Toma de nota ata de manos a sindicatos

EL HERALDO

Ciudad de México.- La llamada "toma de nota" --que otorga legalidad a las directivas de organizaciones sindicales-- se ha convertido en un mecanismo de control del Gobierno, como factor de estabilidad laboral en el país y a la que tienen que someterse los dirigentes en busca de su sobrevivencia y, en muchos casos, de su interminable gestión sindical. Tanto líderes sindicales como litigantes en materia laboral señalan que el trámite de este requisito legal que lleva a cabo la Dirección de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, se ha convertido en un círculo vicioso y en ocasiones hasta "perverso", en el que la burocracia y tramitología son utilizados como pretexto para frenar la entrega del registro.

Sin embargo, aseguran que mientras varias agrupaciones gremiales tienen que sortear algunos obstáculos, otras más, como las del movimiento obrero organizado aglutinadas en el Congreso del Trabajo, reciben trato privilegiado y casi de facto obtienen la notificación respectiva. Incluso, algunos líderes -quienes pidieron no mencionar su nombre- aludieron a que también prevalece la corrupción en la entrega de la toma de nota, sobre todo cuando está en disputa un contrato colectivo de trabajo y por el que las exigencias oscilan entre un millón y tres millones de pesos, dependiendo del número de trabajadores y del sector del que se trate.

Durante el gobierno del PAN se tienen dos casos emblemáticos en los que la STPS ha negado reconocimiento a las dirigencias sindicales: a Napoleón Gómez Urrutia, al frente del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos de la República Mexicana, y a Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El primero de ellos lleva casi cuatro años sin ser reconocido con el argumento de que no cumple con los estatutos, a pesar de que la asamblea del gremio lo ha ratificado en varias ocasiones, mientras que el segundo apenas la recibió en días pasados tras un año seis meses.

Datos de la STPS refieren que se tienen registrados 2 mil 492 sindicatos, pero de acuerdo al abogado y exjuez en materia laboral, José de León, un buen número no están actualizados en su documentación, con tomas de nota falsas y líderes que cobran cuotas a pesar de no contar con el reconocimiento legal.

Destaca que, sin duda, la autoridad laboral es estricta y enérgica con algunos gremios que no coinciden con la política del Gobierno en turno, o con los intereses de grupos empresariales, tal es el caso de Gómez Urrutia, mientras que otros dirigentes del llamado sindicalismo oficial, como el petrolero Carlos Romero Deschamps, y el ferrocarrilero, Víctor Flores, entre otros, gozan de ciertos privilegios.

Para Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios, y del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría Fiscal y Administrativa, David Leyva, y del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría Agraria, Juan Carlos Casas, existen vicios en el procedimiento y en ocasiones burocratismo, sobre todo porque se trata de una decisión de los trabajadores. Refieren que la Secretaría del Trabajo carece de facultades para intrometerse en la vida sindical y violar la autonomía sindical, toda vez que es competencia de los trabajadores elegir a sus representantes y sólo se le tiene que notificar a la Dirección de Registro de Asociaciones la decisión de la asamblea.

Sin embargo, Bahena Lome indica que a pesar de que se da cumplimiento a lo que marcan los estatutos, la autoridad rebasa sus facultades al negar la toma de nota y, ejemplo, de ello es el caso de los mineros y de los electricistas, aunque este último ya solucionado, y en cambio otorga con gran facilidad otros reconocimientos legales.