Ciudad de México.- En 2010, la sociedad mexicana experimentó momentos difíciles derivados de la violencia del crimen organizado así como de los enfrentamientos entre autoridades encargadas de la seguridad pública y la delincuencia.
El resultado fue un incremento considerable de muertes violentas, entre éstas de personas ajenas a la comisión de delito u operativos, cuyos familiares en la mayoría de los casos aguardan se haga justicia. "No existe justificación alguna para que so pretexto de garantizar una efectiva seguridad pública, se violen los derechos humanos", afirmó ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
Durante la presentación del Informe de Actividades 2010 de la CNDH, en la residencia oficial de Los Pinos, afirmó además que las estrategias en materia de seguridad requieren de una constante evaluación, que tenga como aspecto fundamental el desempeño de las instituciones encargadas con plena observancia de los derechos humanos.
Al hacer un recuento de las principales acciones que se realizaron en el curso del año pasado, primer año de su gestión, el doctor Plascencia Villanueva, hizo público que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 86 recomendaciones dirigidas a 115 autoridades.
La encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional con 22; el ISSSTE y la Secretaría de Seguridad Pública con 8 cada una; el Congreso del Estado de Oaxaca, con 7; la Secretaría de Marina, con 6; el Congreso del Estado de Guerrero, con 5 y el gobernador de Oaxaca con 3 así como a Petróleos Mexicanos.
También se entregaron recomendaciones a los gobernadores de Chihuahua y San Luis Potosí y a los alcaldes de Acatlán, Puebla; Metlatonoc y Chilpancingo, en Guerrero; Guadalajara; San Juan Yatzona y Santa María Yalina, en Oaxaca y Agua Dulce en Veracruz.
Reconoció el "ombudsman" que si bien inicialmente la Secretaría de Marina rechazó tres recomendaciones, con posterioridad aceptó su contenido, lo cual facilita que las víctimas accedan a la justicia.
Ante el presidente Felipe Calderón, dijo que los principales hechos violatorios que dieron lugar a las 86 recomendaciones fueron trato cruel, inhumano o degradante; prestar indebidamente el servicio público; detención arbitraria y tortura.
Refirió que durante 2010 la CNDH recibió 16 mil 066 quejas, de las cuales, 6 mil 916 se calificaron como presuntas violaciones a los derechos humanos. Para su atención se solicitaron 63 medidas cautelares, 9 a favor de periodistas y reporteros de diversos medios de comunicación a fin de garantizar su seguridad e integridad física.
Denunció además la deplorable situación en la que se encuentran la mayoría de los internos en los 431 centros que integran el Sistema Penitenciario Nacional.
Destacó que en el último año se advirtió un aumento en el número de agravios por presuntas violaciones al derecho a la protección de la salud, hasta llegar a ocupar el segundo lugar en cuanto al número de quejas recibidas por la CNDH, que emitió 12 recomendaciones a diversas autoridades públicas del sector salud.
En el caso de los migrantes, dijo que a lo largo de 21010 se registraron diversos casos de violaciones a sus derechos humanos en territorio nacional, incluyendo homicidios y secuestros masivos en Tamaulipas y Oaxaca.
De la trata de personas, dijo que es una agresión directa a la dignidad y a la libertad del ser humano y se convirtió en una práctica delictiva global que no respeta fronteras, ni edades y se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
Afirmó que a pesar de que en 2007 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en la actualidad la cifra de consignados por este delito es mínima. Sólo 9 entidades promulgaron una ley especial en la materia: el Distrito Federal, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo.
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