueva, quién dio a conocer este martes el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México 2010.
El estudio documentó 214 casos de secuestro masivo de migrantes de abril a septiembre del 2010, con un total de 11,333 víctimas, una cifra que podría resultar superior, pues la naturaleza del delito y la situación de vulnerabilidad de la población migrante impiden conocer la totalidad de los casos de secuestro, señaló Plasencia.
La cifra de secuestros de migrantes en México sigue siendo "una cifra negra".
"La CNDH ha encontrado medidas aisladas que, consecuentemente, tienen un alcance limitado y no producen el suficiente impacto para combatir las causas estructurales de este delito" dijo Plascencia.
El informe llegó a estas cifras con base en 178 testimonios recabados, de los cuales el 86% son declaraciones ofrecidas por migrantes que fueron víctimas directas del ilícito y un 14% es de narraciones de testigos presenciales.
La CNDH precisó que la situación de vulnerabilidad de los migrantes no presenta una disminución y los grupos que cometen violaciones en su perjuicio se han especializado y diversificado sus estrategias.
Los datos recabados se hicieron con base en 538 visitas a casas o albergyues para migrantes, visitas a estaciones migratorias y 214 visitas a lugares donde hay una alta concentración de migrantes, donde se atendieron a un total de 68,095 personas.
La CNDH siempre tomó en cuenta el número más bajo del cálculo de los migrantes que fueron víctimas de secuestro, dado que su estimación puede variar por encontrarse en estado de privación de la libertad. Si el migrante señaló haber observado entre 40 y 60 víctimas secuestradas, se tomó en cuenta la primera, por lo que puede implicar que la dimensión del fenómeno sea de mayor magnitud.
El ombudsman nacional anunció que abrirán una oficina de la CNDH en el muncipio de Ixtepec, Oaxaca, antes de que concluya el mes de marzo, debido a la necesidad de atención a los migrantes. En esa zona está instalado el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador y director de una casa de apoyo a migrantes en Ixtepec, que también asistió a la presentación.
"Tratándose de la defensa de los derechos humanos, primero soy salvadoreño y luego mexicano, porque no voy a ser cómplice", dijo Solalinde. "El día que me maten, me van a matar, pero el costo político va a ser muy alto. No tengo miedo". El sacerdote recordó que interpone denuncias desde hace cinco años.
Solalinde sugirió que la CNDH emita una recomendación para que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue los giros desde Estados Unidos a través de Western Union y que se trata de pagos de rescate por secuestro y no de envío de remesas.
En agosto del 2010, 72 migrantes centro y sudamericanos fueron privados de su libertad en el estado norteño de Tamaulipas, y asesinados por presuntos miembros del grupo criminal conocido como Los Zetas.
En diciembre de ese año, la cancillería de El Salvador denunció el secuestro de 50 inmigrantes en Oaxaca. Después transcendió la desaparición de otros nueve a manos de un grupo armado.
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